Los países europeos siguen encontrando dificultades en la tarea de asegurar la competencia efectiva en los sectores del petróleo, electricidad, telefonía y gas; sectores, en definitiva, regulados.
En casi todos los países la situación previa a la generalización de la privatización era la de empresas públicas monopolistas o privadas con licencia para el monopolio y supervisión pública. El primer paso, que resultó más sencillo de lo esperado, fue la privatización. El segundo, más complicado, dar entrada a otros competidores. El tercero, en el que se encuentran la mayoría de los países, cómo lograr la competencia efectiva.
En el caso de España, en el sector eléctrico, el gobierno español ha optado por entrar a definir toda una serie de parámetros, tales como el número de partícipes, su tamaño máximo e, incluso, los límites al crecimiento. Un exceso de intervencionismo, en mi opinión. Y, sin embargo, precisamente, hoy, el Financial Times, en un duro editorial, critica al presidente Aznar, no por haber dictado esos parámetros para asegurar la competencia, sino por creer que la fusión Endesa-Iberdrola es un proyecto impulsado por el Gobierno español, con la finalidad de hacer una gran compañía nacional, que tendrá en un primer momento el 80% del mercado, sin que esté definido cómo el grupo fusionado se desprenderá del exceso de capacidad de generación y comercialización a que le obligan las normas del propio gobierno. El editorial se adentra un paso más en la política española, al afirmar que eso ha sido posible porque el “ministro reformista”, Rato, ha perdido peso frente al “acomodaticio” Montoro.
La competencia, -o la falta de ella- en el sector eléctrico no es el único tema sobre los sectores regulados que hoy ocupa a comentaristas, reguladores, gobiernos y empresas. En el campo de las telecomunicaciones se ha abierto un doble frente en Europa. Por una parte, la ministra Birulés insinúa que va a otorgar dos licencias más de telefonía móvil y una nueva de UMTS por el procedimiento del “concurso de belleza”; sin subasta, lo que permitirá, nuevamente, decisiones discrecionales de la Administración. La reacción de los operadores de móvil y de los que acaban de recibir licencias de UTMS se anuncia contundente, pues opinan que el mercado español está saturado, que los proyectos de inversión pierden atractivo y que podría significar un castigo económico de gran calado, que sería preciso añadir a la tasa de 140.000 millones de pesetas que tendrán que soportar todos los usuarios de ondas durante 2001.
Y, simultáneamente, aparecen denuncias y sospechas de que el sistema inatacable -desde un punto de vista político y económico- el de subastas, puede haber ocultado una serie de prácticas colusorias entre empresas en Alemania, Italia y Holanda. A las sospechas del gobierno italiano sobre la retirada de uno de los contendientes por las licencias de UMTS, que permitió que la adjudicación se hiciera con un ingreso total para el fisco italiano de 2 billones de pesetas, frente a los más de 4 billones que se habían previsto se une, ahora, según el Financial Times, el temor de que incluso en Alemania, donde la recaudación superó los 8 billones de pesetas, hubiera colusión entre los competidores, para evitar que la factura total subiera todavía más.
La conclusión no debería ser que el sistema de subastas no es el adecuado, pues aún peor es la posibilidad de corrupción política, que incentiva el sistema de concursos. La conclusión -la reflexión más bien, si se quiere- debería ser que los sectores regulados, suministradores de servicios básicos, donde la situación de la tecnología favorece la presencia de una o pocas empresas, serán siempre difíciles de regular.
Difíciles porque los gobiernos responsables tienen que asegurar que la oferta de bienes y servicios es suficiente, de calidad, que los precios a que se venden reflejan la oferta y la demanda, que no se cierra la entrada a nuevos competidores, que no hay colusión entre los competidores, ni en el momento de la decisión de adjudicación de licencias ni posteriormente, que no hay corrupción política y que no hay amiguismo entre la clase política y los directivos empresariales.
Si se superaran todas esas pruebas habría garantías no sólo de que esos sectores van a funcionar correctamente, sino de que el sistema democrático está asentado sobre bases de absoluta firmeza.
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