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La política de competencia del PSOE

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Un tema que va a dividir profundamente al PSOE es la política sobre la competencia.  Para Miguel Ángel Fernández Ordóñez el socialismo –si yo le he entendido correctamente– es economía de mercado con la máxima competencia posible, sin monopolios ni oligopolios.  Esas fueron, en general, sus manifestaciones y su política cuando fue responsable de la regulación del sector de la Energía.
 
Por el contrario, el actual ministro de Industria, Montilla, defiende la concentración empresarial, las grandes empresas, sobre todo si son controladas desde Cataluña y, en definitiva, la intervención pública directa en apoyo de empresas que sean más competitivas y que dediquen más fondos a la investigación y al desarrollo.
 
La pasada semana, el actual comisario de Competencia de la Unión Europea, Mario Monti, avisaba de los errores, el despilfarro de recursos y el peso muerto que podría significar el proceso de selección nacional de empresas ganadoras, lo que se denomina en la jerga económica el picking winners.  Me temo que en el caso de España van a perder Monti y Fernández Odóñez y va a ganar Montilla.
 
Si la concentración se produce en el sector energético, a pesar de las negativas de los respectivos presidentes, y Endesa acaba fusionada con alguna de las otras grandes empresas energéticas, es evidente que habrá menos competencia. También lo es, sin embargo, que al tratarse de un sector totalmente intervenido, con regulaciones que se extienden a lo largo y a lo ancho de su actividad, más importante que el que sean cuatro o tres empresas las que queden –ese fue el argumento del gobierno Aznar para oponerse a la fusión de Unión FENOSA con Hidrocantábrico– es qué tipo de controles se les aplican.  Y ello al margen de que lo que se pretenda sea pagar el peso del PSC en el Gobierno, haciendo a la empresa fusionada “catalana”.
 
Más grave sería la falta de competencia en otros sectores, como el de las telecomunicaciones, el auténtico motor de la actual revolución tecnológica. Si también aquí ganan los intervensionistas, lo pagaremos en subidas de costes que repercutirán negativamente en toda la economía y en un descenso de la productividad que afectará a todas las empresas españolas.
 
Y lo mismo puede decirse de casi todo el resto de los sectores económicos.  La excepción a la imprescindible competencia puede consentirse en industrias de las denominadas de “red”, en las que la singularidad de la interconexión, de lo que sea, obliga a intervenir al regulador. El resto, en la medida en que no compite, significa, para todos, un coste monopolístico que debilitará a la economía española.
 

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