Zapatero quiere que las rentas altas hagan un mayor esfuerzo fiscal en tiempos de crisis. Esto lo arreglamos entre todos, incluyendo los ricos. Así, el Consejo de Ministros ha aprobadopara 2011 una subida del IRPF: los ingresos superiores a 120.000 euros tributarán a un tipo del 44% (antes 43%) y los superiores a 175.000 euros a un tipo del 45% (antes 43%). Pan y circo para complacer a las bases socialistas.
Los que confunden la envidia con el afán de justicia repiten la consigna de que quien gana más debe pagar más. La factura del Estado discrimina según la renta, una práctica virtualmente inexistente en el mercado, donde empresas e instituciones privadas cobran el mismo precio por sus servicios con independencia de raza, religión, orientación sexual y poder adquisitivo. En el caso de los servicios públicos, en cambio, se acepta el principio discriminatorio de que los que obtienen más ingresos deben pagar un precio distinto.
Sin embargo, ni siquiera la discriminación se hace respetando un mínimo de proporcionalidad. Conforme uno obtiene más ingresos no paga una parte alícuota mayor (por los mismos servicios que antes, no lo olvidemos), sino que la excede. Si un individuo incrementa su renta de 20.000 euros al año a 40.000 euros al año, un aumento del 100%, no paga un 100% más de impuestos sino un 230% más. De 2.746 euros anuales pasa a pagar a Hacienda 9.033 euros.
Nuestro sistema fiscal no es proporcional sino "progresivo", eufemismo de "desproporcional". Los que reclaman que los ricos contribuyan "acorde con sus mayores ingresos" o "asuman el coste de la crisis como el resto" parecen no haberse enterado de que ya se les confisca una proporción mucho mayorde sus ingresos que a los demás.
¿Qué han hecho las rentas altas para merecer esta confiscación? ¿Cuál es su fundamento ético? Puesto que el fin no justifica los medios, pasemos por alto la presunta finalidad de la redistribución ("ayudar a los menos favorecidos", "garantizar oportunidades básicas a todos") y centrémonos en los medios: quitar a alguien parte de sus ingresos bajo coacción.
Ricos los hay y los habrá bajo cualquier sistema político, porque los individuos tienen distintas capacidades, ambición y escrúpulos. La diferencia entre un sistema de mercado puro y un sistema socialista puro es que en el primero los ricos son los más productivos, los que obtienen mayores ganancias del hecho de ofrecer servicios que los consumidores valoran, y en el segundo los ricos son los que ostentan el poder, los que detentan el privilegio de dictar a los demás lo que deben hacer.
En un sistema mixto como el que vivimos encontramos, lógicamente, ejemplos de ambos: gente que se ha enriquecido produciendo bienes y servicios útiles para los demás, y gente que se ha enriquecido gracias a las prebendas estatales (subvenciones, restricciones a la competencia, contratos públicos, rescates y socialización de pérdidas, corruptelas varias). También los hay que se han enriquecido de las dos maneras. Reduzcamos el presupuesto y las prerrogativas del Estado a su mínima expresión y las élites y grupos de interés no tendrán de quien conseguir privilegios.
En la medida en que las rentas altas obtienen ingresos de mercado, sin que medie la intervención del Estado, los impuestos desproporcionales penalizan el ingenio y la productividad. Castigan la acción de servir a la sociedad de la forma más eficiente posible, pues solo así es posible generar más beneficios e ingresos en el mercado. ¿No tendría más sentido, aunque fuera igualmente injusto, castigar con un impuesto la vagancia y la baja productividad? ¿Por qué no se penaliza con trabajos comunitarios a parados que rechazan empleos?
El prejuicio contra los ricos es una lacra social en una economía de mercado. Solo está justificado en países íntegramente socialistas.