El papel de la electricidad, de La Caixa y de la Opa de Gas Natural (I)

Este es el primer artículo de una serie de tres que Alberto Recarte ha escrito sobre la OPA de Gas Natural a Endesa. El texto consta de cuatro epígrafes.  

 

 

 

 

 

¡Vaya momento ha escogido el Gobierno socialista para hacer política en el sector eléctrico! El sector, en su conjunto, se enfrenta a una situación muy complicada, parecida aunque, por fortuna, mucho menos grave que la que tuvo lugar a finales de los años setenta. En esa ocasión, la resistencia de los gobiernos de la época a trasladar a precios la subida del precio del petróleo resultó en la práctica suspensión de pagos del sector y, finalmente, en una brutal subida del precio de la electricidad, que se produjo entre 1979 y 1982 y que reflejó, simplemente, el aumento de los costes de producción, la subida de los tipos de interés y la moratoria nuclear.

 

En la actualidad, el sector se encuentra a medio camino entre la liberalización y la competencia, por una parte, y la hiperregulación gubernamental por otro. A pesar de lo que se habla de competencia, tan solo el 35%, aproximadamente, de las ventas finales de electricidad –y en retroceso– se hacen a precios libres, negociados con los consumidores. El resto, en torno al 65%, se vende a precios fijos, a tarifa, determinadas por el gobierno español. Y no crean que todo el mundo paga lo mismo. Hay industrias, como la siderurgia, el aluminio y los fertilizantes que la pagan a un precio inferior al 50% del coste de producción. Una situación, aunque no tan extrema, es común en otros sectores industriales, sometidos –o agraciados con– a otras tarifas gubernamentales. Por su parte, las familias pagan precios sólo ligeramente superiores a los costes promedio de producción. En conjunto, en 2005, el total de lo que recauden las empresas eléctricas por sus actividades de generación, distribución y comercialización, generará un déficit – denominado “de tarifa”– del orden de los 3.000 millones de euros –según la apreciación de Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola–, que asumirán, por decreto, las grandes empresas: Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, básicamente; con la esperanza de que el gobierno de turno les compense. Una situación que puede adquirir rasgos muy políticos, porque nadie puede obligar al gobierno a que compense a estas compañías. Peculiaridades de la regulación del sector. Lo que ocurre es que, de una u otra forma, se sigue considerando que el suministro de electricidad es un servicio público, al que los principales distribuidores –que son los principales generadores eléctricos, por otra parte– se ven obligados a los precios que decida el gobierno. Consecuencia: es difícil que el sector hable públicamente de sus problemas, pues el poder arbitrario del gobierno puede tener efectos deletéreos en unos u otros, a elección, y gusto, del ministro de industria de turno. Ocurre que, a pesar de la relativa liberalización, el sector eléctrico sigue siendo un sector enormemente regulado hasta tal punto que, por poner ejemplos, tanto sus inversiones como sus redes de distribución e, incluso, el tipo de energía que utilizan las empresas dependen del visto bueno, o de la no oposición, del gobierno.

 

 

En los últimos años, y sobre todo a partir de 1996, tuvieron lugar una serie de hechos que han transformado el sector eléctrico español tanto que, por decreto, fue posible rebajar las tarifas oficiales del orden del 30% en términos nominales, sin que se resintiera la salud financiera de las empresas eléctricas. Hasta 2002 esa política fue posible por varios factores: el primero, el descenso de los tipos de interés a partir de 1996,  un dato determinante en el caso del sector, pues tanto la generación como la distribución necesitan, en las épocas de fuerte inversión, hacer uso de voluminosos créditos. Sin embargo, en segundo lugar, esas grandes inversiones, cuando se amortizan, hacen disminuir drásticamente sus costes financieros. Algo que también ocurrió a partir de principios de los noventa. En tercer lugar, en esos años no era necesario prever nuevas inversiones, pues había un gran exceso de capacidad de producción de energía, tras la tremenda crisis del 75 al 85, y que, de hecho, se extendió después, desde 1990 a 1994. Consecuencia: cualquier aumento de la demanda se pudo cubrir sin nuevas inversiones. En cuarto lugar, a partir de 1985 se desplomaron los precios del petróleo y de todos los productos capaces de generar energía. En 2001/2002, hace apenas tres años, el precio del barril del petróleo alcanzó promedios en torno a los 12-15 dólares. Como consecuencia de estos hechos, y a pesar del descenso de las tarifas que impusieron los sucesivos gobiernos del PP, las compañías eléctricas fueron capaces –sobre todo cuando la economía española empezó a crecer ininterrumpidamente, y con un aumento más que proporcional de la demanda de electricidad–, de generar ingresos suficientes para reducir su deuda. Algunas de las grandes compañías como Endesa, por su parte, no se quedaron quietas sino que aumentaron su tamaño, buscando economía de escala y precios más remuneradores que los españoles en otros mercados, tanto europeos como iberoamericanos.

 

Con el petróleo a 60 dólares/barril, el carbón a un precio que dobla el de hace tres años, y con el precio del gas natural ligado al del petróleo, el precio de la electricidad debería estar subiendo con rapidez, tal y como ocurre con combustibles como las gasolinas y el gasóleo. Aunque esa subida no tiene que ser tan drástica para el conjunto de la economía española, porque nos protege el mix de producción: el 20/25% de la electricidad es de origen nuclear y es obvio que sus costes de producción no han subido. Cerca del 20/25% de la electricidad es de origen hidráulico, que tampoco se ve afectada por la situación del petróleo, aunque sí por la presencia o ausencia de agua embalsada. Un porcentaje alto, del orden del 30 %, mayor en Endesa que en otras empresas, se produce con carbón que, aunque ha subido de precio, no lo ha hecho tanto como el petróleo y el gas. Pero cada vez más energía eléctrica se produce con gas natural, en ciclos combinados, a precios del combustible cada vez más altos, aunque la inversión en equipamiento industrial sea menor que si se utilizaran otros sistemas de generación. Una cantidad reducida, básicamente en Canarias y Baleares, se produce con fuel oil, que también se usa, a altísimo coste, en toda la península cuando la demanda se dispara. Y cerca del 6% tiene origen eólico, cuyo coste fijo de producción dobla el promedio del de todos los otros. Si en un año, como en 2005, confluyen factores como la sequía y las averías o recargas en algunas plantas nucleares, hay que acudir más que antes al fuel oil y al gas natural con una consecuencia lógica, el aumento de los costes de producción y el “déficit de tarifa”. Y el panorama es complicado, pues nuestro gobierno sigue diciendo que va a cerrar las plantas nucleares y restringir el uso de carbón. Todo se hará depender, en un futuro, según los planes oficiales, que aprobó el PP y ha ratificado el PSOE, del suministro de gas natural y de su precio en los mercados internacionales, lo que significa volatilidad e incertidumbre, pues España tiene pocos suministradores estables desde un punto de vista político (los principales son Argelia y Nigeria). Por otra parte, y como todos ustedes conocen, sólo hay un gasoducto y cuatro plantas regasificadoras más dos en construcción en toda España.

 

Con este panorama, influido económicamente por el precio del petróleo y el del gas, y sobre la base de decisiones políticas incoherentes, como decir no sólo que no se van a hacer nuevas plantas nucleares, sino que se van a cerrar las existentes a medida que se vayan amortizando, y conscientes de que de la salud del sector dependen muchos otros sectores económicos y que nuestra competitividad internacional también está afectada por el nivel de precios de la electricidad, el actual gobierno encargó un Libro Blanco a un grupo de expertos supuestamente independientes, para que le propusieran políticas de futuro. Una de las propuestas más claras de dicho documento ha sido la de que hay que evitar la concentración de empresas. Otra, y con razones sólidas, era analizar si era mejor continuar el proceso de liberalización diseñado por el gobierno del PP, pero nunca finalizado, o re-regular, para asegurar un nivel de inversión y de calidad suficientes del suministro de electricidad. En definitiva, se trataría de dar garantía al sector, a los inversores institucionales y al mercado de que podría invertir sin temor, porque se le aseguraría una rentabilidad adecuada vía precios de venta oficiales, es decir, vía tarifas.