Este artículo es la tercera entrega de una serie sobre los presupuestos de la Unión Europea. Tiene a su disposición las anteriores:
En estos momentos la Unión Europea tiene tres problemas pendientes: las relaciones políticas entre los estados miembros, el funcionamiento del euro y la financiación del periodo 2007-2013.
Las relaciones políticas. El triunfo del no en el referéndum de Francia y Holanda y el previsible de la mayoría de los pendientes si se llevaran a cabo, es el rechazo al tipo de tratado, mal llamada Constitución, elaborado por Giscard.
De todos los problemas es el menos importante, porque siguen vigentes todos los acuerdos anteriores, así como el tratado de Niza, lo que obligará a todos los dirigentes europeos a ser más prudentes y a negociar más cualquier acuerdo que se pretenda introducir a nivel de la Unión Europea. No creo que vaya a avanzarse nada en este tema. Ninguno de los jefes de estado o gobierno implicado –con la excepción de Blair– tiene fuerza ni visión política para proponer algo diferente para el futuro de las relaciones políticas entre los 25 miembros actuales de la Unión. Sólo Blair podría proponer un acuerdo que devolviera soberanía a los estados miembros en muchos temas que hoy son comunitarios, reduciendo el ámbito de la Unión a asegurar una unión económica en la que se compita lealmente sin ayudas ni subvenciones públicas. El rechazo de Holanda es particularmente significativo en este aspecto; los holandeses no quieren que su peso en la Unión Europea dependa de su población; rechazan una constitución europea, quieren un tratado entre naciones, en el que su voz se oiga tanto como la de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.
El funcionamiento del euro. El vicepresidente del Banco Central Europeo, el griego Papademos, acaba de declarar que el euro está funcionando mucho peor de lo que se esperaba, que las divergencias de ciclo entre países miembros se mantienen, lo que impide adoptar una política monetaria satisfactoria para todos y que la moneda única se ha convertido en un incentivo perverso para las reformas: los gobiernos de los países miembros hacen menos reformas de las que harían si no existiera la moneda única. Al margen de esas declaraciones, el euro está empezando a percibirse como lo que siempre fue: una decisión política sin fundamentos económicos. Decía Lambsdorf, el ministro de Economía de Alemania cuando se instauró el euro, que el euro “era buena política y mala economía”. El tiempo está demostrando que es, además, mala política. No parece posible, por ejemplo, que Italia pueda permanecer en el euro. Los comentarios de los ministros italianos a este respecto no son un accidente, es el principio de la búsqueda de una salida; una situación, por otra parte, no prevista, al contrario de lo que sucedió con otros intentos de uniones monetarias. Pero tampoco ahora se van a tomar decisiones a este respecto. Los planteamientos formales se producirán cuando países como Italia y Portugal comprueben que no pueden salir de la recesión sin una política monetaria propia lo que, por supuesto, les obligaría a hacer reformas de esas que llamamos estructurales.
El presupuesto de la Unión Europea para 2007-2013. El veto de cinco países, encabezados por el Reino Unido, y del que España formó parte, impidió, afortunadamente, cerrar en falso los presupuestos de ingresos y gastos de la Unión Europea para el próximo periodo 2007-2013. Se trata, en mi opinión, del primer acierto de política exterior del actual gobierno español.
Es una decisión que ha levantado ampollas en los nuevos países miembros, que llegaron incluso a proponer devolver parte de las ayudas que se les habían comprometido si se llegaba a un acuerdo. Una oferta rechazada, afortunadamente, por Blair por razones éticas. Para estos países, y a pesar de lo magro del presupuesto de la Unión (1% del PIB de los países miembros), las transferencias netas que esperan recibir podrían alcanzar el 3% o el 4% de su PIB anual; para ellos, muchos con graves problemas presupuestarios, el retraso es muy negativo.
El desacuerdo lo protagonizaron Blair y Chirac. El primero se mostró dispuesto a congelar el cheque británico (4.500 millones de euros anuales) –y posteriormente ha declarado que incluso estaría dispuesto a reducirlo– siempre que Chirac aceptara una reducción del gasto de la PAC (Política Agraria Común), que supone el 40% del total del presupuesto de la Unión, por más que la agricultura sólo suponga entre el 2% y el 4% del PIB de los países miembros desarrollados. En España no llega al 4%. Una propuesta que para Chirac era inaceptable, porque en 2002 se alcanzó un acuerdo general para mantener el nivel de gasto en la agricultura europea, y sobre todo la francesa, aunque se aprobó la introducción de reformas, como el desacoplamiento en muchos cultivos.
La Política Agraria Común es un buen exponente del cul de sac en el que se ha metido la Unión Europea, tanto política como económicamente. Es absurdo pretender mantener una política agraria común, porque es un tema especialmente sensible para la población de casi todos los países miembros. Para unos, porque apenas tienen sector agrario y preferirían su desaparición, lo que significaría una reducción importante de los precios de la alimentación (cerca, probablemente, del 30%) y poder dedicar esos ingresos fiscales europeos a otros fines y para otros, como Francia, que recibe grandes transferencias europeas, pero para quien tampoco el sector es significativo desde un punto de vista económico, sí lo es por el peso político que tiene el sector en las elecciones locales y generales. La PAC nunca tuvo lógica, pero fue la condición de Francia, en una Europa a seis, para establecer el mercado común, con la consiguiente desaparición de aranceles y la libre circulación de mercancías. En una Europa a 25 la PAC es una aberración.
Hay una posible salida y es reducir la financiación comunitaria a la agricultura, pero permitir, a los estados que lo deseen, la co-financiación que, en el mejor de los mundos, debería llevar a la desaparición de la PAC a medio plazo. Una solución de este tipo permitiría a los países para los que el sector agrario es importante mantener las subvenciones públicas para la población agraria, mientras que para la mayoría significaría un descenso sustancial del coste de la cesta de la compra, lo que afectaría muy positivamente a las familias más pobres, que gastan la mayor parte de su renta en alimentación.
Ello, a su vez, permitiría dedicar más recursos a I+D, un tema muy sensible para España, siempre que se instrumente como una forma de cerrar el gap tecnológico entre países, antes que como subvenciones a las empresas capaces de presentar proyectos innovadores, que ha sido la política tradicional de la Unión Europea. Esta forma de incentivar el I+D ha limitado enormemente nuestra capacidad para aprovechar esos recursos, pues las empresas capaces de elaborar esos proyectos, en el caso de España, son muchas veces filiales de multinacionales y esos proyectos los presentan en el país en el que tienen su sede social.
Si se alcanzara un acuerdo financiero sobre estas bases y, además, se negociara un saldo neto para España que no significara la desaparición de todas las ayudas en un plazo de 7 años, y el Reino Unido aceptara la disminución nominal de su cheque, el gobierno español debería aprobar un nuevo presupuesto de la Unión, por más que seamos el país que más va a perder en los próximos años. No hay que perder de vista que si España continúa creciendo las transferencias de la Unión no tienen demasiada importancia para nuestra economía. De hecho, si en los últimos siete años España no hubiera recibido nada de la Unión Europea el crecimiento habría sido el mismo y sólo la deuda pública habría aumentado y sería ahora de alrededor del 56% del PIB en lugar del actual 48%.
El presupuesto de la Unión sólo es importante para los países más pobres que tienen, simultáneamente, graves problemas presupuestarios; para Francia, Alemania, Reino Unido y España lo importante no son las cantidades, sino los principios reguladores de la actividad económica.
Conclusión. Ni los problemas políticos ni los económicos que está comenzando a causar el euro, se pueden resolver en estos momentos. Habrá que esperar a las elecciones en Alemania y Francia. Pero los problemas presupuestarios si tienen solución; se trata, sólo, de no perder la cara políticamente, no de problemas fundamentales dada la escasa cuantía que representan para los países más desarrollados. Que Blair sea el próximo presidente de la Unión Europea, que no haya cedido a las presiones en la última cumbre y que el gobierno español le haya apoyado, son motivos para la esperanza. No habrá cambios fundamentales, pero podría comenzar la reforma de la PAC, un cáncer intervencionista e insolidario.
