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El derecho a equivocarse

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En el último año se han desplomado, entre otros muchos sectores, las cotizaciones de valores de Internet –como Amazon y Yahoo–, de sociedades tecnológicas –como Cisco y Microsoft– y de empresas de telecomunicaciones –como Sonera y KPN–, por mencionar las más afectadas.

La caída de valor de las telecomunicaciones ha sido la más inesperada. El descenso de las tecnológicas es, en muchos casos, una consecuencia del parón de las telecomunicaciones y el descenso de valores de Internet un acontecimiento necesario y natural, dadas sus estrambóticas cotizaciones.

En la caída de las telecomunicaciones el exceso de endeudamiento –para comprar participaciones en otros mercados, pagar licencias por subastas en UMTS e invertir en ésa y otras tecnologías, como la banda ancha– ha sido la causa más inmediata. Por eso, sociedades como Sonera y KPN han perdido el 90% de su valor y, en cambio, Telefónica ha descendido, desde máximos, sólo un 40%, porque su endeudamiento es sustancialmente inferior al de la mayoría de operadores telefónicos europeos.

¿Podría haberse evitado, en parte, ese endeudamiento? Es evidente que nadie, ningún gobierno –con excepción del español, que ha actuado a posteriori, con una tasa irracional por uso del espacio radioeléctrico– ha obligado a las operadoras a acudir a las subastas de UMTS y a emitir avales para asegurar la implantación de la red necesaria para proporcionar ese servicio. Hay quien opina que este gasto –en particular los 6 billones de pesetas que ha ingresado el tesoro británico, los 8 billones que ha logrado el alemán y los 4 billones del italiano– podría haberse evitado con un sistema de concesión de licencias por concurso en lugar de por subastas. En mi opinión, el sistema de subasta es más objetivo, elimina la discrecionalidad y la eventual arbitrariedad gubernamental y evita, en cualquier caso, el favoritismo y la corrupción.

Los que se oponen a las subastas lo hacen por diferentes motivos. Unos creen que ningún gobierno tiene derecho a subastar un espacio que debería ser público y que es mucho más amplio de lo que se dice, con lo que los concursos para el espacio radioeléctrico (radio, TV, telefonía GSM y UMTS) deberían haber previsto la concesión de muchas más licencias operativas de las que se han adjudicado por una u otra vía, con lo que la mayoría de las empresas que han acudido a las subastas habrían podido conseguir un espacio, para después hacer las inversiones correspondientes y competir en ese mercado.

Otros utilizan una argumentación diferente. Y debo decir que lo hacían antes de que se produjera la caída de los valores en Bolsa y la crisis de endeudamiento. Me refiero, concretamente, a los gestores de las empresas tecnológicas, las que venden sus productos a las telefónicas, que estaban horrorizados por la orgía de gastos en que estaban incurriendo esas empresas de telecomunicaciones porque sabían, o temían, que las compañías iban a quedar muy endeudadas y dejarían de tener capacidad de compra, con lo que, a su vez, la crisis de sus tecnológicas era inevitable.

La opinión de los gestores de las tecnológicas era, en definitiva, que no se podía confiar en el buen juicio de los gerentes de las telecomunicaciones y que su afán –universal– de copar el mercado, desplazando a otros competidores, elevaría el endeudamiento de estas empresas hasta poner en peligro sus inversiones y su propia supervivencia.

Aunque, inicialmente, esta postura parece haber acertado en su planteamiento, y en las posibles consecuencias, es necesario seguir profundizando en el razonamiento. Porque resulta que lo que defendían los gerentes de las tecnológicas era que la economía de mercado no funcionaba en estos casos, que ningún empresario podría –ni puede– tomar determinadas decisiones, porque no eran conscientes de los riesgos que asumían y que, en consecuencia, el control último debía pertenecer al Estado que, representado por unos funcionarios y políticos determinados, sabría, mejor que los empresarios, lo que convenía a las empresas, sus empleados y sus accionistas en momentos especialmente delicados.

Un análisis más detallado de lo que ha ocurrido en la realidad desmonta una parte sustancial de esa argumentación. No es lo mismo la situación de Telefónica, que bajo la dirección de sus actuales gestores decidió retirarse de muchas de las subastas de UMTS por considerar que los precios eran excesivos, que la de KPN, Sonera y la propia British Telecom, que no han medido bien sus fuerzas y ahora tienen que asumir las consecuencias empresariales de haber hecho malas elecciones, elevando su endeudamiento por encima de ratios generalmente aceptados.

Incluso aunque un grupo de compañías de telecomunicaciones llegara a suspender pagos, los consumidores no sufrirían permanentemente, porque alguna de las restantes ofrecería los servicios de telecomunicaciones que se pudieran ver afectados. Y, sobre todo, no puede aceptarse que exista un regulador omnipotente que sabe lo que conviene en cada momento, a cada sector y a cada empresa. Por más importante que sean las comunicaciones y las nuevas tecnologías, no puede haber excepciones a las reglas de la economía de mercado. Por supuesto que los accionistas que se hayan equivocado al confiar en un equipo de gestores que haya tomado decisiones erróneas verán afectado su patrimonio, pero esas son las reglas del mercado.

Por otra parte, a la vista de lo que ha ocurrido con los gastos de algunas empresas de telecomunicaciones –recuérdese al Sr. Villalonga pagando 900.000 millones de pesetas por una productora de programas televisivos, como Endemol– es muy probable que el dinero que no se hubiere gastado en subastas se habría gastado en cualquier otra iniciativa, porque lo que fallaba era el buen juicio de algunos gestores y una valoración astronómica y descabellada de los ingresos que podrían obtenerse en el futuro con la venta de nuevos servicios, todavía en fase de desarrollo tecnológico.

Como en cualquier otro sector es esencial que los empresarios puedan tomar sus decisiones libremente, teniendo en cuenta tanto los riesgos como los posibles beneficios. El sistema de concursos no habría limitado sustancialmente el endeudamiento. De hecho, las subastas o concursos-subastas, de mercados importantes, como el francés, suizo y austríaco, tras los enormes pagos en Gran Bretaña, Alemania e Italia, fueron un tremendo fracaso, porque en ese momento el endeudamiento –por otras causas a las que ya he hecho referencia– comenzaba a pesar a nivel global y las empresas implicadas dudaban de la recuperación de su inversión por la venta de servicios.

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