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Alberto Recarte

La falsificación griega

Es de esperar que alguien, suficientemente legitimado, haga una denuncia al tribunal de justicia de Estrasburgo para poner en marcha un expediente del que podrían derivarse responsabilidades personales.

Alberto Recarte
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La falsificación de las cuentas de Grecia para poder entrar en el euro, es el mayor de los escándalos recientes que ha sufrido la Unión Europea, aunque afecta especialmente a los miembros del euro. Si no hubiera, en estos momentos, una nueva Comisión, presidida por el portugués Barroso, se habrían producido inmediatamente dos ceses, el de Prodi, como presidente y el de Solbes, como responsable de las cuentas.
 
Si una empresa, con cotización en Bolsa, hubiera manipulado sus cuentas para ocultar su déficit, como lo han hecho los anteriores gobiernos, socialistas, de ese país y el controlador público, la CNMV en el caso de España o la SEC en el de Estados Unidos, no se hubieran dado cuenta del engaño habría ocurrido lo siguiente:
 
1º Procesamiento de los empresarios responsables, con penas de cárcel, que en el caso de los Estados Unidos podrían llegar a los veinte años.
 
2º Dimisión de los responsables de la SEC, como paso previo a determinar su culpabilidad, pues podría tratarse de negligencia, o corrupción, por dinero, otro tipo de ventajas o amiguismo.
 
Hasta ahora, que sepamos, ni la Comisión europea ni el Parlamento van a exigir ninguna responsabilidad a nadie. Es de esperar que alguien, suficientemente legitimado, haga una denuncia al tribunal de justicia de Estrasburgo para poner en marcha un expediente del que podrían derivarse responsabilidades personales. En dos ámbitos, el de Grecia y el de la anterior Comisión.
 
En el caso de Grecia la exigencia de responsabilidades se dificulta por el comportamiento de Francia y Alemania –a los que se ha sumado Italia– durante estos años, en los que no sólo no han cumplido las obligaciones del Tratado de Maastricht sino que, incluso, hicieron aprobar, por mayoría, en el Ecofin, una resolución en la que se aceptaba el incumplimiento, sin ninguna de las sanciones previstas en el Tratado. La propia Comisión, tras muchas vacilaciones, protestó antes los tribunales europeos, que hace poco han declarado ilegal ese proceder, por lo que el proceso sancionador debería activarse.
 
Naturalmente, con esos precedentes, es difícil exigir responsabilidades a Grecia. Pero hay que hacerlo, para preservar un mínimo de disciplina, imprescindible para que el euro no se convierta en una moneda basura. Y también hay que exigir responsabilidades, políticas por de pronto, a Prodi y Solbes. Su presencia en organismos europeos, aunque sea en representación de su país debe impedirse, hasta tanto los tribunales europeos no se definan sobre su nivel de responsabilidad, por negligencia o colaboración con los falsificadores griegos.
 
A nivel nacional se hubieran producido dimisiones inmediatas. La falta de credibilidad del proyecto europeo, incluido el texto constitucional, es debida, en parte, a estos comportamientos diferenciales, pues es evidente que muchos políticos europeos, parecen no tener el suficiente respeto a las instituciones europeas, por más que se declaren fervientes europeístas.

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