De todas las decisiones de política económica que ha tomado el PP desde que alcanzó el poder, la más importante es la que ha reducido el gasto público, en términos de PIB, al tiempo que procuraba eliminar el déficit. En 2001, por primera vez desde los años sesenta, se va a alcanzar el equilibrio fiscal, con un gasto público del conjunto de las Administraciones Públicas que se sitúa en torno al 40% del PIB, frente a más del 49% en 1993. Es evidente que el equilibrio se ha logrado gracias a las transferencias comunitarias netas de más del 1% anual del PIB y que, sorprendentemente, para lo que ocurría hace apenas un lustro, la seguridad social va a contribuir al cierre del déficit con una aportación superior al 0,5% del PIB.
Los problemas se sitúan en la Administración del Estado, que se ha convertido en financiadora de la mayoría del gasto de las autonomías y de una parte importante de las Administraciones Locales y que, en lugar de un déficit del 0,3% programado para 2001, cerrará con un 0,6% del PIB. Simultáneamente, no hay que olvidar que se está logrando financiar una enorme inversión en infraestructuras, con cargo a los ingresos ordinarios —más del 3% anual del PIB— en lugar de con un mayor endeudamiento, que sigue reduciéndose, en términos de PIB, desde el 68% de 1997 a cerca del 60% en que terminará este año.
En este contexto hay que situar la subida de impuestos sobre los carburantes y de las tasas sobre el alcohol y el tabaco, que probablemente se traducirán en ingresos públicos suplementarios de más de 150.000 millones de pesetas. Lo inesperado de esta decisión ha provocado todo tipo de conjeturas sobre sus razones últimas. La menos creíble es la de cubrir el gasto sanitario. Lo más lógico es que sirva para equilibrar el presupuesto, si finalmente el PIB crece el próximo año por debajo del 2,5%.
El gobierno podría haber seguido la estela de Estados Unidos, Alemania, Francia y otros muchos países y la que marcan los editorialistas de la más influyente prensa económica mundial, y programar un déficit público para reducir —en teoría— las tendencias recesivas de la economía. Afortunadamente, no lo ha hecho y ha mantenido la doctrina del equilibrio fiscal, aunque sea a costa de aumentar los impuestos indirectos.
Naturalmente, si hubiera reducido el gasto, el equilibrio se habría logrado también, y de forma más ortodoxa, pero quizá habría sido demasiado desde un punto de vista político. Y el gobierno lo tenía fácil, porque habría bastado con reducir el ritmo de contratación de obras públicas, sin avisar a nadie.
El gobierno se enfrenta a un reto muy difícil en 2002: Reducir nuevamente el IRPF, modificando la estructura interna del impuesto para favorecer a las familias. La anterior reforma tuvo éxito en una fase ascendente del ciclo; ahora, la reducción se va a plantear en un momento de mucho menor crecimiento económico. Por ello, también resulta lógica la subida de impuestos de carburantes, tabaco y licores, porque la consecuencia de aplicar el tipo de sistema fiscal que tenemos es que el crecimiento económico se ha traducido en mayores impuestos directos, IRPF y sociedades —excepto en 2001— y menor imposición indirecta.
La explicación de por qué se ha mantenido ese esquema fiscal, que prima la imposición directa —a pesar de la rebaja del IRPF— es la presencia de tensiones inflacionistas, que han influido decisivamente en el Gobierno para no subir los impuestos al consumo —IVA e impuestos especiales— porque éstos se traducen inmediatamente en inflación.
Es precisamente la moderación de las tensiones inflacionistas, que tras alcanzar un máximo del 4,2% se han reducido hasta el actual 3% interanual, lo que explica —también— la postura del Gobierno, que ha tenido que reconocer que la subida de impuestos se va a traducir en un alza suplementaria de la inflación de 0,2 puntos el próximo mes de enero.
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