Libertad Digital publica en tres entregas este artículo sobre la crisis argentina que aparecerá en el próximo número de"La Ilustración Liberal".
1. La convertibilidad:
I El currency board
II El ejercicio de los otros poderes públicos
Cuando se discutía sobre la conveniencia de la unión monetaria para Europa, una frase repetida con frecuencia –dicen que pronunciada por primera vez por Otto Lambsdorf– era que la moneda única podía ser “mala economía, pero buena política”. Argentina ingresó, hace ahora diez años, en la moneda única norteamericana, el dólar, en un alarde de mala economía y peor política.
Para empezar, los condicionantes políticos eran –y son– tan fuertes que el ingreso fue parcial, pues se creó un “currency board”, una caja de cambio, para asegurar el tipo de cambio –fijado irrevocablemente– de un peso por un dólar, al tiempo que se garantizaba lo que, teóricamente, se pretendía evitar, la existencia del peso argentino, lo que incentivó, desde el primer momento, la aparición de un diferencial de tipos de interés entre el peso y el dólar. La economía argentina se embarcaba en el intento de crecer con el tipo de cambio del dólar y con tipos de interés internos que dependen de la marcha de la política y la economía argentina y del mundo, en lugar de depender, como en Estados Unidos, de la salud de su propia economía. Durante los primeros años, en los que se conservaba la competitividad ganada con la devaluación que siguió a la hiperinflación y al posterior ajuste del nuevo peso argentino con el dólar americano, la economía creció y se asentó la esperanza de que el experimento del currency board había sido un éxito. Y en una etapa posterior de mayor dificultad, los tipos de interés, aunque más elevados que los del dólar en Estados Unidos, eran altos pero soportables. Sin embargo, en épocas turbulentas –por razones internas o externas– los tipos de interés subían, como ahora, hasta el 17% para el Estado y en torno al 20% para las empresas y los particulares y el peso de la deuda, cada vez mayor, comenzó a dejarse sentir en el gasto público.
Es verdad, y eso da una apariencia de realismo a la política del tipo de cambio fijo, que en una economía globalizada es muy difícil mantener monedas nacionales, y sobre todo tener políticas monetarias y fiscales propias. Esto es más evidente en el caso de economías pequeñas, cercanas a las metrópolis, con un mal historial de inflación y de respeto a la propiedad privada, pero de ahí a creer que es posible funcionar con el dólar como moneda, tipos de interés entre el 15% y el 20%, inflación cero, un paro del 17%, una deuda exterior –que es en gran parte deuda pública– de 124.000 millones de dólares, un déficit por cuenta corriente del 2% y un déficit fiscal cercano al 3% del PIB, hay un gran trecho.
El especulador Cavallo –un ejemplo de economista financiero, alejado de la realidad (porque, para muchos de ellos, la única realidad es la financiera, más rápidamente maleable que el resto de la economía productiva)– consiguió la aprobación de la “convertibilidad”, como se llama a la paridad fija en Argentina, en un momento en el que la población argentina estaba desesperada por la hiperinflación (habría otros medios para terminar con la hiperinflación); su racionalización posterior fue que ningún país en vías de desarrollo podía permitirse tener una política monetaria propia, pues su inmadurez política se traducía en que los gobernantes financiaban con emisiones masivas de dinero cualquier gasto público, lo que reducía el valor de ese dinero, desincentivaba el ahorro y la inversión y que, por tanto, esa era una prerrogativa –la de creación de dinero– a la que había que renunciar, pues el resultado final era la destrucción de la propiedad privada y la imposibilidad de realizar transacciones económicas, hasta el punto de que no había más remedio que volver a utilizar el trueque.
Domingo Cavallo mantuvo el peso, en lugar de eliminarlo y adoptar directamente la moneda norteamericana como unidad monetaria, por consideraciones no sólo políticas sino económicas, al pensar que el Estado argentino no debía renunciar a los ingresos fiscales que significaba el segnoriage, es decir, los ingresos fiscales que se generaban como diferencia entre el coste material de emitir moneda y billetes y su valor nominal.
II El ejercicio de los otros poderes públicos
Aparentemente no pensó en que los tipos de interés internos, en dólares o pesos, pudieran subir hasta el 20%. Cavallo, como monetarista que era, nunca consideró otros aspectos, implícitos en su planteamiento, reduccionista y monetarista, de que los Estados en vías de desarrollo no podían tener política monetaria. Porque, si la irresponsabilidad política permite manipular la moneda, también permite hacer lo mismo con el gasto público, los impuestos y las privatizaciones; porque la soberanía política permite establecer relaciones de clientela al margen de la competencia, porque permite –incluso con equilibrio fiscal– ir acumulando deuda pública interna y externa. Pero, en la concepción monetarista de un ex-gobernador de un banco emisor, lo único que afectaba a la economía era –aparentemente– la política monetaria.
Si Cavallo hubiera pensado un poco más, habría llegado a la conclusión de que era necesario –en su planteamiento– renunciar a utilizar muchos de los otros poderes que tienen los Estados, porque las decisiones políticas de cualquier gobierno –pero más de los que no tienen tradiciones democráticas– son imprevisibles y podían afectar a los equilibrios económicos, internos y externos. Pero incluso renunciando al ejercicio de casi todo el poder, siempre existirá riesgo e incertidumbre en la acción política, pues esa es la condición humana. La conclusión lógica de su planteamiento es que los Estados en vías de desarrollo no pueden –¿no deben?– existir y que deben integrarse, como provincias o colonias, en las naciones líderes, como Estados Unidos, o los países europeos.
1. La convertibilidad:
I El currency board
II El ejercicio de los otros poderes públicos
Cuando se discutía sobre la conveniencia de la unión monetaria para Europa, una frase repetida con frecuencia –dicen que pronunciada por primera vez por Otto Lambsdorf– era que la moneda única podía ser “mala economía, pero buena política”. Argentina ingresó, hace ahora diez años, en la moneda única norteamericana, el dólar, en un alarde de mala economía y peor política.
Para empezar, los condicionantes políticos eran –y son– tan fuertes que el ingreso fue parcial, pues se creó un “currency board”, una caja de cambio, para asegurar el tipo de cambio –fijado irrevocablemente– de un peso por un dólar, al tiempo que se garantizaba lo que, teóricamente, se pretendía evitar, la existencia del peso argentino, lo que incentivó, desde el primer momento, la aparición de un diferencial de tipos de interés entre el peso y el dólar. La economía argentina se embarcaba en el intento de crecer con el tipo de cambio del dólar y con tipos de interés internos que dependen de la marcha de la política y la economía argentina y del mundo, en lugar de depender, como en Estados Unidos, de la salud de su propia economía. Durante los primeros años, en los que se conservaba la competitividad ganada con la devaluación que siguió a la hiperinflación y al posterior ajuste del nuevo peso argentino con el dólar americano, la economía creció y se asentó la esperanza de que el experimento del currency board había sido un éxito. Y en una etapa posterior de mayor dificultad, los tipos de interés, aunque más elevados que los del dólar en Estados Unidos, eran altos pero soportables. Sin embargo, en épocas turbulentas –por razones internas o externas– los tipos de interés subían, como ahora, hasta el 17% para el Estado y en torno al 20% para las empresas y los particulares y el peso de la deuda, cada vez mayor, comenzó a dejarse sentir en el gasto público.
Es verdad, y eso da una apariencia de realismo a la política del tipo de cambio fijo, que en una economía globalizada es muy difícil mantener monedas nacionales, y sobre todo tener políticas monetarias y fiscales propias. Esto es más evidente en el caso de economías pequeñas, cercanas a las metrópolis, con un mal historial de inflación y de respeto a la propiedad privada, pero de ahí a creer que es posible funcionar con el dólar como moneda, tipos de interés entre el 15% y el 20%, inflación cero, un paro del 17%, una deuda exterior –que es en gran parte deuda pública– de 124.000 millones de dólares, un déficit por cuenta corriente del 2% y un déficit fiscal cercano al 3% del PIB, hay un gran trecho.
El especulador Cavallo –un ejemplo de economista financiero, alejado de la realidad (porque, para muchos de ellos, la única realidad es la financiera, más rápidamente maleable que el resto de la economía productiva)– consiguió la aprobación de la “convertibilidad”, como se llama a la paridad fija en Argentina, en un momento en el que la población argentina estaba desesperada por la hiperinflación (habría otros medios para terminar con la hiperinflación); su racionalización posterior fue que ningún país en vías de desarrollo podía permitirse tener una política monetaria propia, pues su inmadurez política se traducía en que los gobernantes financiaban con emisiones masivas de dinero cualquier gasto público, lo que reducía el valor de ese dinero, desincentivaba el ahorro y la inversión y que, por tanto, esa era una prerrogativa –la de creación de dinero– a la que había que renunciar, pues el resultado final era la destrucción de la propiedad privada y la imposibilidad de realizar transacciones económicas, hasta el punto de que no había más remedio que volver a utilizar el trueque.
Domingo Cavallo mantuvo el peso, en lugar de eliminarlo y adoptar directamente la moneda norteamericana como unidad monetaria, por consideraciones no sólo políticas sino económicas, al pensar que el Estado argentino no debía renunciar a los ingresos fiscales que significaba el segnoriage, es decir, los ingresos fiscales que se generaban como diferencia entre el coste material de emitir moneda y billetes y su valor nominal.
II El ejercicio de los otros poderes públicos
Aparentemente no pensó en que los tipos de interés internos, en dólares o pesos, pudieran subir hasta el 20%. Cavallo, como monetarista que era, nunca consideró otros aspectos, implícitos en su planteamiento, reduccionista y monetarista, de que los Estados en vías de desarrollo no podían tener política monetaria. Porque, si la irresponsabilidad política permite manipular la moneda, también permite hacer lo mismo con el gasto público, los impuestos y las privatizaciones; porque la soberanía política permite establecer relaciones de clientela al margen de la competencia, porque permite –incluso con equilibrio fiscal– ir acumulando deuda pública interna y externa. Pero, en la concepción monetarista de un ex-gobernador de un banco emisor, lo único que afectaba a la economía era –aparentemente– la política monetaria.
Si Cavallo hubiera pensado un poco más, habría llegado a la conclusión de que era necesario –en su planteamiento– renunciar a utilizar muchos de los otros poderes que tienen los Estados, porque las decisiones políticas de cualquier gobierno –pero más de los que no tienen tradiciones democráticas– son imprevisibles y podían afectar a los equilibrios económicos, internos y externos. Pero incluso renunciando al ejercicio de casi todo el poder, siempre existirá riesgo e incertidumbre en la acción política, pues esa es la condición humana. La conclusión lógica de su planteamiento es que los Estados en vías de desarrollo no pueden –¿no deben?– existir y que deben integrarse, como provincias o colonias, en las naciones líderes, como Estados Unidos, o los países europeos.