La decisión del PP de votar en contra de la convalidación parlamentaria del "decretazo" de Rodríguez Zapatero sitúa al PP en la misma posición que tenía el presidente del Gobierno en marzo de 2008, en la negación de la crisis.
Durante más de dos años Rajoy ha machacado, con todas las razones, a Rodríguez Zapatero, primero por su negativa a reconocer la crisis y después por su incapacidad para tomar decisiones. Rajoy se ha apoyado, sistemáticamente, en las opiniones de los principales organismos económicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, para exigir al presidente del Gobierno seriedad en el cumplimiento de sus obligaciones.
Hace apenas unas semanas el FMI ha emitido uno de los informes más duros que recuerdo sobre la situación económica española. Sin exagerar en absoluto, el FMI pronostica una situación caótica para la economía española si no se hacen las reformas necesarias. Las más importantes son la del sistema financiero –sector cajas de ahorro–, la del mercado de trabajo, la de las pensiones, la de gasto público total y control del déficit y la del sistema tributario. El FMI menciona, explícitamente, que el Gobierno español tendrá que subir los impuestos indirectos, señalando específicamente al IVA como uno con un tipo muy bajo, en relación con los de los otros países europeos. El FMI apoyó las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero antes incluso de la publicación del "decretazo".
Entre los países periféricos de la zona euro, el más afectado, en principio, fue Irlanda. El que tiene, hoy, menos problemas cara al futuro es la propia Irlanda. La razón: en el mismo 2008 el Gobierno irlandés comenzó a reducir el gasto público, rebajando el sueldo a los funcionarios, disminuyendo el total de empleados del sector público y reduciendo el gasto social en partidas como la ayuda a la maternidad. En 2009 y 2010 el gobierno irlandés ha continuado el ajuste en todas esas partidas: número de empleados públicos, sueldo de los funcionarios –que se han reducido ya en torno al 20%– y financiación del estado de bienestar. Con subidas de impuestos selectivos, para evitar que se dañe la competitividad de las empresas. Irlanda, sin intervención de la Unión Europea, está cerca del equilibrio y espera volver a crecer en 2011 por encima del 2%.
En el caso de España, el "decretazo" es la primera ocasión en la que el actual Gobierno hace una propuesta de reducción del gasto público, por incompleta y precipitada que sea. Rajoy, por su parte, se ha olvidado de su discurso de más de dos años, de apelación a la seriedad y a la opinión internacional y se refugia en argumentos populistas para votar en contra del ajuste. La falta de política económica alternativa por parte del PP se confirma como un problema de fondo. El PP no tiene nada que ofrecer, al menos públicamente. Sólo quiere ganar las elecciones para, después, gobernar como crea conveniente. Esa forma de proceder es, sin duda, políticamente aconsejable para el PP –como demuestran las encuestas–, pero es la peor posible para España.
La irresponsabilidad de votar en contra, en lugar de abstenerse como hizo CIU –aunque fuera también por motivos electorales–, nos hace esperar lo peor para el futuro.
Es evidente que nada es peor que un Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero también lo es que el PP no tiene apoyos suficientes para echarlo. Sólo el grupo parlamentario socialista podría tomar esa decisión. Pero, al votar con IU y el PNV y, de hecho, con los sindicatos, el PP se deslegitima para tomar las decisiones de política económica necesarias si gana las próximas elecciones. Decisiones que pasarán por el control del gasto autonómico, la coordinación obligatoria de las políticas fiscales de las autonomías –como prevé la Constitución–, la subida de impuestos indirectos, la reducción del gasto social –incluyendo todo lo que se considera estado de bienestar– y la supresión obligatoria de todo tipo de organismos, empresas, fundaciones y entes administrativos del Estado, autonomías y entidades locales.
Las razones que ha expuesto Rajoy para votar en contra no tienen lógica económica. Política sí, la de la demagogia. Y nunca el término ha descrito mejor el tipo de política que está haciendo el PP. El PP ha alegado razones "sociales"; básicamente, la falta de respeto a los derechos de los pensionistas y el maltrato a los empleados públicos.
La baja tasa de desempleo de Japón, a pesar de llevar ya, prácticamente, 20 años en crisis, es el producto de una forma de entender las relaciones entre empleados y empresas que prima la estabilidad sobre la eficiencia. Una de las medidas que han tomado repetidamente las empresas japonesas que se han encontrado en situaciones de falta de competitividad es bajar el sueldo a todos los trabajadores y procurar no despedir a nadie. En esta ocasión, la empresa en crisis es el "sector público" español y parece lógico acudir a una rebaja general de los sueldos, empezando por los que los tienen más altos, como se ha hecho. Si tuviéramos unos sindicatos diferentes, interesados en el bienestar de todos los trabajadores, y no sólo de los que tienen empleos indefinidos y derechos a indemnizaciones infinanciables, esa medida se habría aplicado a los más de 5.000 convenios colectivos que existen en España, lo que se habría traducido en una mejora rápida de la competitividad, y la posibilidad de volver a crecer, mediante un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. Y, al cabo de un tiempo, no corto, se podría crear empleo.
El caso de los pensionistas a los que no se les va a revisar la pensión en función del IPC, en 2011, la causa más profunda que ha alegado el PP para votar en contra, es todavía más insostenible.
En los seis años de Gobierno de Rodríguez Zapatero el colectivo más favorecido por sus decisiones económicas ha sido el de los pensionistas. Se les ha respetado la forma de calcular su derecho a pensión, tomando en consideración sólo los últimos 15 años de vida laboral en lugar de toda la vida, como prevén –previo acuerdo de los firmantes– los Pactos de Toledo. En 2009, se les incrementaron las pensiones un 2%, aunque la inflación no superó el 1,2%. En cumplimiento de lo que decía el programa electoral del PSOE, las pensiones mínimas han aumentado sustancialmente, hasta el punto que en 2010 el Estado transferirá 2.706 millones de euros a la Seguridad Social para cubrir esos incrementos, no justificados por las cotizaciones de los ahora pensionistas, o sus viudos, durante sus años de vida activa. En 2011, lo más probable es que la inflación sea muy reducida; en mi opinión será difícil que llegue al 2%. El "decretazo", sin embargo, sí prevé revisar las pensiones mínimas en función de la inflación, además de las no contributivas. Las pensiones en España son de cuantía muy diversa pero, en promedio se sitúan en torno a los 800 euros mensuales. La congelación, si la inflación fuera del 2%, supondría, en promedio otra vez, 16 euros de rebaja al mes. Una cantidad que puede ser muy alta para muchas personas, pero que todos los pensionistas tengan la seguridad de que nadie, ni personal ni colectivamente, ha cotizado a lo largo de su vida laboral lo suficiente como para tener derecho a consolidar pensiones de las cuantías de las que se reciben en España por parte del Estado.
Éstas son, si se quiere, las razones que justifican mi posición de considerar que el PP está haciendo demagogia. Pero esa es la letra pequeña, la que menos importancia tiene. Las de orden mayor tienen que ver con la responsabilidad de un partido que pretende gobernar. Si el PP hubiera logrado ganar la votación se podría haber producido la siguiente secuencia de hechos:
- Políticamente, la situación sería casi insostenible para Rodríguez Zapatero. Se habría visto abocado a renegociar aspectos del decreto-ley que quizá se traducirían en más impuestos y menor recorte del gasto social. Y, en el mejor de los casos, su dimisión y su sustitución por otro miembro del PSOE o la convocatoria de elecciones generales.
- Desconcierto en la Unión Europea. Nueva crisis, mucho más grave que la de hace unas semanas, del euro.
- Subida de los tipos de interés para España. O peor, imposibilidad de financiarse, tanto por parte del sector público como por la del sector privado.
- Contagio a Estados Unidos y nuevas dudas respecto a la posibilidad de que el euro y la Unión Monetaria se mantengan en el medio plazo.
- Revuelta política en Alemania, que se podría reflejar en la imposibilidad política del Gobierno del Merkel para tomar medidas para tratar de salvar la Unión Monetaria.
Finalmente, quiero recalcar que el país de la eurozona más expuesto a las crisis de confianza, en estos momentos, es España, porque nuestra deuda exterior neta, en torno al 90% del PIB, es la más alta de Europa. Más incluso que la de Grecia, Italia o Irlanda, y de un nivel parecido a la de Portugal. La situación española es, además, cualitativamente peor, porque el grueso de esa deuda es del sector privado, por lo que no es posible una refinanciación ordenada, si fuera necesaria. Sería, simplemente, un caos, la parálisis financiera y económica, y, finalmente, la desaparición del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Y una crisis de liquidez y solvencia de la economía española. A todos afectaría, excepto, naturalmente, a los partidos políticos, a los que nos les importaría gobernar la miseria, como han gobernado la abundancia, porque ellos están enganchados a los presupuestos del Estado, de las autonomías y de las entidades locales. La misma situación en la se encuentran los sindicatos. Ellos, también, viven de los presupuestos y no de las cuotas de sus afiliados.
No quiero entrar al juego de si "el decretazo" debería haber sido precedido de un plan completo de saneamiento. Por supuesto que sí. Pero, en estos momentos, España no es dueña de sus actos. Somos un deudor que tiene que renovar la totalidad de sus deudas cada día. Y si un día no cumple, los créditos podrían cancelarse. Y no me cabe duda de que lo que debería haber hecho Rodríguez Zapatero, si fuera mínimamente responsable, es dimitir tras la aprobación del "decretazo" y convocar elecciones generales.
Estos argumentos no son muy diferentes de los que expuse en los artículos en los que criticaba el populismo de Esperanza Aguirre en relación con la subida del IVA. Pero creo que no tuve en cuenta lo más pernicioso de ese posicionamiento de la presidenta madrileña, la rapidez con la que crecen las raíces del populismo en un partido que quiere gobernar a cualquier precio, aunque lo que herede –la aspiración máxima del "arriolismo"– sea una España destrozada.