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Oligarcas y corsarios

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Podríamos agotar los calificativos para referirnos a los gestores y consejeros del Banco de Vizcaya, el Banco de Bilbao y el BBV. No el BBVA, pues Argentaria, afortunadamente para el actual banco, ha permitido un cambio –no sé si lo suficientemente profundo– de los equipos directivos sin que, en principio, se deteriore demasiado la confianza en la institución.

No me ha llamado la atención saber que Pedro de Toledo (q.e.p.d.) era un aventurero. La actuación de Sánchez Asiaín es mucho más escandalosa, porque no ha dejado de moralizarnos durante su larga vida de banquero y ex-banquero, insistiendo en la ética, la modernidad y la transparencia como formas más adecuadas de comportamiento para que las empresas españolas pudieran integrarse en Europa. En cuanto a Emilio Ybarra, lo más positivo que puede decirse de su actuación es que aceptó la fusión con Argentaria en términos de igualdad con el BBV, arrostrando las críticas del nacionalismo vasco, que contó –aunque bastante tarde por lo que sabemos– la situación de irregularidad a Francisco González y que ahora está asumiendo personalmente su responsabilidad en la generación y la utilización de esos fondos, en beneficio de la propia institución, en beneficio propio, del resto de los consejeros y de muchas más personas, políticos y quizá incluso terroristas, a lo largo de muchos años. Aunque en este aspecto el Banco de España considera que la información que le ha dado Emilio Ybarra es absolutamente insuficiente o poco creíble.

En cuanto a Francisco González, probablemente fue tentado por Emilio Ybarra para mantener esos fondos ilegales, como quizá el propio Emilio Ybarra fue tentado –y cayó en la tentación– por, quizá, Sánchez Asiaín, para que aceptara y callara, siempre, por supuesto, “en beneficio de la institución”; de esta historia son destacables los reflejos de Francisco González –por razones éticas o por motivos egoístas, eso pertenece a su intimidad personal– que forzó, por lo que hemos leído, a Emilio Ybarra, a que repatriase los fondos y los declarara como beneficios extraordinarios, bajo la amenaza de no firmar la formulación de cuentas que realiza el Consejo de Administración y sobre los que se realiza la auditoría, además de poner en conocimiento del Banco de España las irregularidades cometidas.

He empezado por hablar de las personas porque las instituciones se adaptan a la forma de ser y actuar de sus dirigentes, sean partidos políticos, empresas o familias. En el mundo empresarial la máxima responsabilidad es la que puede exigirse a las personas que conforman el cuadro directivo y el Consejo de Administración de las instituciones financieras, aún más si cotizan en Bolsa. La Banca, tal y como la conocemos en la actualidad, es una anomalía en el Estado de derecho, porque el Estado delega en ella el monopolio de creación de dinero con poder liberatorio. Sus dirigentes reciben, más que ningún otro, la confianza de las instituciones democráticas. Por eso existe un Banco central, que regula, controla y canaliza esa emisión de dinero legal que constituyen los depósitos bancarios por parte de las instituciones financieras. Los gobernadores de los Bancos centrales tienen una complicada misión, mantener la confianza en el sistema bancario y castigar implacablemente las irregularidades que se produzcan. Si, conocedores de una infracción legal, no la sancionan sin compasión, dan alas a la corrupción del sistema. Si, por otra parte, y para salvar su responsabilidad, vocean los problemas de una determinada institución en lugar de resolverlas pacíficamente, ponen en peligro la viabilidad del sistema financiero que se basa, exclusivamente, en la confianza. Todavía es pronto para opinar sobre el comportamiento del Banco de España en esta crisis. De lo que no hay duda es de su comportamiento irregular cuando, siendo ministro Carlos Solchaga, intentaron forzar una serie de fusiones bancarias para consolidar el poder socialista y el de unas cuantas familias de las oligarquías vasca y del resto de España.

Desde el punto de vista empresarial, la conducta de los dirigentes del BBV es la más grave de las posibles y debería penarse, en el código, con castigos mucho más severos que las irregularidades que puedan cometerse por otros empresarios. Si descendemos por la escala de responsabilidades, el siguiente escalón lo ocupan los que gestionan y forman parte de los Consejos de Administración de las sociedades que cotizan en Bolsa, el caso de Enron. Y, en el último lugar, aparecen las sociedades exclusivamente familiares, que si falsean las cuentas pueden inducir a error a sus bancos, proveedores y a la Hacienda pública, pero no al sistema financiero, a los depositantes y a los accionistas.

Por parte de muchos analistas se criticó la toma del poder de la familia Botín en el SCH y la escasez de consejeros independientes, como reclama el código Olivencia. En el caso del BBV se cumplían mejor las formas, pero, y eso no lo tiene en cuenta dicho código, entre todo el consejo no llegaban a tener el 1% del capital, se heredaban familiarmente los puestos en el consejo, se compartía el poder con el PNV –como demuestran los casos de Uriarte y Urrutia, ambos ex-consejeros del gobierno vasco– y la presencia de consejeros independientes fue temporal, hasta asegurarse la remuneración y la pensión complementaria.

Los consejeros y muchos de los directivos del BBV, herederos de posiciones familiares históricas, se han comportado como dicen los libros de texto y de historia que lo hacen las oligarquías que conservan los privilegios, pero que han perdido la propiedad y la responsabilidad. De hecho, han confundido su papel, creyendo que tenían patente de corso, por ejercer determinadas funciones, muchas veces difíciles, con un absoluto olvido de la confianza que en ellos se había depositado.

Y, muy rápidamente, debería analizarse la actuación de los representantes del BBV en las numerosas empresas participadas que mantiene el actual BBVA, porque para que todo sea más difícil, el BBV tenía vocación industrial; una forma de hacer banca aborrecida por muchos analistas y comentaristas –entre los que me cuento– entre otras razones por la posibilidad de que se contaminaran mutuamente los ámbitos de decisión financiero e industrial y de servicios. El riesgo es siempre permitir que la capacidad de crear dinero se utilice para mantener y expandir un grupo empresarial propio, al margen de la competencia. El BBV ha demostrado que, además, lo utilizaba en el puro ámbito financiero y en beneficio de un grupo de personas.

Tiempo habrá de examinar la actuación del Banco de España, de la CNMV, de los auditores internos y externos, de la Agencia Tributaria y, en su caso, y si se dedujera algo de todo lo anterior, del Gobierno, pero había que empezar por las personas.

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