Tenemos un problema de distribución de electricidad y, si las inversiones previstas en nuevas centrales térmicas de ciclo combinado no tienen lugar en las fechas previstas, tendremos, además, un problema de generación de energía.
Las causas son diversas. En primer lugar, la crisis de los años ochenta, durante los cuales el exceso de capacidad pesó como una losa en los balances de las eléctricas. En segundo lugar, el crecimiento de la demanda desde 1995, a un ritmo en el que nadie creía. En tercer lugar, la falta de inversión en distribución por reticencias de las eléctricas, que preferían hacerlo fuera de España, aun perdiendo dinero, debido a la política de control y rebaja del precio final impuesto por el gobierno en las ventas a los consumidores, mientras se mantenían los precios políticos por debajo del coste de producción a sectores como el aluminio, fertilizantes y aceros. En cuarto lugar, la postura de las Autonomías y Ayuntamientos, que se han negado a dar permisos de obras o han dilatado eternamente su concesión, para no tener problemas con las organizaciones ecologistas.
La situación es grave. Este verano habrá apagones y comienzan a conocerse casos en los que las eléctricas no firman contratos nuevos con viviendas recién construidas porque no pueden garantizar la potencia que se quiere contratar.
Por otra parte, la demanda de energía lleva dos meses creciendo al ritmo del 8%, y aunque se ajuste para tener en cuenta las diferencias climáticas entre este año y el anterior, significa, además de un repunte de la actividad económica, un aumento del consumo para el que el sector eléctrico no está preparado.
Parece que ha llegado la hora de invertir con rapidez en distribución y de elaborar un plan energético para conocer las diferentes alternativas, pues confiar, sin más, en el gas para resolver todo el crecimiento futuro parece excesivamente aventurado, porque, hoy por hoy, no está claro que tengamos los contratos de suministro, las plantas de regasificación y los gaseoductos necesarios.
En California y Brasil la falta de energía está afectando al crecimiento. Sería inconcebible que en España ocurriera lo mismo. La responsabilidad hay que distribuirla entre el gobierno central, autonómico, local y sector eléctrico. Pero la iniciativa para poner de manifiesto la situación debe venir del gobierno central y de las propias eléctricas. El primero tiene que repensar su estrategia de control de precios e intervención y, el segundo, reconocer que sus inversiones fuera de España no han representado, hasta ahora, un gran negocio.
En Opinión
Servicios
- Radarbot
- Libro