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1. Un reto para el Gobierno

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Introducción. La decisión de los accionistas de Canal Satélite Digital y Vía Digital de fusionar sus plataformas es uno de los mayores retos regulatorios que afronta el gobierno de aquí a finales de año. La dificultad de acertar deriva de la interpretación que se dé al concepto de defensa de la competencia, y –quizás lo más importante– de la presencia de los principales accionistas de ambas cadenas, Prisa y Telefónica, en otros medios. La primera en prensa, radio y televisión (además de en otros ámbitos) y la segunda en radio, televisión y telecomunicaciones. Si no se produjera esa presencia simultánea en otros medios de comunicación, la decisión sería mucho menos complicada. Por eso, el análisis tiene que partir de examinar, en exclusiva, el resultante, o las alternativas, de la fusión de las dos plataformas, obviando todo lo demás, que será considerado posteriormente.

De entrada, el gobierno no tendría por qué oponerse ni opinar respecto a una decisión empresarial, la de fusionar. El que lo haga es consecuencia de una interpretación extensiva y desnaturalizada de la defensa de la competencia. La obligación de los gobiernos no es asegurar la existencia de un número determinado de empresas que compitan entre sí. Recuérdese el absurdo criterio del gobierno para impedir la fusión entre Hidrocantábrico y Unión Fenosa, la necesidad de que “hubiera al menos cuatro empresas” competidoras en el campo de generación de energía.

En Estados Unidos, la victoria de Bush se ha traducido en la vuelta a la interpretación tradicional de la defensa en la competencia: no la competencia en sí, sino el respeto a las decisiones empresariales y asegurar que situaciones objetivas de monopolio no se combinen con la imposibilidad de que otras empresas entren libremente en esos mercados monopolizados. Y si no hay empresas que quieran entrar será porque la realidad no es atractiva. En Europa, la defensa de la competencia, tal y como la entiende la Comisión Europea, es un fin en sí mismo; se trata de ayudar a las empresas más débiles a que compitan con las más rentables y fuertes; si es necesario, limitando la actividad comercial de las más fuertes. Una concepción socialista de la competencia.

Por otra parte, no creo en las “excepciones culturales”. Los medios de comunicación no necesitan una regulación especial, aunque es costumbre nacida de la tradición y la práctica política evitar la presencia simultánea de los mismos accionistas en los distintos medios de comunicación; al menos en Estados Unidos.

Desde un punto de vista económico, el mercado de plataformas digitales en España –y en Europa– se ha comportado como dicen los libros de texto que lo hacen cuando hay duopolio u oligopolio. Cada uno intenta expulsar a los demás, subiendo los costes de aprovisionamiento y bajando los precios de venta a los consumidores. El oligopolio –tras la desaparición de Quiero– es hoy un puro duopolio. Y la alternativa racional de los duopolistas es el acuerdo entre ellos –ocultando este hecho– o la fusión. Y en la fusión hemos terminado.

Una fusión que se hace para abaratar costes –reduciendo los pagos al fútbol y a las ocho “majors” cinematográficas– y para subir los precios, en la medida que lo aguanten, a los consumidores. Lógica económica y empresarial.

Desde un punto de vista político e ideológico, una plataforma es relativamente poco importante. El peso fundamental lo tienen el fútbol, las películas y la pornografía. Las noticias no son tan importantes, porque aquí no hay ventajas comparativas con las que las ofrecen libremente, sin gasto, en cualquier cadena en abierto.

Hay, sin embargo, riesgos importantísimos en un monopolio digital, que es necesario analizar:

1. Intereses en otros medios. La presencia simultánea de los controladores del monopolio digital en los otros medios: prensa, radio, TV y telecomunicaciones, se puede utilizar para evitar la entrada de nuevos competidores en cualquiera de los medios, mediante políticas de precios con los consumidores y anunciantes que impidan la rentabilidad en uno de los medios (haciendo dumping, en definitiva) utilizando recursos de los otros. Aunque sería imposible esa política, simultáneamente, en todos los medios.

2. Impedir el libre acceso a otra plataforma, o al cable, con contratos a largo plazo con el fútbol y las ocho “majors”.

3. Limitación al acceso de productores independientes de canales con cualquier tipo de oferta, por razones políticas, ideológicas o económicas, existiendo espacio tecnológico y siendo beneficioso, en todo caso, para la plataforma digital, ofrecer otros productos, sin ningún aumento de los gastos generales y asegurándose, en cambio, ingresos extraordinarios.

4. Reinversión de beneficios. Si se mantienen los precios de venta de los servicios a los clientes y se renegocia a la baja el fútbol y las películas y se opera con unos únicos servicios generales y técnicos, las posibilidades de grandes beneficios aumentan exponencialmente. Si se permite reinvertir esos beneficios en otros medios de comunicación se puede limitar severamente las posibilidades de supervivencia de muchas empresas por una política de dumping. Aunque este tipo de política debilitaría a la plataforma –porque derrocharía recursos– y la haría más vulnerable a su competidor natural, el cable.

La actividad regulatoria del gobierno debería centrarse en resolver esos temas; y ninguno es pacífico.

Desde el punto de vista accionarial, y siempre que Telefónica y Prisa actúen de acuerdo con sus intereses particulares empresariales y no lleguen a un acuerdo contra natura, el control de la nueva sociedad dependería de Vivendi o del grupo de otros pequeños inversores: BBVA, Caja Madrid, Eventos. Sin olvidar que a los precios actuales en bolsa de Sogecable, 7 euros, un punto porcentual en la nueva plataforma cuesta algo más de 200 millones de euros, y probablemente, 6 ó 7 puntos darían el control a cualquiera de los minoritarios. Una situación enormemente incierta, que hace disminuir los riesgos del monopolio.

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