El largo proceso iniciado en Roma hace varios años para poner en marcha el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha entrado en una nueva etapa que concluirá en el mejor de los casos a finales del año próximo. Será a partir de entonces cuando podrá proclamarse que el Tribunal en cuestión será operativo y podrá actuar. Otra cosa muy distinta es que actúe. Hay dudas más que fundadas de que el TPI sea nuevo instrumento internacional tan costoso como inútil.
Conviene, pues, no hacerse demasiadas ilusiones sobre la viabilidad del TPI porque, en las actuales circunstancias, con las clamorosas ausencias registradas entre los países firmantes del acuerdo (nada menos que Estados Unidos, Rusia, China, India, Turquía e Israel) y las limitaciones con las que parte el propio organismo las posibilidades de que este instrumento internacional basado en bellos principios e intereses menos bellos, tendrá actividad muy limitada y actuará, como siempre, en aquellos países débiles o incapaces de imponer sus puntos de vista en el tablero internacional.
Para nada sirve que casi 80 Estados hayan ratificado el protocolo del Estatuto de Roma si finalmente, en su mayoría, se valdrán de artificios y añagazas para evitar que sus ciudadanos puedan ser juzgados por crímenes de guerra o contra la humanidad. Finalmente serán los países vencidos —Serbia es un ejemplo— o dominados los que bajarán la cerviz y aceptarán la jurisdicción del TPI. Las grandes potencias o los países que sistemáticamente hacen mangas y capirotes con esa Justicia Universal que ahora se intenta implantar, se saldrán de rositas y seguirán haciendo lo que se les antoje dentro o fuera de su territorio.
Sé muy bien que decir estas cosas en plena euforia justiciera parece políticamente inconveniente en una comunidad internacional basada en el fingimiento y la hipocresía, pero sobre éste, como sobre la mayoría de los asuntos que logran un consenso automático, no se ha ejercido eso tan escaso y tan necesario como es la crítica o la autocrítica. Quien se atreva a decir que el TPI está condenado a convertirse en un instrumento inservible, discriminitorio e injusto por sus propias características fundacionales, está condenado al Averno por los bien pensantes que suelen ser también los más peligrosos y numerosos individuos que vivaquean en las organizaciones internacionales para su disfrute y ventaja, pero en modo alguno para la dignidad y justicia humanas.
Resulta, además, preocupante para la paz mundial y para esa justicia soñada por el Estatuto de Roma que un país como Estados Unidos pueda utilizar la jurisdicción virtual del TPI para rehusar su participación en operaciones de paz, pacificación o defensa de los derechos humanos. Estados Unidos, sea cual sea la opinión que se pueda tener sobre su política y acción exteriores, es el único país del mundo siempre presto a intervenir con tropas, medios humanos o logística en este tipo de operaciones, sean o no aprobadas por la ONU: basta con echar un vistazo a las operaciones de este tipo llevadas a cabo en la última década para comprobarlo.
Si resulta que la puesta en marcha del Tribunal lo que hace es neutralizar la participación americana en estas operaciones, el remedio será mucho peor que la enfermedad y las alforjas utilizadas para este largo viaje hacia la utopía mundial, sobran.
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