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Las ayudas a las PYME

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La afirmación de que el empleo en España lo crean las PYME y que por ello hay que ayudarlas fiscal y financieramente es, por una parte, una tautología y, por otra, un error. El punto más débil de la estructura económica española es el escaso porcentaje de empresas que superan el tamaño PYME. Por eso, entre otras cosas, no se hace en España suficiente investigación y desarrollo, una actividad muy cara que sólo se soporta si se cuenta con una gran plantilla entre la que repercutir esos gastos, que rara vez son inmediatamente rentables.
 
Ser empresa grande es difícil, costoso y políticamente incorrecto. De entrada, el poder sindical crece desmesuradamente con el tamaño, lo que se traduce en liberados sindicales que entorpecen la actividad empresarial y hacen difícil y costosa cualquier decisión que suponga flexibilidad para adaptarse a la demanda. Una gran empresa, en la medida en que en España el tamaño significa inflexibilidad, implica, por tanto, horarios rígidos, dificultad de congelar o reducir salarios, incluso si el mercado lo exige, y unos costes de ajuste de plantilla que suelen estar muy por encima de los máximos legales, sean 45 ó 33 días por año de trabajo. Estas limitaciones implican mayores necesidades de fondos propios y liquidez para atender situaciones imprevistas.
 
Los empresarios saben que sobrepasar cierto tamaño supone riesgos añadidos, a los que hay que sumar la incomprensión del gobierno de turno, en este caso el del PP, que ha multiplicado el pago por Impuesto de Actividades Económicas, mientras lo ha suprimido para las PYME y les mantiene el 35% de impuesto sobre sociedades. Y ello sin tener en cuenta el gasto extraordinario que tienen que soportar las grandes para responder a las presiones políticas a todos los niveles, que les obligan –entre otras cosas– a contribuir a la financiación de todo tipo de fundaciones agradables a la clase política.

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