L. D. / Agencias. Los abogados defensores de los ex cargos del Ministerio del Interior acusados de repartir sobresueldos con cargo a los fondos reservados de ese departamento, durante el Gobierno socialista, pidieron al tribunal que juzga este caso que anule las investigaciones iniciales sobre este asunto, porque la juez que las practicó cometió innumerables irregularidades procesales.
Jiménez de Parga ha asegurado que se vulneró el derecho al juez ordinario de Barrionuevo predeterminado por la Ley porque, siendo éste diputado, el órgano competente para investigarle era el Tribunal Supremo y no un Juzgado de Instrucción de Madrid. Además, el letrado ha afirmado que también se vulneró el derecho a la defensa de Barrionuevo porque, habiéndose admitido una querella contra él en abril de 1995, no fue imputado en la causa hasta octubre de 1998, justo un mes después de perder su condición de aforado.
Durante la primera jornada del juicio, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, redujo sustancialmente su petición de pena de prisión para el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López, y el ex director del gabinete de Información de Interior Francisco Alvarez, mientras que ha mantenido las solicitadas para el ex ministro, José Barrionuevo, el ex secretario de Estado Rafael Vera y el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado.
El fiscal rebajó de diez años y ocho meses a seis años y un mes la petición de pena de cárcel para José Luis Corcuera, aunque le sigue considerando responsable de delitos de malversación de caudales públicos tanto en su vertiente de consentimiento de las sustracciones como en la de autor de alguna de ellas.
En cuanto a Sancristóbal, López y Alvarez, el fiscal les aplica la atenuante muy cualificada prevista en el artículo 21.5 del Código Penal debido a que han devuelto parte o la totalidad de los millones de pesetas de fondos reservados que obtuvieron del Ministerio del Interior.
La petición de pena Sancristóbal pasa de diez años y ocho meses a tres años de prisión; la de López, de cuatro años de cárcel a diez meses de prisión; y la de Alvarez, de cuatro años de cárcel a once meses de prisión. Para Barrionuevo, el fiscal mantiene la solicitud de pena de siete años de cárcel y para Rodríguez Colorado y Vera, de ocho años de cárcel.
Se declaran inocentes. Los hechos son "falsos"
Barrionuevo aseguró que “los hechos no reflejan la realidad”, Corcuera manifestó que “en absoluto estoy de acuerdo con esa lectura a la que se ha procedido hoy de claramente hechos falsos” y Vera indicó que “son hechos rotundamente falsos y reitero mi inocencia”.
Por su parte, Sancristóbal confió en que su declaración pueda “aclarar aquellos aspectos en los que estoy de acuerdo y con los que no estoy de acuerdo”, Rodríguez Colorado consideró “absolutamente falsas las acusaciones”, mientras que Alvarez y López se limitaron a decir que se consideran inocentes.
El juicio de fondos reservados durará al menos seis meses y será retransmitido por televisión. El ex presidente del Gobierno Felipe González será uno de los testigos en la vista oral, junto al ministro de Defensa, Federico Trillo; el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga; el ex director general de la Guardia Civil José Antonio Saenz de Santamaría y el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Martínez García.
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Jiménez de Parga ha asegurado que se vulneró el derecho al juez ordinario de Barrionuevo predeterminado por la Ley porque, siendo éste diputado, el órgano competente para investigarle era el Tribunal Supremo y no un Juzgado de Instrucción de Madrid. Además, el letrado ha afirmado que también se vulneró el derecho a la defensa de Barrionuevo porque, habiéndose admitido una querella contra él en abril de 1995, no fue imputado en la causa hasta octubre de 1998, justo un mes después de perder su condición de aforado.
Durante la primera jornada del juicio, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, redujo sustancialmente su petición de pena de prisión para el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López, y el ex director del gabinete de Información de Interior Francisco Alvarez, mientras que ha mantenido las solicitadas para el ex ministro, José Barrionuevo, el ex secretario de Estado Rafael Vera y el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado.
El fiscal rebajó de diez años y ocho meses a seis años y un mes la petición de pena de cárcel para José Luis Corcuera, aunque le sigue considerando responsable de delitos de malversación de caudales públicos tanto en su vertiente de consentimiento de las sustracciones como en la de autor de alguna de ellas.
En cuanto a Sancristóbal, López y Alvarez, el fiscal les aplica la atenuante muy cualificada prevista en el artículo 21.5 del Código Penal debido a que han devuelto parte o la totalidad de los millones de pesetas de fondos reservados que obtuvieron del Ministerio del Interior.
La petición de pena Sancristóbal pasa de diez años y ocho meses a tres años de prisión; la de López, de cuatro años de cárcel a diez meses de prisión; y la de Alvarez, de cuatro años de cárcel a once meses de prisión. Para Barrionuevo, el fiscal mantiene la solicitud de pena de siete años de cárcel y para Rodríguez Colorado y Vera, de ocho años de cárcel.
Se declaran inocentes. Los hechos son "falsos"
Barrionuevo aseguró que “los hechos no reflejan la realidad”, Corcuera manifestó que “en absoluto estoy de acuerdo con esa lectura a la que se ha procedido hoy de claramente hechos falsos” y Vera indicó que “son hechos rotundamente falsos y reitero mi inocencia”.
Por su parte, Sancristóbal confió en que su declaración pueda “aclarar aquellos aspectos en los que estoy de acuerdo y con los que no estoy de acuerdo”, Rodríguez Colorado consideró “absolutamente falsas las acusaciones”, mientras que Alvarez y López se limitaron a decir que se consideran inocentes.
El juicio de fondos reservados durará al menos seis meses y será retransmitido por televisión. El ex presidente del Gobierno Felipe González será uno de los testigos en la vista oral, junto al ministro de Defensa, Federico Trillo; el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga; el ex director general de la Guardia Civil José Antonio Saenz de Santamaría y el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Martínez García.
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