Quizá tengan razón quienes mantienen que debieran desaparecer las televisiones del Estado porque han degenerado en órganos de propaganda de los Gobiernos de turno, o sea, están lejos de ser un servicio público. Sin embargo, mientras aún me diga algo, aunque sea poco, la idea de que a través de un medio de comunicación se puede prestar un servicio público a la ciudadanía con independencia tanto del poder como de la lucha por conquistar audiencias, seguiré defendiendo la viabilidad de la televisión pública para formar una opinión publica política seria y madura. Acaso por eso, y no por la calidad y origen de sus miembros, presto atención a lo que dice la famosa Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno de la Nación. El presidente de esta Comisión, por ejemplo, ha sugerido financiar la televisión pública con el pago de un impuesto y las reacciones en su contra no se han hecho esperar.
En efecto, ese modelo de supervivencia de la televisión pública, que no es ninguna novedad para países como Francia, Alemania y Reino Unido, es de difícil implantación en España, que desde sus inicios se ha financiado a través de la publicidad y las subvenciones del Estado. La encuesta de El Mundo de ayer ha puesto en evidencia las dificultades de esa propuesta: más del 88 por ciento de los ciudadanos consultados por este periódico están en contra de pagar un canon para financiar la televisión pública. Muchas son, por supuesto, las razones para oponerse a este impuesto, pero me malicio que tal y como van las cosas en el Ente RTVE, o sea de mal en peor, al final acabaremos pagando todos los españoles no la existencia de una televisión pública, sino la privatización de la misma o, lo que es lo mismo, su donación al grupo que ya tiene tres cadenas.
Por si quedara alguna duda, el editorial de El País del domingo dejó claro las dos condiciones para hacerse cargo total o parcialmente del grupo público: el Estado debe asumir previamente la deuda del grupo y tiene que reducir notablemente los costes laborales. Sin deudas y conflictos laborales, que pagaremos todos los españoles, el PSOE entregará al grupo de Polanco otra televisión más, que deberá sumar a Canal +, Localia y Plataforma Digital. Quizá entonces, cuando Polanco tenga cuatro televisiones, el PSOE y su Comité de Sabios podría proponer una nueva televisión pública con financiación de las televisiones privadas, o sea, como dijo el veleta Sartori, la televisión pública renunciaría a la publicidad a cambio de financiarse con el 50% de los beneficios netos de las privadas...
Y me pregunto yo: ¿por qué no recurrir ya a esa solución sin necesidad de regalarle a Polanco un canal?