Hace poco menos de un año terminó el proceso de regularización de inmigrantes ilegales en España. Alrededor de 200.000 personas obtuvieron su legalización, con lo cual se cifraba en algo más de un millón el total de inmigrantes a los que se había dado la residencia en España en los últimos diez años. Al final de ese proceso, a 100.000 inmigrantes se les había denegado la legalización. Ese parecía ser el tamaño del problema. Las últimas cifras manejadas hablan, en cambio, de 600.000 inmigrantes ilegales, de los cuales más de 150.000 serían ecuatorianos.
No he leído en ningún sitio una valoración de cuántos inmigrantes legales e ilegales llegan a España cada año; por lo visto, --aunque los datos son meramente estimativos y sin confirmar— pueden ser del orden de 500.000. Una cifra increíble, que me gustaría que fuera desmentida y, en todo caso, afinada.
Sólo otro dato más; en la provincia de Cádiz en el año 2000 se detuvieron entre 15.000 y 20.000 inmigrantes, que habían llegado en pateras. No estamos seguros de qué ocurre con los detenidos. En principio, sólo son expatriados los marroquíes, porque con su gobierno existe un acuerdo de este tipo. Teóricamente, el resto no puede ser expatriado porque se desconoce hacia qué país se debe hacer, pues la inmensa mayoría carece de documentos de identidad.
La situación de los 150.000 ecuatorianos –una nueva cifra aparatosa sin confirmación— que, aparentemente, residen ilegalmente en España y que el Gobierno está dispuesto a resolver, al menos en un porcentaje considerable, aplicando la nueva ley de extranjería, nos coloca en el punto exacto de impotencia en que nos encontramos. La ley obliga a que sólo se puedan legalizar los que han entrado con visado con un permiso de trabajo emitido por los consulados españoles. La solución que propone el Gobierno español es que vuelvan a Ecuador, y asegura, a los que lo hagan, que se les concederá visado con autorización para trabajar. Problema logístico: enviar 150.000 personas a Ecuador requeriría dos aviones diarios de gran capacidad durante casi un año. El tamaño del problema ha desbordado las previsiones de la ley.
La primera causa de esta aceleración de la inmigración es la regulación de las fronteras, pues no se exige visado, por ejemplo, a los ciudadanos latinoamericanos, con alguna excepción. La segunda es la notoria incapacidad de la policía para controlar y devolver a los que se quedan sin permiso de trabajo; la tercera, los trámites necesarios para proceder a la expulsión. Una cuarta causa, o quizá la previa, es la postura de los partidos de oposición, del PSOE básicamente, que creen que nos enfrentamos a un problema humanitario, en lugar de a una profunda alteración del componente étnico y cultural de nuestra población, que es imprescindible abordar, dado el tamaño del problema.
Nuestro ministerio del Interior no funciona, y tampoco nuestras leyes están previstas para que funcionen con desplazamientos masivos de inmigrantes. Habrá que cambiar las leyes, habrá que negociar la introducción de visados con muchos países. No tenemos otro remedio que imitar lo que han hecho otros países receptores tradicionales de inmigración, como Estados Unidos, Canadá y Australia. Y, simultáneamente, canalizar las demandas de trabajo de las empresas españolas, con acuerdos de cuotas con los principales países de los que procede la inmigración.
Necesitamos, probablemente, un ministerio específico, no un delegado del Gobierno, con todas las competencias necesarias para firmar acuerdos, decidir la política de visados, ocuparse de los problemas de adaptación, de aprendizaje de la lengua, la sanidad, la vivienda, la educación y la formación profesional. Y necesitamos policías que sean, originariamente, de la misma nacionalidad que estos nuevos españoles, que conozcan esas enormes comunidades que se están instalando en España, en algunos casos de delincuentes a los que es dificilísimo controlar.
Y, téngase en cuenta que, en muchos casos, se puede producir, vía agrupación familiar, un derecho lógico que la ley reconoce a los que tienen residencia legal, la multiplicación, al menos la duplicación, del número de los que han obtenido u obtengan esa residencia.
El problema de las “vacas locas” se puede resolver con dinero y un poco de logística. El de la inmigración requiere una política de gobierno de la que seguimos careciendo. Y es muy probable que en un futuro se juzgue la segunda legislatura del PP, la de la mayoría absoluta, por su incapacidad para afrontar esta auténtica emergencia nacional.
No cabe duda de que el éxito de la política económica del gobierno, la creación de casi cuatro millones de puestos de trabajo, el casi pleno empleo de los hombres en la mayoría de las comunidades, es la razón última de esta aceleración de la inmigración, que sabe que es posible encontrar trabajo en muchos sectores en los que los españoles no quieren hacerlo o donde se ha terminado la mano de obra cualificada. Ese ha sido siempre uno de los objetivos de la política económica, la necesidad de asegurarse de que hay oferta de mano de obra para atender la correspondiente demanda. Y es que la competencia última de los temas derivados de la inmigración –en su inmensa mayoría de naturaleza económica— debería depender de las autoridades económicas.
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