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"Liberal, pero con preocupaciones sociales"

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De esa forma calificó Marcelino Oreja a Mariano Rajoy en la presentación –impecable por otra parte– que hizo de éste en el acto organizado por FAES el pasado 15 de octubre. Esa forma de describir a alguien implica que el que se declara, o se siente, liberal, no comparte ninguna preocupación de las denominadas “solidarias”. En esa acepción del liberalismo, el que lo practica aparece como un homo aeconomicus, dedicado a maximizar su beneficio personal, naturalmente a costa de los demás. Y aunque se admite que ser liberal en las actuales circunstancias puede ser positivo –“Mariano es liberal”–, quizá porque se reconoce que sólo han prosperado las sociedades que, a grandes rasgos, han adoptado el liberalismo como doctrina, se matiza inmediatamente que es necesario tener “preocupaciones sociales”.
 
Realmente, tras la caída del muro y el éxito de los países que han actuado con políticas liberales, habría sido difícil no dar un sentido positivo al término liberal. Las sociedades inspiradas en el socialismo o su versión edulcorada, laica –la socialdemocracia– o confesional –la democracia cristiana italiana sería el mejor ejemplo–, han fracasado en lo más importante, permitir que la sociedad prospere, cree empleo, elimine pobreza y se abra al exterior. La vieja y falsa declaración de principios, “socialista a fuer de liberal”, debería trocarse, en mi opinión, por otra que resume más fielmente la esencia del liberalismo, “liberal por preocupación social”.
 
El liberalismo defiende que la división de poderes, la independencia del poder judicial, el mantenimiento del orden interno y la defensa contra los enemigos exteriores, junto al reconocimiento expreso de que sin propiedad privada no hay libertad, una baja imposición fiscal, y la menor intervención pública posible en los asuntos económicos, –aunque sea imprescindible llevar a cabo determinadas actividades económicas, como la construcción de infraestructuras–, es el conjunto de instituciones que mejor posibilita el crecimiento económico y la creación de empleo. Ese es el entramado, por otra parte, que permite controlar el poder de los políticos, de los que siempre hay que desconfiar y que, históricamente, han sido los responsables de las grandes tragedias de la humanidad.
 
El liberalismo –o al menos la versión que yo defiendo– acepta que, sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones de los seres humanos a la hora de cuidar de sus propios intereses a largo plazo, y por eso es imprescindible apoyar las instituciones que han permitido el desarrollo de la civilización, la primera de las cuales es la familia. Y qué duda cabe que el mejor apoyo a la familia tradicional es que goce de la máxima protección legal y el mejor trato fiscal. Lo cual exige que los individuos tengan la menor presión fiscal posible, porque sólo así su renta disponible podrá financiar, voluntariamente, actividades de auténtica solidaridad, como ocurre en Estados Unidos, uno de los países con menor presión fiscal, pero donde el apoyo económico a todo tipo de organismos benéficos o culturales es el mayor del mundo –en volumen y en términos de PIB–, a gran distancia de los demás.
 
Pero, en ausencia de suficientes actividades voluntarias, el estado debe actuar. Debe prestar subsidiariamente educación y sanidad, obligar a que todos los trabajadores dediquen una parte de sus salarios a la constitución de pensiones y atender a la extrema indigencia.
 
En el caso de la España actual, por poner algún ejemplo, no puede prescindirse de un sistema de salud pública universal, que funciona aceptablemente, a un coste –comparativamente con otros países– relativamente bajo, pero debería avanzarse en la gestión independiente de los centros de salud existentes, así como desgravar a los que usan sistemas privados, que descongestionan lo público. Y, naturalmente, eliminar el gratis total en medicamentos, compensando, en la proporción adecuada, que puede ser totalmente, a los más desfavorecidos. 
 
En lo que concierne a la educación, las necesidades de intervención pública son mucho menores, pues hay interés de organismos religiosos y laicos en impartir enseñanza a todos los niveles. A lo que no debe renunciar el estado es a asegurar, mediante un control de conocimientos externo, que dichas organizaciones impartan unos mínimos educativos, pues no hay otra forma de asegurar la igualdad de oportunidades.
 
Pero las necesidades de actuación pública en todos los campos serán menores si se ha respetado la libertad individual y controlado el poder de los políticos. En cada momento histórico, y en cada estadio de desarrollo, esas funciones subsidiarias del estado son diferentes.  El arte de la política es acertar qué nivel de coacción pública, fiscal y de otro orden, es necesario para que la sociedad pueda desarrollarse con mayor fortaleza.
 
Y el liberalismo es más solidario en política internacional, porque frente al subsidio y la ayuda, –que muchas veces se derrocha o sirve para alimentar la corrupción–, permite y fomenta el comercio internacional, la mejor vía –muchas veces la única– para escapar del subdesarrollo. Pero ocurre que cuando se quiere introducir la libertad en el comercio internacional se levantan los intereses de los sectores protegidos de las economías desarrolladas, apoyadas por los “antiglobalización”, y los propios intereses monopolísticos de los grupos más poderosos de los países en vías de desarrollo.  Lo que no significa que la apertura al exterior no deba hacerse con tiempo y moderación, para que puedan adaptarse a esa realidad los sectores más expuestos a la competencia y tampoco significa renunciar a tener una política comercial exterior, que tenga en cuenta la competencia desleal de algunos países, capaces de controlar –aunque por limitados espacios de tiempo– incluso los tipos de cambio.
 
Los gobiernos del PP no han sido liberales por la mayor competencia y gestión privada que han introducido en la sanidad, la educación, el comercio exterior o las pensiones. Pero sí lo han sido en el aspecto fundamental, en la reducción del peso del estado en la sociedad.
 
José María Aznar y el PP llegaron al poder en España tras muchos años de “preocupaciones sociales” de la UCD –donde todos los dirigentes se peleaban para ver quien era más progresista– y del PSOE.  El programa que los gobiernos de José María Aznar desarrollan se ha concretado –tras ocho años, cuatro de minoría y cuatro de mayoría absoluta– en la reducción del intervencionismo público, lo que se ha traducido en un menor gasto público en términos de PIB –un 39%–, menores impuestos y privatizaciones de empresas públicas que, entre otros beneficios, han erosionado la capacidad de presión monopolista de los sindicatos. Esa recuperación de libertad por parte de los ciudadanos se ha traducido en un espectacular aumento de la creación de empresas y empleo y en la disminución –afortunadamente– del gasto en protección social, porque se ha reducido, drásticamente, el número de los parados. 
 
Nadie más liberal, en todos estas actuaciones, que el presidente Aznar. Podríamos incluso decir que su liberalismo culmina con la renuncia a un tercer mandato y con la intervención en Irak, que permite avanzar tanto en seguridad interior como exterior, al reducir la capacidad de financiación, y la protección estatal, a las conductas terroristas, y dando una oportunidad real de mejoría y libertad a los, ahora ciudadanos, iraquíes.
 
La prosperidad de España sigue dependiendo de aplicar políticas liberales. El gobierno que se forme tras las nuevas elecciones generales debería seguir reduciendo el peso del gasto público y atreverse a modificar la actual estructura tributaria, recuperando, por ejemplo, la función de control del impuesto sobre el patrimonio, y eliminando, como se ha anunciado, el de sucesiones. Y no tendrá más remedio que afrontar el reto de la educación, el del gasto sanitario y otros, como el del intervencionismo público en el mercado laboral. Sólo así se conseguirá una España más productiva y más competitiva, más solidaria y más libre.
 

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