La Francia chauvinista de Giscard y Chirac ha tenido éxitos internacionales, aunque no lo parezca. Uno de los principales, la apuesta por España como destino de sus inversiones, un proceso que comenzó con el plan de estabilización español de 1959. Francia –y no Alemania ni Estados Unidos, el Reino Unido o Japón– es el principal inversor en España. Las empresas francesas tienen posiciones dominantes en muchos sectores, desde el del automóvil al de la alimentación o la distribución y han contribuido, con sus capitales, al aumento de la productividad y la creación de puestos de trabajo en la economía española. Con enorme discreción, porque es notoria la ausencia del panorama público español de empresarios e inversores franceses.
Mientras los políticos franceses ponían trabas a nuestro desarrollo constitucional, a la lucha contra ETA –aunque no en este momento–, a nuestra entrada en la Unión Europea y, ahora, a reconocernos peso internacional en la discutida Constitución europea, los inversores franceses se han arriesgado con la economía española, en un proceso que ha sido positivo para ellos y para nosotros. Hasta tal punto llega, sin embargo, la confianza de las autoridades francesas en nuestra economía que nos combaten en todos los foros políticos internacionales, con la tranquilidad de saber que, hagan lo que hagan, no se va a alterar la marcha hacia una mayor integración económica de nuestros países ni van a peligrar, por su desleal comportamiento, los intereses económicos de sus inversores.
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