Es probable, sólo probable, que en la tercera entrevista entre la ministra Palacio y su homólogo marroquí, Benaissa, tras la llamada “crisis de Perejil” se concrete el regreso de los embajadores a sus respectivos puestos. Dado sin embargo el carácter errático de la política marroquí hacia España, nada es seguro. Marruecos no se tomó la molestia de explicar por qué a finales del 2001 retiró a su embajador en Madrid y la ministra española, según declaró, tampoco inquirió las razones, lo que dice bastante del sentido común de ambos interlocutores.
Las relaciones entre España y Marruecos atraviesan desde hace más de un año un mal momento y se trata ahora de mejorarlas. Pero obviamente con el simple regreso o reposición de los embajadores no se recuperarán ni van a reconstruirse de golpe. Todo el mundo sabe que los problemas y contenciosos que separan a los dos países (no, ojo, a los dos gobiernos: una cosa es el Estado y otra muy diferente el ejecutivo) son profundos, históricos y difíciles. Alguno, como el de la reivindicación de Ceuta y Melilla, no tiene obviamente solución y plantearlo es misión imposible. Otros, como la emigración clandestina, el narcotráfico, el reparto de zonas marítimas en el canal sahariano-canario o la posición española sobre el contencioso del Sahara Occidental deberían estudiarse cuidadosamente, siempre y cuando el Estado marroquí dé pruebas de sensatez y sentido común, algo que no ha sobrado precisamente en estos años al joven rey Mohamed VI.
Si el nuevo primer ministro de Marruecos, Dris Yettú, tuviese las condiciones y habilidades de algunos de sus amigos españoles (sobre todo empresarios), debería admitir que –tras un año de presiones, chantajes, agresiones verbales y reivindicaciones reiterativas– los dos grandes asuntos relacionados con España que, al parecer, interesan al monarca reinante no sólo no avanzaron nada sino que incluso retrocedieron. Me refiero, naturalmente a la posición española sobre el Sahara occidental y a la reivindicación de Ceuta y Melilla.
España sigue creyendo que el proceso de descolonización del Sahara occidental no habrá concluido mientras no se celebre un referéndum de autodeterminación en el que participen todos los saharauis de origen que se hallan dentro o fuera del territorio, previo un proceso riguroso de identificación. Los diversos planes y apaños presentados por James Baker son sin duda una añagaza inteligente del ex secretario de Estado, pero ni los saharauis los admitirán ni España puede aceptarlos porque atentan directamente contra todas las resoluciones de Naciones Unidas. Si el Plan Baker II fuese aprobado finalmente por el Consejo de Seguridad (posibilidad harto lejana, al menos por ahora) se abriría una nueva crisis que podría conducir a una guerra abierta, algo que nadie quiere ni en la región ni en la comunidad internacional.
España no puede cambiar de opinión ahora sobre este asunto por dignidad, sentido común y moral. Y es obvio que José María Aznar, el líder español más denostado por la unánime prensa marroquí, ni puede ni debe hacerlo. En cuanto a Ceuta y Melilla, la posición española es diáfana e indiscutible. Marruecos sabe que no habrá tampoco cambio en este capítulo.
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