Si ustedes recuerdan, en la cumbre de Lisboa de la Unión Europea, el presidente Aznar impulsó una declaración oficial en la que se proponía que la Unión Europea alcanzara el pleno empleo y se convirtiera en la zona más competitiva del mundo en unos años. Para ello, cual era necesario que se adoptaran una serie de medidas de flexibilización y modernización. Parte del plan pasaba por aumentar las inversiones en investigación y desarrollo. En el caso de España, el I+D se acercaba –pero no llegaba– al 1% del PIB, uno de los más bajos de los países desarrollados. El Gobierno declaró como objetivo doblar ese porcentaje en pocos años.
El presidente Aznar modificó incluso la denominación del Ministerio de Industria, que pasó a llamarse de “Ciencia y Tecnología” y que entonces, como ahora, tenía a Piqué a su cabeza. El Ejecutivo hizo todo lo que estaba en su mano para lograr el éxito: no sólo pretendió olvidar la vieja industria del siglo XX, sino que multiplicó los beneficios fiscales a las empresas que invirtieran en I+D, hasta el punto de que la oferta de exenciones fiscales y subvenciones se convirtió, en palabras de los responsables gubernamentales, en la más favorable de toda Europa.
La evidente falta de éxito del plan de inversión tecnológica se intentó disimular transformando el I+D en I+D+i, en investigación, desarrollo e innovación. Esa ampliación permitió incluir en el plan, y contabilizar como progreso, prácticamente todas las inversiones empresariales que tuvieran por objeto la incorporación de nuevas tecnologías –desde ordenadores hasta redes telefónicas–, aunque el I+D se hubiera realizado fuera de España. La modernización así lograda consiguió que la I+D+i llegara hasta el 1,5% del PIB en 2001, aunque la estricta I+D siguiera estancada en el 1% del PIB.
Ahora, el Ministerio de Piqué parece que vuelve a preparar un nuevo plan nacional de innovación tecnológica, con el viejo objetivo de llevar la I+D al 2% del PIB en 2007. Posiblemente, el plan volverá a fracasar. ¿Por qué? Hay una razón de fondo: España llegó tarde a la industrialización y, cuando lo hizo, las empresas españolas realizaron investigación y desarrollo para un pequeño mercado protegido, sin tamaño suficiente para justificar inversiones significativas en ciencia y tecnología. Afortunadamente, los últimos gobiernos franquistas y los primeros de la democracia aceptaron que esa era la dura realidad y abrieron el país a la inversión directa extranjera, desmantelando todo el entramado proteccionista. La industria española se integró en mayores grupos extranjeros y consiguió crecer espectacularmente, apoyada en la competitividad que proporciona un país de bajos precios y salarios –en relación con los de los países industrializados más desarrollados–, la preparación de la mano de obra y la mejora de las infraestructuras.
Un esquema de funcionamiento de este tipo –el adecuado a nuestra tardía industrialización– se refleja perfectamente en la industria del automóvil, la mayor industria española, toda ella propiedad de empresas con la sede social fuera de España y que realizan unas enormes inversiones en I+D pero, habitualmente, en los países en los que tienen sede social. Y lo mismo se podría decir de las industrias que más investigan: farmacia, genética, aeronáutica, defensa, telecomunicaciones e informática, entre muchas otras. Por supuesto que hace bien el Gobierno en intentar que crezca el I+D, incluso el I+D+i, que se refleja en una mayor competitividad de las empresas que invierten, y que aumentar el porcentaje dedicado a esas actividades en términos de PIB es un objetivo irrenunciable. Pero no deberíamos caer en el error de creer que la economía española va a mantener su competitividad y crecimiento sobre la base de una mayor productividad lograda con I+D.
Las razones del crecimiento de nuestra economía
El crecimiento de nuestra economía en los últimos ocho años ha sido posible porque los precios de bienes y servicios, y los salarios correspondientes, en general, han sido, y todavía son, más bajos que los de nuestros socios y competidores europeos, y porque, en segundo lugar, hemos equilibrado nuestras cuentas públicas, rebajando –en proporción al PIB–, el total de gasto público. Además, y en tercer lugar, los españoles en su conjunto, –administración, empresas y familias– hemos ahorrado e invertido más que nuestros competidores; aunque una parte sustancial de esas inversiones se haya dirigido a sectores donde no hay una mejora espectacular de la productividad, como la construcción, las infraestructuras y los servicios. Junto con la aportación de mano de obra inmigrante que permite, en parte, la incorporación de mano de obra femenina española, bien formada y más productiva que la de la mayor parte de los inmigrantes.
El espectacular aumento de la mano de obra ocupada –los cuatro millones de empleos creados desde 1994– de hecho no se ha traducido en un aumento de la productividad, por más que las empresas se hayan modernizado, sino en un aumento global –manteniendo la productividad del trabajo– del tamaño de la economía. Este dato aparentemente negativo no puede juzgarse aisladamente sin tener en cuenta lo acaecido desde 1976, porque entre esta fecha y 1994 el temor de los empresarios a contratar mano de obra se refleja en un sistema económico en el que la productividad de las empresas que sobrevivieron a las sucesivas crisis era enormemente alta, pero donde era evidente que faltaba mano de obra, que empieza a incorporarse tras la mejora de competitividad que supusieron las cuatro devaluaciones del periodo 1992-1995 y la flexibilización del mercado de trabajo posterior a 1996.
La competitividad y el crecimiento futuro de nuestra economía mejoraría si hubiera más I+D, pero como probablemente no va a haberlo en la cuantía suficiente para que sea significativa, el segundo mejor resultado es que se continúe rebajando la presión fiscal general, no sólo sobre la innovación, para que las tecnologías extranjeras se adopten con rapidez. Pero, sobre todo, deberíamos tener claro que sólo podremos mantener nuestra convergencia con otros países más desarrollados si nuestros precios y salarios siguen siendo más bajos que los de nuestros competidores en las industrias y servicios en los que haya competencia directa y si conseguimos desarrollar, mucho más, los sectores en los que tenemos ventaja comparativa, como el turismo.
Y para lograrlo es necesario modificar la legislación laboral, para que los precios y salarios de cada industria y empresa, proveedoras de bienes o servicios, se adapten a su productividad y competitividad internacional –en lugar de tener que soportar convenios colectivos sectoriales, provinciales o nacionales–, así como que el peso del gasto público, –manteniendo el equilibrio fiscal–, siga reduciéndose en términos del PIB.
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