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Cajas de ahorros y partidos políticos

El PSC-PSOE de Maragall y Rodríguez Zapatero ha corrompido el sistema de las cajas de ahorro, tutelado desde la transición democrática por los partidos políticos bajo estrictas condiciones de neutralidad política en la gestión y en la política crediticia

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Segunda entrega de los dos artículos escritos por Alberto Recarte sobre el sector de las cajas de ahorro en España. Tiene a su disposición la primera entrega aquí
 
IV. El papel de las cajas de ahorro en la economía española
 
Las cajas de ahorro han jugado un papel importantísimo en la modernización de la economía española, en la extensión de la propiedad inmobiliaria, en la financiación de pequeñas y grandes empresas, y han desarrollado una ingente obra social. Han sido –y son– la única y gran competencia de los bancos nacionales, lo que se ha traducido en el abaratamiento del crédito, y en la auténtica bancarización de la sociedad española, –una de las que más sucursales por número de habitantes tienen en el mundo, lo que ha limitado, por otra parte, la penetración de entidades financieras extranjeras–.
 
Pero puede que al conjunto de las cajas de ahorro les ocurra lo que ya le ha ocurrido a La Caixa y a otras instituciones mucho más importantes que se han ido creando al amparo de la Constitución de 1978: que cuando los políticos responsables deciden no respetar la Constitución, el mal ejemplo se extiende inmediatamente. En ese momento se rompe el orden legal. Ha ocurrido, primero, en el Congreso de los diputados, al admitir a trámite la reforma del estatuto de Cataluña sin tener en cuenta que el texto es inconstitucional y, después, previsiblemente, ocurrirá lo mismo en el Tribunal Constitucional, que dará por buenas normas inconstitucionales. Y como no ocurre nada, como no hay sanción para esos comportamientos anticonstitucionales, cada institución, cada empresa, puede llegar a decidir que puede y debe hacer la guerra por su cuenta; que puede decidir, en definitiva, que es mejor pactar con los partidos políticos; como si fueran mafias.
 
Esos comportamientos sin sanción, ni legal ni social, ratifican que el orden legal se puede quebrantar, que siempre es posible negociar y pactar, que hay jueces, como el juez Fanlo de Barcelona, capaz de proponer y defender crímenes atroces y que no pasa nada. La Caixa ha negociado tanto con el PSC-PSOE como con ERC. ¿A cambio de qué? Es posible que a cambio de apoyos en la operación de toma de control sobre Endesa; y no sabemos en qué otras operaciones o, ¿acaso, los créditos se han condonado por pura amenaza de represalias políticas y personales? Hace poco, el gobernador del Banco de España manifestaba su preocupación por la actividad de toma de control de empresas no financieras por parte de las cajas de ahorro. Fue reprendido por el Vicepresidente económico y por la propia CECA, que veía discriminación en las advertencias que se le dirigían, frente a la permisividad con los bancos nacionales en operaciones similares. Tenía, y tiene, razón el gobernador, porque el control que ejercen los partidos políticos sobre las cajas de ahorro les obliga, a éstas, a ser mucho más cuidadosas que los bancos en operaciones que son esencialmente las mismas.
 
V. La especial relación de las cajas de ahorro con los partidos políticos
 
En muchos bancos –como en todo tipo de sociedad humana– ha habido corrupción, y previsiblemente la seguirá habiendo; pero puede haber cambios en los equipos gestores y en los administradores cuando esos comportamientos salen a la luz. En las cajas de ahorro, es más complicado. La implicación de los partidos políticos es tan grande, y la disciplina de partido tan importante –en un sistema de representación parlamentaria que funciona como una partitocracia más que como una monarquía parlamentaria–, que si la corrupción llega a esas instituciones, su naturaleza jurídica se torna destructiva y su razón de ser puede desaparecer. La extensión de estas prácticas irregulares a otras cajas de ahorro obligaría a modificar esa naturaleza jurídica y a plantear operaciones de privatización, vía ampliación de capital para que, como las otras instituciones financieras, tengan dueños privados, interesados en su buen hacer y en un comportamiento acorde con la legalidad vigente.
 
Es posible que sin cajas de ahorro haya –de entrada– muchas menos obras sociales y culturales, pero hay, hoy, suficientes ingresos presupuestarios para financiar todas y cada una de esas políticas; es posible que su sustitución por otro tipo de entidades financieras pueda significar menor competencia en el sistema financiero español, pero hay que tener en cuenta que habría que transformar esas cajas en bancos privados y competidores de los ahora existentes y no permitir una mayor concentración bancaria de lo que ya hay. Es posible que se pierda parte de una cultura hipotecaria que ha sido pionera en todo el mundo. Pero los riesgos de continuar con un sistema de cajas de ahorro dependientes de partidos políticos que han decidido no respetar la ley y que esa falta de respeto no tenga consecuencias, obliga a modificar el sistema de gobierno de las cajas de ahorro cuanto antes.
 
Seguirá habiendo corrupción, en los bancos actuales y en los que, en sus caso, sustituyeran a las actuales cajas de ahorro, como ocurre en todas las instituciones humanas; pero no habría un sistema de financiación que ponga en peligro la esencia misma de la democracia, al eliminar –en la práctica y por la vía crediticia– el control parlamentario sobre los ingresos y gastos públicos. Una política crediticia politizada y sin control democrático por parte de nadie, ése sí que es un cáncer para cualquier democracia. Aun siendo la desaparición del control parlamentario de los gobiernos el mayor de los problemas, no lo sería menor una posible consecuencia adicional, como podría ser una crisis económica sobrevenida y ajena al ciclo económico normal, si se distorsionan las políticas crediticias, financiando, por ejemplo, sectores que se quieran proteger de la competencia o alimentando la creación de los llamados “campeones nacionales”; una tentación en la que está deseando caer un gobierno como el tripartito catalán.
 
El PSC-PSOE de Maragall y Rodríguez Zapatero ha corrompido el sistema de las cajas de ahorro, tutelado desde la transición democrática por los partidos políticos bajo estrictas condiciones de neutralidad política en la gestión y en la política crediticia. La Caixa es sólo la primera de las grandes instituciones de ahorro que ha sido prostituida por los políticos que debían tutelarlas. A partir de ahora la corrupción puede extenderse a otras cajas, pues cada gobierno autonómico reivindicará la aplicación de políticas similares en defensa de lo que consideren los intereses de los ciudadanos, aunque sean, en verdad, intereses de las clases políticas autonómicas.
 
Tanto la Unión Europea como el FMI están analizando, en estos momentos, el papel que desempeñan en una economía globalizada y en una Europa con libertad de movimientos de bienes, servicios, capitales y personas, las cajas de ahorro. Hasta ahora, aunque fuera con algunos borrones significativos, su presencia ha sido positiva. A partir de ahora quizá ya no podremos decir lo mismo. La actuación de La Caixa en los créditos al PSC-PSOE y a ERC y su comportamiento en la OPA sobre Endesa ponen en duda, tanto en España como internacionalmente, que su funcionamiento vaya a seguir siendo positivo para la economía española y ha acercado el día, no ya de las cuotas participativas, sino de su desaparición como entidades financieras de referencia en el ámbito español.
 

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