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Podría haber sido peor

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El gobierno se ha limitado –como bien dicen sus representantes— a transformar en ley los acuerdos de mínimos a los que habían llegado sindicatos y patronal, tras ocho meses de negociación, en los cuales se fue prescindiendo de las reformas importantes en aras de lograr cualquier tipo de acuerdo.

Lo que más cambia es la reforma del trabajo a tiempo parcial, que deja de ser un contrato de imposible aplicación y podrá emplearse en beneficio de la mujer a partir de ahora. El resto, con dos notables excepciones es casi una repetición –con multitud de retoques— de lo que ya existía desde 1997. Lo diferencial es la penalización de los contratos temporales con ocho días de indemnización, una cantidad irrelevante a efectos prácticos y que compensa la también irrelevante modificación de los colectivos a los que es aplicable, directamente, la reforma de 1997, que rebaja de 45 días a 33 días la indemnización en caso de despido improcedente. Muy destacable, asímismo, es la posibilidad de transformar contratos temporales –que se celebren antes del 31 de diciembre de 2003— en indefinidos, aplicándoles la indemnización reducida, si mi interpretación de la disposición adicional primera es correcta.

Y eso es todo. Ni una palabra de descentralización en las negociaciones colectivas –lo más importante según admiten los responsables económicos del propio gobierno— ni sobre pensiones o prejubilaciones.

Al tiempo que se publicaba el decreto ley 5/2001, el gobierno admitía que se trataba de una reforma de mínimos y que es sólo el primero de otros cambios legislativos que afectarán al mercado de trabajo. ¿Porqué dividir y aplazar los cambios? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? ¿Será acaso más fácil aprobar las siguientes modificaciones? ¿Habrá querido el gobierno enviar un mensaje a los sindicatos en el que quedara clara su voluntad reformista?

Sean cuales fueren las explicaciones, el hecho es que se ha perdido la única oportunidad que tenía este gobierno, en toda la legislatura de su mayoría absoluta, para reducir, a todos los colectivos, la rebaja de los 45 a los 33 días y 24 meses máximos de indemnización, que se aprobó en 1997 para determinado colectivos, lo que hubiera supuesto una mínima equiparación con Europa y un impulso a la conversión del trabajo temporal en trabajo indefinido.

Ha sido, en cierto modo, una decepción, que sin duda tendrá claves y explicaciones electorales, pero que constituye una derrota de un gobierno que se proclama reformista.

Respecto a los cambios en la negociación colectiva, me declaro escéptico, pues, aplicando la actual doctrina, el gobierno sólo legislará sobre los contenidos en los que esten de acuerdo sindicatos y patronal. Y aquí difícilmente van a alcanzar ningún tipo de acuerdo.

Mayores cambios deberían ser, en cambio, posibles, en lo que afecta a las prejubilaciones y las pensiones, que están siendo analizadas y reformadas en toda Europa, un campo en el que se ha pronunciado Rodrigo Rato, anunciando el propósito del gobierno de incentivar los planes de pensiones a nivel de empresa, para que constituyan, junto con el sistema de pensiones públicas y los fondos de pensiones privadas, la tercera pata en que la que pueda apoyarse todo el sistema de pensiones de jubilación.

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