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Apoyo general a la reforma fiscal

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El presidente Bush –en cumplimiento de su programa electoral— ha propuesto reducir el tipo máximo del IRPF norteamericano desde el 39% al 31% y el mínimo del 15% al 10%, al tiempo que se planifica la progresiva desaparición del impuesto de sucesiones, junto con otras medidas de promoción de actividades de I+D y apoyo a las familias más pobres.

Por una vez, y como consecuencia de una serie de casualidades, nadie, ni políticos ni economistas, ni financieros, se opone a la reforma. Las motivaciones son diferentes, pero los fundamentalistas de la reducción de la presión fiscal y, en definitiva, del gasto público –a los que me sumo— están encantados de recibir todo tipo de apoyos, aunque sea por motivos infundados o erróneos.

Los comentaristas citan el apoyo de Greenspan a la reducción como el impulso decisivo para conseguir su aprobación por las Cámaras. Quizá han sido los congresistas demócratas los más reacios, hasta ahora, en apoyar la reforma, por considerar que el superávit fiscal debería dedicarse, en un mayor porcentaje, a fortalecer la seguridad social, en particular, las pensiones y el cuidado médico de los jubilados.

A su vez, el cambio de posición del presidente de la FED –que siempre prefirió la reducción de la deuda pública a la reducción de impuestos— vendría influido por la necesidad de incentivar el consumo, aumentar el ahorro privado y desviar parte de ese ahorro a la compra de valores bursátiles, en un vano intento de pasar a la historia como el hombre que acabó con los ciclos.

Es muy posible que los congresistas demócratas se sientan legitimados para reducir los impuestos por el aval de Greenspan –que por cierto dice que él no ha cambiado de opinión, que siempre fue favorable a la reducción (lo cual es perfectamente comprensible en un personaje que tuvo que declararse dos veces a su primer mujer antes de que ésta se diera cuenta de que le estaba proponiendo matrimonio)--, pero sería un error –desde mi punto de vista— considerar la reducción impositiva como una medida coyuntural, destinada a reactivar la economía. Lo que, en cambio, sí creen los economistas keynesianos, como nuestro comisario de economía europea, Sr. Solbes, que se empecina en criticar la política económica irlandesa, a pesar de que tiene el mejor palmarés de entre todas las europeas, porque el ajuste fiscal es insuficiente, a pesar de que ha proyectado un superávit sustancial.

Nunca ha estado claro que la política fiscal –el conseguir un superávit o un déficit— sirviera para influir en la actividad económica. En cambio, una situación de equilibrio o de superávit, junto con un bajo nivel de presión fiscal, permiten que el crecimiento económico se produzca en función de los cambios a largo plazo en la oferta, en la productividad, y, a corto plazo, de la demanda y del influjo de la política monetaria.

El prestigio de Greenspan ha sido posible porque durante sus mandatos se consiguieron el equilibrio fiscal y cuantiosos superávits. Pero ese es el logro de la presidencia y de las decisiones del legislativo, que optaron por la seriedad y el equilibrio fiscal. En otro entorno fiscal, Greenspan habría tenido todo tipo de dificultades y su política monetaria podría haber sido altamente ineficaz, además de provocar el crecimiento del IPC.

La decisión de bajar ahora los impuestos, aunque se venda como una política para lograr la reactivación de la economía, y en concreto para encauzar la liquidez personal a las diferentes Bolsas de valores, es una reforma estructural, que reducirá el peso del sector público y hará mucho más eficiente el proceso de colocación del ahorro, siempre un recurso escaso.

Otro gran impulso a la reforma fiscal proviene de los intermediarios financieros, que temen un mundo en el que no habría deuda pública –el panorama rosa que ocurriría si los ingresos fiscales siguieran creciendo al ritmo actual durante los próximos seis años. Su preocupación sería que, al no haber deuda pública, títulos con la garantía estatal, la política monetaria tendría que instrumentarse a través de títulos de empresas privadas, siempre mucho más difíciles de calificar y sujetos a la incertidumbre fundamental de una posible pérdida de valor fundamental.

Un temor interesado, porque si esa situación se produjera no tendría por qué haber política monetaria en sentido estricto; los impuestos podrían modificarse para que siempre igualaran a los gastos y la cantidad de dinero de la economía crecería a un ritmo mucho más constante, sin provocar alteraciones indeseadas en el ritmo de actividad. Pero una parte sustancial de los banqueros, intermediarios, corredores y arbitrajistas perderían su trabajo. En la duda, incluso este grupo apoya la reforma fiscal, porque su objetivo es el de mantener un volumen significativo de deuda pública.

En conclusión, todo el mundo apoya la reforma: el poder ejecutivo, la FED, los ciudadanos, las cámaras, los banqueros y el conjunto de los teóricos –cada escuela, precisamente, por su ideología. La reforma saldrá adelante y constituirá un nuevo ejemplo para todos los países, que también tendrán que considerar la necesidad de ajustarse al modelo americano para poder competir con los bienes y servicios norteamericanos.

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