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Pensiones y reforma fiscal

Aunque resulte chocante, los países en los que han desaparecido las pensiones públicas, el primer pilar, son los antiguos países comunistas

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Según los datos oficiales en España hay, en estos momentos, cerca de 8,6 millones de trabajadores con planes de pensiones –privadas y de empresa- y el valor de dichos planes asciende –a 31 de diciembre de 2004– a alrededor de 63.000 millones de euros, un 8% del PIB.
 
En los distintos estudios elaborados por diferentes organizaciones, desde las del chileno José Piñera, que protagonizó la privatización de las pensiones en su país y que ha servido de inspiración al gobierno norteamericano de George Bush, hasta las Naciones Unidas, se ha instado a los gobiernos de todos los países a que aseguren una digna –o al menos mínima– jubilación de sus trabajadores sobre un sistema constituido por tres pilares: el primero, asegurado por el estado, y que correspondería a la Seguridad Social; un segundo, el que constituyen los planes de pensiones privados, contratados individualmente y un tercero, contratado por las empresas en las que están dados de alta todos los empleados y que se financiaría asignando a los mismos parte de las subidas de sueldos acordados con las respectivas empresas.
 
Muchos países no tienen ninguno de esos pilares. Y, aunque resulte chocante, los países en los que han desaparecido las pensiones públicas, el primer pilar, son los antiguos países comunistas; y los que mantienen el monopolio del poder con un partido único, como China, tiene compromisos públicos ridículos con sus trabajadores. En España, por el contrario, éste es el pilar fundamental, el que da seguridad a la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, las pensiones públicas se pueden encontrar sometidas a una gran incertidumbre si el empleo deja de crecer o disminuye porque, en la mayoría de los países –y ciertamente en España–, esas pensiones se financian con lo que pagan los trabajadores en activo. La Seguridad Social española ha pasado de la quiebra en 1996 a una situación de estabilidad y excedentes, porque el número de ocupados ha crecido en 5 millones, hasta más de 17 millones, superando los 12 millones, pues en los gélidos años del socialismo de González el empleo total neto no creció nada; repito, nada.
 
El segundo pilar es el de las pensiones privadas. Ante la quiebra del sistema español a principios de los noventa, el actual vicepresidente, Pedro Solbes, entonces ministro de economía, animaba a todos los trabajadores españoles a tener su propio sistema privado, prometía incentivos fiscales y advertía del riesgo que corrían a largo plazo a los que no ahorraran. Esos planes, que a principios de los años noventa casi no existían en España, son los que ahora han alcanzado los 37.000 millones de euros y cubren a 7,3 millones de trabajadores.
 
El tercer pilar, el de las pensiones financiadas por las empresas, está mucho menos desarrollado en todo el mundo, con la notabilísima excepción de Gran Bretaña y Estados Unidos, y, en menor extensión en otros países, como Alemania. En España cubren a 1,3 millones de personas y su importe global alcanza los 25.000 millones de euros.
 
El diseño de una protección de la jubilación sobre tres pilares sigue plenamente vigente. Incluso en España, que goza en esto momentos de una salud excepcional de la Seguridad Social, pero que puede deteriorarse rapidísimamente, si el empleo deja de crecer o se reduce como consecuencia de un cambio de ciclo.
 
Por eso son tan llamativos los planes de reforma fiscal del gobierno, que insisten en reducir las deducciones fiscales para la constitución de planes de pensiones, tratándolos como si su naturaleza fuera la misma que las de las deducciones por la compra de viviendas; olvidando que el objetivo de los beneficios fiscales de los planes de pensiones es radicalmente diferente; se trata de forzar un ahorro a largo plazo, ante la evidencia de que muchas personas descuidan sus necesidades futuras. Una actitud paternalista –impropia, una vez más, en mi caso, de un liberal– pero, probablemente, necesaria todavía, porque la mayoría de los trabajadores no han –no hemos– asimilado un fenómeno nuevo, la longevidad. La humanidad está adaptada a las escaseces materiales y a una vida corta y azarosa; quizás a una vida que puede durar, en promedio, 40-50 años de edad. Lo que no hemos asimilado todavía es la posibilidad de vivir hasta los 90 ó 100 años y, de éstos, quizá incluso 10 ó 20 años sin capacidad de tomar decisiones y generando unos altísimos gastos por cuidados médicos y de atención personal.
 
Y no está de más recordar que los sistemas de seguridad social pública están concebidos a principios del siglo XX sobre lo que era normal en esa época: trabajar y cotizar durante 35 años y disfrutar de la jubilación, como promedio, 5 ó 10 años, pues la muerte acontecía con esa inmediatez. Ahora es común comenzar a cotizar varios años más tarde, tener periodos de desempleo y jubilarse anticipadamente, por lo que el periodo de cotización puede estar reduciéndose a alrededor de 30 años. Pero la esperanza de vida tras la jubilación ha pasado de 5/10 años a 20/25 años, lo que hace imposible financiarla con las cotizaciones oficiales de sólo 30 años. Los tres pilares de financiación de las jubilaciones de los trabajadores son imprescindibles. Se puede hacer una reforma impositiva, se puede simplificar el IRPF; pero no debería olvidarse el largo plazo, la necesidad de diversificar el riesgo y no sólo de mantener, sino de potenciar, los planes privados de pensiones y los planes de pensiones de empresa.

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