Españoles y andorranos andan estos días regateando para concluir un Tratado que aclare, de una vez por todas y en un ambiente de igualdad y concordia, la extraña situación en que se encuentran los ciudadanos de ambos países cuando residen en uno de ellos.
En Andorra, los españoles son ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Para poder ejercer una profesión liberal en el Principado un español necesita residir allí ¡20 años! Para convertirse en “trabajador autónomo”... ¡diez!. En Andorra el despido es libre y desencadena extrañas consecuencias…
Si un emigrante (español, marroquí o portugués) se queda sin trabajo, las autoridades del lugar pueden expulsarlo en veinticuatro horas. En Andorra están prohibidas las huelgas, los sindicatos y las organizaciones gremiales.
Andorra es miembro del Consejo de Europa, pero no ha rubricado jamás la Carta Europea de Derechos Sociales que prevé la huelga y la libre sindicación como derechos inalienables de los trabajadores.
Nada de esto tendría importancia si en Andorra no vivieran más de treinta mil españoles (el 54% de la población total) y si estos trabajadores n o fueran ciudadanos también de la Unión Europea, una organización a la que pretende adherirse en el futuro el Principado.
Añadamos a todo ello que Andorra es un paraíso fiscal para miles de caraduras hispánicos que allí guardan celosamente su dinero, blanco o negro. Y que el contrabando sigue siendo la principal fuente de divisas de esta extraña antigualla medieval situada en el corazón de Europa.
Ahora España, Francia y Andorra negocian un Tratado que, por arte de birlo birloque, otorgará a los andorranos el estatuto del que gozan todos los europeos de la Unión, aunque el Principado no aplique el principio de reciprocidad a los residentes o emigrantes españoles o de cualquier otro país europeos.
A eso se le llama la ley del embudo en toda tierra de garbanzos o de contrabando. Y mientras el gobierno del Principado intenta colar de matute (¿o será de Matutes?) este Tratado desigual, las autoridades del ministerio español de Exteriores miran hacia otro lado.
El colmo del disparate que se prepara es que los andorranos podrán adquirir la nacionalidad española con un año de residencia en España y los españoles accederán a la andorrana sólo ¡con veinte años de residencia en el Principado! ¿Quién da más?
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