No pasa un sólo día sin que los medios de comunicación españoles –y, por supuesto, los marroquíes– reflejen algún incidente, por lo general violento, en Ceuta y Melilla, la última frontera de la Unión Europea. Un día es un grupo de mozalbetes que apalea a un monitor del refugio para niños abandonados marroquíes, otro una algarada en el paso fronterizo durante la que se apedrea a policías y guardias civiles cuando, por ejemplo, se distribuyen unas tarjetas que facilitan el paso a quienes a diario se trasladan a estas ciudades. O una avalancha de subsaharianos (africanos negros, dejémonos de idiotas eufemismos racistas) que se cuelan violentamente ante la desolación de aduaneros y peatones pacíficos.
Son demasiados incidentes, demasiado parecidos y demasiado concentrados en el tiempo y el espacio como para que parezcan fruto de la casualidad o el azar. Hay algo más y sería conveniente que alguien (“a quien corresponda”) investigara quién inspira, promueve o facilita tales incidentes. Y una vez identificados los promotores, actuar en consecuencia.
Hace meses que las relaciones hispano-marroquíes se encuentran bajo mínimos. La retirada del embajador de Marruecos en Madrid sin explicación razonable ni coherente buscaba algo que hoy ya está muy claro, aunque al principio no lo fuese: obligar al Gobierno español a cambiar su postura sobre el Sahara Occidental y apoyar la simple y llana anexión de la ex colonia al reino alauita sin que medie referéndum de autodeterminación, un referéndum, por cierto, que el antecesor del actual rey de Marruecos, Hasan II, aceptó, y que ahora su sucesor, Mohamed VI, rechaza tajantemente con la ayuda un tanto irresponsable –pero interesada– de franceses y norteamericanos.
España no cedió al chantaje y reiteró lo que ha sido su doctrina tradicional sobre el territorio: el proceso de descolonización no habrá concluido hasta que la población autóctona no se pronuncie en referéndum sobre su futuro. Es ésta también la doctrina oficial de Naciones Unidas, repetida hasta la saciedad en los últimos veinticinco años. Que Marruecos haya perdido la paciencia e intente forzar una solución a su conveniencia es un problema que le afecta, pero que en modo alguno puede ligarse a las relaciones con España que todos desearían cordiales y mutuamente beneficiosas.
A lo largo de los años, Marruecos ha utilizado el contencioso territorial con España (léase Ceuta, Melilla, los peñones y las islas Chafarinas) como válvula de escape cuando la presión interna o la soledad externa agobiaba a sus gobernantes. Estas reivindicaciones han sido hasta ahora puramente retóricas, sin que el régimen marroquí se haya atrevido a presentar el “dossier” ante , por ejemplo, el Comité de los 24 de la ONU encargado de asuntos de descolonización. Si lo hiciera, los resultados serían inciertos.
Aparentemente se trata ahora de mantener una situación de permanente inquietud en Ceuta y Melilla mediante el envío más o menos voluntario de niños, adultos o emigrantes subsaharianos a las dos ciudades. Esta masa humana plantea obviamente ciertos problemas para el orden público y la tranquilidad de los habitantes: la obligación del Gobierno de Madrid debería ser echar el resto en esta última frontera de Europa. Demasiados años estuvieron Ceuta y Melilla en soledad y alejadas del quehacer nacional. Demasiadas veces los habitantes de estas dos ciudades han pedido a los diversos gobiernos que no se les olvide.
A medida que los incidentes se repiten y aumentan las sospechas de cierta inspiración o patrocinio de los mismos por parte marroquí, los medios y esfuerzos para mantener la tranquilidad y la estabilidad en estas dos ciudades deberían aumentar, doblarlos si fuera necesario. Y esto afecta no solamente a España, sino también a la Unión Europea en su conjunto. Precisamente ahora, cuando al fin los europeos han o hemos despertado del largo letargo y entienden o entendemos al fin que el tema de la emigración, sea cual sea su origen y características, debe enfrentarse con un mínimo de seriedad, medios y coordinación porque nos va en ello el futuro pacífico de nuestras sociedades.
Hace apenas unas horas se reunieron en Tánger representantes españoles y marroquíes para planificar la anual “Operación Paso del Estrecho”. Dos millones de personas, en su mayoría marroquíes, atravesarán la Península y el Estrecho durante este verano en doble dirección. No es precisamente un asunto leve y tiene un coste elevadísimo para España, que aún así lo asume sin reclamar nada a cambio a Marruecos. Es una prueba suplementaria de buena voluntad por parte española. Pero tanta generosidad y amable comprensión debe tener un correlato por parte marroquí. No es posible que España sea siempre en el Norte de África quien se lleve las bofetadas.
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