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La Francia del no al Tratado europeo

¿Cómo es posible que un tratado farragoso, una constitución que parece una ley de procedimiento administrativo, despierte sentimientos tan diversos, entre españoles y entre franceses, ciudadanos de un país claramente beneficiado por dicho Tratado?

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Entre las razones que me decidieron a votar negativamente en el referéndum consultivo sobre la mal llamada Constitución europea, el posible intervencionismo público en muchísimos temas era una de ellas. Intervencionismo que se pone de manifiesto en una política proteccionista con el sector agrario, lo que afecta especialmente a los países menos desarrollados, y en otra serie de productos sensibles –como medios de comunicación y defensa– y que podría extenderse, amparado en consideraciones de tipo social, –utilizadas constantemente en países como Francia– como que los indios, los chinos y los africanos no pagan cotizaciones a su seguridad social, y eso les permite competir deslealmente con las empresa de la Unión Europea. Mis dudas se extienden a muchos más campos: el del peso de España, el de la existencia y la política monetaria del Banco Central Europeo, el de la política fiscal de los distintos miembros –ahora sin control si eres Alemania y Francia, pero no si te llamas Portugal, Italia o, eventualmente, España–, el del reparto de fondos comunitarios y el de las contribuciones netas de cada miembro. A pesar de lo cual, en España se votó afirmativamente, si bien con una escasa participación y con más votos negativos y nulos de los que habría querido el gobierno.
 
El siguiente referéndum, vinculante en esta ocasión, será en Francia. Y los encuestados, hoy, dan ganador al no. Desolación en el Eliseo y en Bruselas, desconcierto entre los burócratas y europarlamentarios. Aunque lo más importante es saber, por qué, quizá, los franceses votarán negativamente. Resulta –según los escrutadores columbinos– que en la Francia profunda creen que la Unión Europea es un invento liberal, que atenta, y atentará todavía más con la nueva Constitución, contra los valores más genuinamente franceses: es decir, la xenofobia, el estatismo, el proteccionismo, el empleo estatal y el control sindical, entre otros paradigmas de principios del S. XX. Están de acuerdo en el No quizá el 18% de la población que votó al Frente Nacional fascista de Le Pen, el 50% de los socialistas –que quieren defender sus empleos públicos y limitar la competencia– y un porcentaje significativo de los conservadores, por las mismas razones de los socialistas, además de por el temor a que Turquía –el país más poblado y, por tanto, según la nueva Constitución, el de mayor poder político– entre en la Unión. Al margen de los que defienden una Europa auténticamente liberal y de los que quieren representatividad y responsabilidad parlamentaria directa, con un sistema clásico de división de poderes. ¿Cómo es posible que un tratado farragoso, una constitución que parece una ley de procedimiento administrativo, despierte sentimientos tan diversos, entre españoles y ¡sorpresa! entre franceses, ciudadanos de un país claramente beneficiado por dicho Tratado?
 
En primer lugar, el Tratado es una catástrofe política, jurídica y lingüística.
 
En segundo lugar, el sentimiento aislacionista francés es más fuerte que nunca, fruto en este momento histórico de un complejo de inferioridad nacional de quien teme perder su identidad –como Pujol en Cataluña en relación con los inmigrantes–, de un país que ve disminuida su influencia en el mundo por la limitación en el uso de su lengua, por el atlantismo de los países del este de Europa –antiguos apoyos de la política exterior francesa, empezando por Polonia–, por no ser capaz de despegar económicamente, y de quien sabe que en el momento en que en Alemania cambie el poder político se verá arrinconado, con el solo apoyo de una España socialista a la que no valoran especialmente.
 
En tercer lugar, por el desprestigio creciente de las instituciones europeas, fruto de las inconsistencias, cambios de criterio e incumplimientos de las normas legales. En apenas un mes ha desaparecido el Pacto de Estabilidad, los acuerdos de Lisboa y la directiva de liberalización de servicios; en los tres casos a instancias de Francia, con el apoyo de nuestro gobierno. Pero las tornas pueden cambiar si dejaran de gobernar los socialistas alemanes. Y aunque la política del Banco Central Europeo se instrumenta teniendo en cuenta los intereses de la economía francesa, no deja de ser una institución multinacional, que también podría modificar su política. El gaullismo sigue presente en Francia. Y el socialismo intervencionista. Y la xenofobia de la izquierda radical y los fascistas. Y el justificado escepticismo de los pequeños grupos liberales.
 
Finalmente, para los franceses que comparten esos temores, es mejor el Tratado de Niza, –que se mantendría indefinidamente si la nueva Constitución no entra en vigor–, que la nueva Constitución, porque en Niza los actores son mucho más los estados nacionales, que saben cuáles son sus intereses, que no ese conjunto indescriptible de jefes de estado y de gobierno, Comisión y Parlamento, con poderes compartidos y confundidos, que pueden tomar decisiones por mayoría en muchos más temas que hasta ahora, y que se acerca, –pero al final limita, soberanamente–, la participación y el control por parte de los posibles ciudadanos europeos.

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