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El turno de los detentadores de deuda pública

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1. El plan Bonex
2. ¡Qué pague la banca!
3. ¿Tendrá éxito el último plan de Cavallo?
4. Para el FMI resulta más barato tirar dinero en Argentina


1. El Plan Bonex

Cuando se aprobó el plan Bonex, en 1991, que incluía una caja de conversión entre un peso recién devaluado y el dólar, a un tipo de uno por uno, se limitaron decisivamente los poderes del banco central para emitir dinero y crear inflación, pero nada se legisló, a nivel de la propia Constitución, para obligar a igualar ingresos y gastos públicos y para fijar un límite porcentual al gasto público en términos de PIB y un máximo a la deuda pública. Las alegrías que proporcionaron durante unos años los ingresos por privatizaciones de empresas públicas y la llegada de capital extranjero –sobre todo español– permitieron a los políticos argentinos gastarse ese dinero y mucho más, lo que se reflejó en una mayor deuda pública, que hoy supera los 132.000 millones de dólares, casi el 60% del PIB.

Esa deuda pública tiene –y tenía– unas características que la diferencian sustancialmente de la española –por poner un ejemplo– pues los que invirtieron en ella eran básicamente extranjeros, y lo que compraron fue deuda denominada en dólares. Un caso absolutamente diferente al español, donde el ahorro interno financia en un 90% la deuda pública y la deuda está emitida en pesetas. Así fue posible que las cuatro devaluaciones del 92 al 95 no repercutieran negativamente en los pagos totales por intereses y principal de la deuda pública española; un panorama radicalmente diferente del que se plantea a los gobernantes argentinos si permiten la devaluación y que explica, en gran parte, los esfuerzos por evitar el ajuste en el tipo de cambio. Los sucesivos gobiernos argentinos desde 1991 no han querido aceptar que la convertibilidad del peso y el dólar tenía todas esas limitaciones, con lo que las consecuencias de acudir a una devaluación de la moneda son mucho todavía más graves que en un caso ordinario, como el que atravesó España a principios de los noventa.

El ministro Cavallo, el autor del plan Bonex, se esfuerza ahora en conseguir que la clase política argentina acepte una reducción del gasto público –para igualarlo a los ingresos–. Esto supone rebajar salarios, pensiones, otro tipo de gastos, además de inversiones en infraestructuras, que fue lo primero que dejó de hacerse, con la maldición incluida de que el poder político está distribuido –como en España–, entre el Gobierno central y las provincias que, dentro de su autonomía, se ven obligadas a tomar las mismas decisiones que el Gobierno central, produciéndose, de paso, enormes diferencias entre provincias bien gobernadas y provincias que se ahogan entre la corrupción y la deuda.


2. ¡Qué pague la banca!

Una vez conseguido, al menos nominalmente, el acuerdo de toda la clase política, algo todavía no muy claro, Cavallo se ha enfrentado con otro renglón del gasto público, el que suponen los intereses de la deuda pública, más de 12.000 millones de dólares anuales con tendencia rápidamente creciente, pues la última reestructuración (que lleva el vencimiento de 40.000 millones de dólares al período 2003-2005), se hizo a tipos superiores al 15%. A los tenedores de deuda les ha presentado un ultimátum, o aceptan una reducción de los intereses al 7% o Argentina se declara en suspensión de pagos.

Todos los inversores saben que la salida de estas situaciones es siempre una pérdida de principal importante (el mercado cree que del 50%, que es el valor al que se cotiza la deuda pública emitida a cinco años). Como muchos de los tenedores de deuda son instituciones financieras, que serían las que más sufrirían en caso de suspensión de pagos, y fondos de pensiones, dependientes del poder político, la mayoría de los analistas se inclinan por creer que se aceptará la coacción. No es extraña la favorable acogida de esta propuesta por parte de sindicatos y empresarios. ¡Qué pague la banca!. Recuerden nuestros lectores españoles a Adolfo Suárez haciendo campaña electoral por el CDS a mediados de los ochenta al grito de ¡yo también tengo problemas con la banca!.


3. ¿Tendrá éxito el último plan de Cavallo?

Vamos a suponer que la reestructuración tiene éxito y se rebajan los gastos por intereses al 7% ¿Se habría alcanzado la estabilidad?. Sólo si aceptamos una premisa, que nunca más el Estado argentino salga al mercado internacional a colocar deuda pública, porque absolutamente nadie va a comprar un título. La primera condición es, por tanto, que la deuda pública se congele y cuando llegue el vencimiento, a partir de 2003, se pague o se vuelva a refinanciar porque la amenaza de impago siga presente. Sin embargo, no es lo que ha estado sucediendo en estos meses; lo único que ha aumentado en Argentina ha sido, precisamente, la deuda pública, bien expresada en dólares, bien en patacones.

Para que tenga éxito el actual plan, el enésimo de Cavallo, es necesario también que se cumplan dos condiciones más. Que no disminuyan los ingresos fiscales, porque en otro caso sería necesario volver a poner en marcha la ronda de reducciones de todos los capítulos fiscales, desde salarios hasta intereses, y que no disminuyan los depósitos bancarios, porque esa reducción de la base monetaria provocaría una nueva caída de la actividad económica. Tanto los ingresos fiscales como el mantenimiento de los depósitos dependen, a su vez, de que los argentinos crean en su gobierno, se decidan a invertir y a consumir, paguen sus impuestos y mantengan los dólares en circulación en lugar de en su casa o en un país extranjero.

La recesión mundial, por su parte, complica todavía más las cosas, porque parece difícil que incluso devaluando las empresas argentinas puedan vender más de nada en el mercado internacional; aunque si lograrían, desde mi punto de vista, que su sistema de precios sirviera de indicador adecuado para saber en qué invertir y qué consumir, y no como ahora en que lo único racional, dados los precios de los bienes y servicios, y las monedas son bienes como cualquier otro, es economizar para comprar dólares y sacarlos del país. Lo peor que podría pasarle a Argentina es que esta situación se mantuviera mucho tiempo, pues el país seguiría en recesión, sin expectativas de crecimiento y con un más que seguro aumento de la deuda pública, convenientemente ocultado por sus gobernantes, pero que se pondría de manifiesto cuando se hicieran las cuentas de la suspensión. En España, en 1993, fue suficiente cambiar un ministro socialista de Hacienda por otro, Solbes por Solchaga, para que el déficit público subiera del reconocido 2-3% a casi el 8%. Lo mismo ocurrirá en Argentina.


4. Resulta más barato tirar dinero en Argentina

Las posibilidades de que la actual situación se enquiste son altas, porque para la comunidad financiera internacional, representada en esta ocasión por el FMI, es más barato tirar dinero en Argentina, concediendo nuevos créditos, a cambio de muy poco, que tener que reestructurar una deuda de al menos 132.000 millones de dólares, con efectos desestabilizadores a corto plazo en Brasil y otros países del área y en algunas instituciones financieras. Tres indicadores, por tanto: el volumen de deuda pública –y las emisiones de patacones lo son–, el nivel de ingresos fiscales y el volumen de depósitos bancarios nos sirven, más que las declaraciones de los ministros o los bancos de inversión, para saber donde se encuentra la economía argentina.

Lo único positivo de la inevitable suspensión de pagos, con quitas para todos y plazos suficientemente amplios para poder pagar, con la aceptación de libertad de fluctuación de la moneda, más que con dolarización, es que permitirá volver a sentar las bases para que se produzca, si no una recuperación –dada la situación de la economía internacional–, si un cierto equilibrio sobre el que edificar el futuro. Este equilibrio tendrá, como hace diez años, que asegurar el control de la emisión de dinero junto con el acuerdo constitucional de no permitir el aumento de la deuda pública, ni que el gasto público supere determinado nivel ni que aparezca un desequilibrio entre ingresos y gastos públicos, tanto a nivel central como provincial.

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