El sistema judicial español es mejorable; otros, seguramente más realistas que este cronista, dirían que es un desastre, o peor, toda la institución judicial depende del Ejecutivo o de los cambalaches entre las elites de los partidos políticos. De acuerdo, puede que el realismo tenga razón a la hora de desenmascarar las dependencias de la justicia de los políticos. Pero nadie me negará que, a veces, gracias a la investigación llevada a cabo por un juez de instrucción podemos albergar alguna esperanza en las "razones de la justicia" española.
"Esperanza", un cierto optimismo, es lo que observamos en las conductas de quienes están analizando la investigación del juez encargado de instruir el caso Faisán. La justicia en España, pues, es un desastre, pero aún sobrevive una cierta idea de justicia, seguramente, porque algunos jueces se toman en serio su profesión. Pasa algo parecido con el funcionamiento de la educación gracias a la vocación de enseñar de los maestros, algo similar podría decirse del sistema sanitario público español: sobrevive por los buenos médicos y personal sanitarios dispuestos a salvar vidas; naturalmente, ese argumento puede extenderse a otros sectores de la vida española, por ejemplo, nadie pondrían en duda al periodismo español, si se toma como metro de medir el trabajo serio y riguroso de algunos periodistas con una probada deontología profesional.
El caso Faisán es de libro para saber cómo la sociedad, o mejor, los profesionales de un sistema social y político van por un lado y el Gobierno por otro contrario. Que un juez, en efecto, haga su trabajo con decencia ha desencadenado informes serios y rigurosos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que quizá no sólo comprometa la credibilidad de la cúpula policial del Ministerio del Interior, sino a la casta "política" que lo dirige. La investigación del juez sobre el caso Faisán –el chivatazo de unos policías a los etarras de que huyan para no ser detenidos– es una de las pocas pruebas que hay en España para decir que vivimos en un Estado de Derecho, es decir, la institución de la justicia funciona con autonomía merced al trabajo de unos funcionarios públicos al servicio del buen funcionamiento del Estado.
En fin, por suerte, un profesional riguroso de la justicia o un funcionario responsable de la policía pueden hacer más por el Estado de Derecho que toda la casta política junta. He ahí la única "razón" para decir que vivimos en un Estado de Derecho. Algo es algo.