Poco a poco, con vacilaciones, retrocesos y contradicciones, el PSOE comienza a explicar su modelo fiscal. En el caso del IRPF, no se atreve a decir cuál o cuáles serán los tipos aplicables, pero insinúa que estarían por debajo del 40% que ha prometido Rajoy. Esa propuesta implica la necesidad de fijar un mínimo exento, que Sebastián dice –y no dice– que debería estar en torno a los 12.000 euros, pero que no sabe, no se compromete. También se ha hecho mención a la eliminación de las exenciones por compra de vivienda y por la constitución de planes de pensiones, “porque sólo benefician a los ricos” aunque, en declaraciones previas, afirmaban que el IRPF sólo lo pagaban los asalariados, la clase media; lo que es bastante evidente.
Que el PSOE se comprometa a mantener el gasto público en el 40% del PIB y a respetar el equilibrio presupuestario es positivo. Pero a partir de aquí todo es caos. Las propuestas concretas –dónde, cuánto y cómo de las reformas del IRPF y del impuesto de sociedades– no se concretan por contradicciones internas, falta de seriedad a la hora de calcular el gasto fiscal y temor a la reacción de los jóvenes que quieran comprar vivienda –y no alquilar– y de los mayores, que quieren planes de pensiones para complementar la que recibirán de la seguridad social.
Prefiero el compromiso del PP, aparentemente menos ambicioso, pero más fiable, de bajar todos los impuestos directos a todo el mundo y más, proporcionalmente, a los que menos ingresan. Los saltos en el vacío y la ruptura con todo lo anterior que aparentemente entrañan las propuestas del PSOE –si se atrevieran a explicarlas– pueden ser intelectualmente más atractivas, por su sencillez y fácil administración. Pero olvidarse de nuestra realidad significa pagar un precio innecesario en incertidumbre e injusticias relativas.