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La tercera reforma fiscal

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Las propuestas de Esperanza Aguirre en el debate de investidura tienen un significado político y económico que traspasa las fronteras de la comunidad de Madrid. Desde que el Estado de las autonomías se concretó en una enorme capacidad de gestión y gasto por parte de las administraciones locales, sobre todo las autonómicas, habíamos asistido a un espectacular ejercicio de irresponsabilidad por parte de la mayoría de los políticos locales de todos los partidos. Parapetadas en la administración central –que recauda y les transfiere el grueso de sus ingresos–, las autonomías se han encontrado con una capacidad de gasto que han utilizado para aumentar –sin controles objetivos las más de las veces– el personal a su servicio, para subvencionar a los más próximos, a los más afines políticamente, o a los que han sido capaces de presionar más eficazmente, y han llevado a cabo numerosas inversiones que sólo en parte tienen justificación económica.  Desde 1996, 500.000 nuevos empleados han engrosado las filas de la administración autonómica, cuya nómina se eleva ya a 1.100.000 personas. Además de gastar, inmediatamente, todo lo transferido, las autonomías se han endeudado masivamente, sumando su deuda global, al día de hoy, más de 44.000 millones de euros.
 
En la actualidad, los ingresos fiscales más importantes de las autonomías son su participación en IRPF e IVA. Ingresan además la totalidad de lo recaudado por Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aparte de su participación en otras tasas.
 
Desde que tienen capacidad normativa, han sido excepcionales las autonomías que han reducido impuestos. La más destacada, en este sentido, es Navarra, que ha reducido el IRPF hasta el 44%. La Rioja y Cantabria han suprimido el Impuesto sobre Sucesiones.
 
En el caso de Madrid, el anterior gobierno regional aumentó el impuesto de transmisiones patrimoniales del 6% al 7% y dobló el de actos jurídicos documentados, que pasó del 0,5% al 1%. Por su parte, la deuda autonómica madrileña aumentó hasta los 6.300 millones de euros, y eso gracias a que no se contabilizó lo invertido con motivo de la construcción de Metrosur, en cuyo caso nos encontraríamos con un endeudamiento de alrededor de 8.000 millones de euros, cerca ya de los 10.000 millones que debe Cataluña.
 
Con estos antecedentes, la promesa de Esperanza Aguirre de rebajar un punto el IRPF, lo que significa un tipo máximo del 44% y un mínimo del 14%, cobra todo su valor. En términos individuales, esta rebaja significa una disminución de los pagos totales por IRPF de entre cerca del 2% para las rentas más altas y de un 15% para las más bajas.
 
Esta decisión es mucho más que un gesto. Sin tener en cuenta los efectos positivos generales en la recaudación que tiene una mayor actividad económica, el fruto que se pretende con este descenso de impuestos, su coste puede ser de entre 120 y 160 millones de euros. Esta disminución de los ingresos obligará al gobierno de Madrid a ser enormemente riguroso con el gasto. 
 
La decisión de Esperanza Aguirre tiene aún mayor mérito porque la resolución del PP de suprimir el Impuesto de Sucesiones entre cónyuges y entre padres e hijos en todas las autonomías en las que gobierne, tiene un elevado coste en ingresos presupuestarios sólo en dos autonomías en España, Madrid y Cataluña. En el caso de Madrid, la recaudación por sucesiones es del orden de 300 millones de euros.
 
Renunciar, de entrada, a alrededor de 450 millones de euros, en conjunto, de ingresos, es un paso meritorio y costoso, pero no debe olvidarse que el presupuesto de ingresos fiscales de la comunidad supera los 12.000 millones de euros. Desde este punto de vista, el sacrificio no parece tan extremo, aunque habría que saber hasta qué punto los ingresos no están ya comprometidos para el futuro por decisiones de los anteriores gobiernos. No hay que olvidar, por otra parte que, como hemos explicado anteriormente, la Comunidad de Madrid tiene una elevada deuda, que ahora hay que pagar, fruto de las inversiones en proyectos que, en muchos casos, tenían lógica económica, aunque en otros carecían de ella o eran fuente segura de pérdidas o problemas para un futuro próximo.
 
Tiene, por el contrario, Esperanza Aguirre, para gobernar, una autonomía pujante, con una población creciente, deseosa de trabajar y progresar, que carece totalmente del virus destructor del nacionalismo. La inmigración, que se ha volcado en Madrid, es un reto doble para el gobierno autónomo.  Por una parte, porque el crecimiento de la criminalidad y la inseguridad están directamente relacionadas con las mafias de inmigrantes que han acompañado a los que querían mejorar su suerte –y acabar con ellos es la primera condición para que aumente la inversión privada. Por otra, porque Madrid se encuentra, súbitamente, con una enorme fuerza de trabajo, ya formada, que sólo espera empresarios con capital y ánimo para emprender nuevas actividades.
 
Sorprendentemente, la comunidad de Madrid se ha desarrollado económicamente al dejarse sentir la descentralización administrativa y política. La comunidad de Madrid ofrece servicios a precios competitivos y tiene una industria, en general, moderna y productiva. La ventaja comparativa de Madrid reside ahora no sólo en ser la capital –durante siglos su única “industria”– sino en ofrecer una combinación de mano de obra abundante y bien formada, comunicaciones, ahorro dispuesto a ser invertido, baja imposición y reducido intervencionismo administrativo.
 
Otra decisión anunciada por Esperanza Aguirre, la de hacer un catálogo de suelo urbano, definitivo, de toda la comunidad, será un avance significativo para frenar la corrupción, la subida de precios del suelo y las interminables esperas para la aprobación de los planes generales urbanísticos de los ayuntamientos, con la consiguiente repercusión en el precio final de las viviendas.
 
Las decisiones de la comunidad de Madrid pueden marcar, y probablemente lo hagan, las políticas del resto de las autonomías. Un IRPF más bajo que en el resto de España y la supresión del Impuesto de Sucesiones son incentivos que atraerán a empresarios y emprendedores que, con su actividad, compensarán los sacrificios fiscales que hoy anuncia Esperanza Aguirre para su propio gobierno. El resto de las autonomías no pueden permanecer ajenas a este desafío de ofrecer los mismos –o mejores– servicios públicos con menores impuestos. Es posible que Esperanza Aguirre haya puesto en marcha una tercera reforma fiscal, acercándose al objetivo del 40% de tipo máximo del IRPF, el que se fijó el PP en su programa paradigmático, el de 1993.
 

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