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Consecuencias de la quiebra del sistema financiero

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Si la política económica argentina estuviera en manos de un equipo responsable, su prioridad, en este momento, sería el sector financiero. De la Rúa y Cavallo sellaron su sentencia de muerte cuando, en lugar de adoptar un plan económico sensato, decidieron limitar la retirada de efectivo de los depósitos bancarios, tanto para los dólares como para los pesos. En ese instante, aceleraron la contracción de la economía argentina, cuyo PIB podría estar menguando en más de un 20% anual, reduciendo, simultáneamente, los ingresos fiscales y aumentando el déficit público en un valor absoluto similar al de la pérdida de recaudación.

Desde entonces, el proceso de reducción de la actividad económica se ha acentuado, porque las decisiones de Rodríguez Saá y de Duhalde han agravado la situación del sector financiero. Y, sin un sector financiero que funcione aceptablemente, ninguna economía puede ofrecer a su población un nivel de vida adecuado, incluso le puede resultar difícil asegurar la subsistencia.

La libre flotación: una oportunidad no aprovechada
Si la decisión de Duhalde o Rodríguez Saá hubiera sido dejar flotar libremente el peso, obligando por ley a que el sector financiero –los bancos más específicamente– hubiera convertido a pesos los activos y pasivos en dólares, al tipo de cambio que se fijara en el mercado en un período determinado, habría habido una mínima posibilidad de escapar a la quiebra global. Muy posiblemente –tras casi cuatro años de contracción económica y deflación de precios– el activo de los bancos, por más cautelas que hayan tenido los correspondientes gestores, está irremediablemente dañado y las pérdidas contables habrían sido, casi con seguridad, mayores que los fondos propios, con lo cual la situación sería de quiebra, aunque es posible que algunas instituciones no hubieran perdido la totalidad de su capital y reservas y estuvieran sólo en situación de falta de liquidez, de suspensión de pagos, por lo que a esas entidades les sería posible seguir operando, siempre que el Banco Central les suministrara una línea especial de descuento a tipo de interés cercano a cero, hasta que se adoptaran el conjunto de medidas políticas y económicas ortodoxas que permitieran, desde la inevitable pobreza, volver a empezar con la actividad crediticia.

Al emitir una opinión tan desfavorable sobre la situación del sector financiero, estoy teniendo en cuenta que una parte importante del activo de algunos bancos, los más cuidadosos, está invertida en deuda pública en dólares, sobre la que se van a impagar los intereses –ya disminuidos obligatoriamente en la penúltima reestructuración– durante un período que puede ser muy largo, sin que se avizore si alguna vez se recuperará el principal; y que una parte sustancial de la tesorería que tenían –nuevamente los más cuidadosos– en dólares, probablemente, ha salido del balance con el goteo que permite el “corralito”. Y el resto son préstamos a particulares y empresas a los que la caída de actividad tiene que haber afectado con mucha fuerza.

La quiebra del sistema por decisión política
Desgraciadamente, las decisiones de política económica –y especialmente financieras– han sido aberrantes y han asegurado, por decisión legal, la quiebra de todo el sistema. No es cierto que el descalabro económico del sector financiero se pueda evaluar sólo en 6.000 ó 9.000 millones de dólares –más que todo el capital conjunto del sistema–, que es la cifra que resulta de aplicar tipos de cambio de uno por uno para los préstamos de menos de 100.000 dólares, de 1,40 por uno para los superiores a esa cifra y de la obligación de devolver en dólares los 60.000 millones depositados en términos de esa moneda en el pasivo de los bancos. A esa cifra hay que sumar las pérdidas que ya se han producido y que saldrán a la luz con rapidez –como ya he expuesto–, incluso si se aplica el mismo tipo de cambio a todo el activo y el pasivo de los bancos.

La última decisión –que, al parecer, es convertir todos los depósitos en dólares a depósitos en pesos, en principio al tipo de 1,40 por uno– reduce las pérdidas creadas por las disposiciones anteriores, pero no elimina el problema principal, el desequilibrio patrimonial del sistema.

Tipo de cambio, emisión de billetes y orden público
El despropósito de fijar un tipo de cambio artificial –1,40 por uno– para los depósitos –si se mantienen las últimas decisiones respecto a los diversos tipos de cambio oficiales para el activo y el pasivo, que son diferentes de los que fija el mercado– se traducirá en que todos los depositantes intentarán sacar simultáneamente de los bancos todo su dinero, probablemente más de 100.000 millones de pesos, teniendo en cuenta las paridades oficiales aprobadas y que no disponemos de las cifras totales de los pasivos bancarios. Y la única forma de que lo logren es que el Banco Central imprima esa misma cantidad de billetes y que los suministre al sistema bancario a tipo de interés cero, para que, a su vez, se trasladen a la población. En ese momento, el tipo de cambio del peso con el dólar se podría situar en cualquier cifra: 4 por uno, 8 por uno o 10 por uno.

Si se produjera esa situación, la economía funcionaría –en teoría– sin sistema financiero, y todas las transacciones se harían en efectivo, además de volver al trueque. Alguien debería recordar que ninguna economía puede funcionar en esas condiciones, para que las autoridades reconsideraran las decisiones sobre el sistema bancario y mantuvieran, durante el tiempo que tarde en modificarse esa política, todo tipo de restricciones a la extracción de depósitos de los bancos, el “corralito”. Pero, como no es posible mantener esta situación mucho tiempo, por razones de orden público y de orden económico, el gobierno debería “pesificar” todo el balance de los bancos al tipo de cambio del mercado. Digo debería, pues, si no lo hace, los riesgos de inestabilidad, de auténtico caos y de hambre, se multiplicarán.

Las empresas bancarias
Entre tanto, se ha perdido tanto tiempo, ha empeorado tanto la situación de las empresas, los particulares y los organismos del Estado; ha salido tanto ahorro del país, legal e ilegalmente, que los accionistas de los bancos, nacionales y extranjeros, tienen que dar por perdido todo su capital. En definitiva, el sector bancario refleja en su activo la salud de la economía, y la economía argentina, tal y como la hemos conocido en los noventa, ha desaparecido.

Tiene que ser una terrible paradoja para la población que el sistema bancario, el que más se ha beneficiado de la loca política económica de los últimos años –junto con las empresas suministradoras de servicios públicos imprescindibles, que fijaban sus precios en dólares revisándolos de acuerdo con el índice de precios de USA, a pesar de la deflación argentina– esté más quebrado que el resto de las empresas del país. Me imagino que es muy difícil, por no decir imposible, que la inmensa mayoría de los argentinos, empezando por sus dirigentes políticos, entiendan que deberían mimar a su sector bancario, para evitar la declaración masiva de quiebra y el abandono del país por parte de los banqueros extranjeros. Los bancos no son responsables de que el sistema de convertibilidad les resultara enormemente rentable. Fueron, simplemente, los beneficiarios temporales de una locura que también ha terminado con ellos.

Por supuesto que el gobierno argentino tiene, además, otra alternativa: dejar quebrar los bancos y no pagar los depósitos de la población. Pero dudo que ningún gobernante se atreva. Sería, incluso desde un punto de vista económico, la peor de las alternativas, porque desaparecería el 80% o el 90% de la masa monetaria, lo que, a su vez, provocaría el desvanecimiento de los argentinos en cuanto ciudadanos de un país relativamente moderno.

En estas circunstancias, lo más sensato que pueden hacer los accionistas de todos los bancos, argentinos o extranjeros, es aceptar la quiebra de sus negocios y abandonar la actividad. No creo que tenga sentido, en este momento, recapitalizar o apoyar a las respectivas empresas bancarias, porque el proceso de saneamiento y de liberación de depósitos –incluso en pesos– a la población, como he tratado de explicar más arriba, requiere aceptar por parte de las autoridades políticas y las del Banco Central, que la emisión de billetes y de líneas de crédito o descuento que se haga a las entidades financieras, no es una operación económicamente lógica, sino la forma de resolver un problema de orden público. No es una operación económicamente sostenible, porque el activo del sistema bancario, que asegura esa emisión masiva de billetes y líneas de crédito al sistema, probablemente no valga nada, o tenga un valor ínfimo; y sólo a largo plazo, en cualquier caso.

El ejemplo de la crisis asiática
Esta situación no es nueva en el panorama económico contemporáneo. Los países asiáticos afectados por la crisis de 1997-98 tuvieron un problema similar, provocado también por políticas económicas que trataron de controlar la inflación con tipos de cambio fijos. Pero en este caso la deuda que provocó la quiebra de los respectivos sistemas financieros era deuda privada, de empresas endeudadas en dólares y con escasa viabilidad, que habían recibido un apoyo bancario masivo por la confluencia de intereses entre la oligarquía industrial y la financiera, confundida en una sola en la mayoría de los casos.

En estos países, las instituciones financieras quebraron, pero fueron nacionalizadas. De tal manera que el titular de las acciones de los bancos, que ha habido que recapitalizar, es el Estado, que los maneja con un consejo de administración formado por funcionarios. Simultáneamente, una parte sustancial de los activos, de los préstamos a las empresas, que deberían estar en suspensión de pagos o quiebra, se mantienen en situación de morosidad, en tanto que una enorme cantidad de esas empresas han pasado a depender de otros organismo públicos –tipo SEPI o INI– que se encargan de su administración, liquidación o saneamiento y posterior privatización.

La solución Rumasa
No es, en definitiva, una situación muy diferente de la que se produjo en España cuando el gobierno socialista intervino Rumasa, y que se formalizó en una sociedad holding pública titular de todas las sociedades no financieras y un banco que tenía en el pasivo líneas de crédito del Banco de España, con las que pagó a todos los depositantes de los bancos de Rumasa, y en el activo los préstamos a ese holding, que formalmente equilibraban el balance del banco, aunque valían muy poco, al menos en el momento de la intervención. El déficit de ese banco, de titularidad también publica, es el que tuvieron que ir absorbiendo, poco a poco, los presupuestos generales del Estado. Este es el tremendo problema que implica la quiebra del sistema financiero argentino y de una parte importante de las empresas. Por eso llama tanto la atención que los gobernantes, en lugar de intentar mantener la solvencia de los bancos, los hayan penalizado, haciendo imposible su funcionamiento en condiciones de una mínima normalidad.

Las diferencias en Argentina
En el caso de Argentina, no se ha producido la colusión de intereses entre la banca y las empresas, y se puede afirmar que el sector bancario funcionaba relativamente bien. La actividad y la supervivencia de las empresas no está relacionada ni condicionada, como en Asia, por la situación de los bancos. Por tanto, el problema general es sólo el bancario, en tanto que las empresas no financieras se encontrarán en una u otra situación, en función de sus propias políticas, de su prudencia, de su endeudamiento y de sus fondos propios. En definitiva, la intervención pública en Argentina podría limitarse al sector financiero y no al resto de la economía, excepto que el gobierno caiga en el error de querer salvar empresas y puestos de trabajo, asumiendo la gestión y recapitalización de las empresas de imposible supervivencia –pero que ofrecen a los políticos corruptos una ocasión excepcional para enriquecerse. Pero este es otro problema, que quizá podamos analizar en otra ocasión.

Inflación o hiperinflación
Hay algo que tiene que quedar claro. Si en el sector financiero se produce un déficit de 20.000, 40.000 ó 60.000 millones de dólares –o su correspondiente valor en pesos– y los fondos propios del sistema bancario son del orden de 8.000 millones de dólares, la diferencia, si se devuelve todo el dinero a los depositantes –como se hará en cualquier caso– es un déficit que tendrá que asumir el Estado, y que aparecerá en las cuentas públicas. Este tremendo déficit, en gran parte, se monetizará, porque el Banco Central emitirá billetes y dará líneas de crédito al sistema, de ahí que, en gran parte, la subida de precios y la inflación serán inevitables. Será una forma de imponer un impuesto a la población argentina para hacer frente a ese déficit.

De la prudencia y conocimiento de las autoridades monetarias –y del resto de decisiones de política económica que se adopten– dependerá que esa inevitable inflación no se transforme en hiperinflación. La experiencia más reciente de los países asiáticos y de la propia Rusia es que, si se ajustan los presupuestos, la hiperinflación puede evitarse y que la inevitable inflación se repartirá entre toda la población como un nuevo impuesto, también inevitable, que empobrecerá a todos, especialmente a quienes no tienen forma de modificar el precio de los servicios o bienes que venden o de las remuneraciones que reciben.

Conclusión
Con este panorama por delante, lo más sensato para las entidades bancarias de origen extranjero sería dar por perdidas sus inversiones y no recapitalizar, hasta saber, en cualquier caso, que se van a adoptar medidas de orden político y económico para impedir que el fenómeno se repita. Incluso si se toman esas medidas pasará bastante tiempo, años, hasta que los ajustes terminen y se pueda asegurar que la economía argentina vuelve a ser una economía de mercado.

Por supuesto, lo más beneficioso para los argentinos sería que su gobierno tomara todas las decisiones necesarias para convencer a la banca extranjera de que permanezca en el país, para que el proceso de modernización y bancarización que ha tenido lugar en estos años pasados no se pierda y haya que volver a empezar de cero. Un reto que no parecen considerar Duhalde y su gobierno.

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