La discusión pública sobre si existe o no una burbuja inmobiliaria en la que participan economistas, políticos, empresarios, banqueros y, por supuesto, periodistas está teniendo efectos benéficos. Primero, porque induce al posible comprador final a pensar de nuevo la operación, calculando sus posibles futuros ingresos, los pagos por su hipoteca, la repercusión de las variaciones en los tipos de interés. Quien actúa como inversor también se ve forzado a calcular otra vez si ese es el mejor destino para sus ahorros, o si sería mejor dejar el dinero en la cuenta corriente, invertirlo en Bolsa o sacarlo, legalmente, de España, para probar suerte en otro país.
El retraso en las decisiones de compra que estas reflexiones podrían producir es positivo, aunque para la economía, globalmente, pudiera significar un menor crecimiento a corto plazo. Una mayor tardanza en la toma de decisiones, en este momento, debería ayudar a frenar el crecimiento de los precios, que también deberían dejar de crecer –y reducirse en muchos casos–, porque los tipos de interés difícilmente van a seguir bajando, porque la oferta, durante un tiempo, va a seguir aumentando considerablemente y porque el precio del suelo, en muchas zonas, ya se ha estabilizado.
Un descenso en los precios de la vivienda, si se produjera, sería benéfico para todos. Para los jóvenes o inmigrantes que quieran comprar, para los propietarios, porque les permitiría recalcular su auténtica riqueza, y para las instituciones financieras –que tendrían que pagar sus excesos– y no sería globalmente negativo para los que habitan sus propias viviendas hipotecadas, porque, en conjunto, lo que deben es –según los datos que se poseen– un porcentaje en torno al 40% de los valores de mercado de hoy e incluso en las recientemente adquiridas, la hipoteca suele tomarse –en promedio– por sólo el 65% del valor de mercado.