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Un tributo a los nacionalistas

No sabemos cómo se resolverá el conflicto, pero los cambios tendrán que ser de orden mayor. Se abre una difícil negociación, en la que primarán el sectarismo y la discriminación entre autonomías, una experiencia que ya tiene la Comunidad de Madrid

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I. La reforma fiscal del PSOE
 
¿Qué objetivo persigue la anunciada reforma fiscal del gobierno socialista? No creo que nadie haya respondido a esa pregunta. Una reforma sólo se hace si se piensa que el sistema vigente de imposición directa no cumple su objetivo básico: obtener financiación para que el estado pueda desarrollar sus funciones. Una segunda razón puede ser para evitar que esa exacción se logre alterando ostensiblemente la conducta de las empresas y las personas, a la hora de tomar decisiones económicas racionales. En relación al primer objetivo, lo que queda claro es que lo que pretende la anunciada reforma fiscal no es financiar la actividad del estado, sino permitir que haya fondos suficientes para transferir a las autonomías controladas por los nacionalistas, como analizaremos posteriormente.
 
Por otra parte, la reforma de la imposición directa era uno de los pocos instrumentos con que contaba el gobierno para mejorar la competitividad de la economía española y su modelo de crecimiento. Es evidente que la economía española sigue creciendo con arreglo al mismo patrón que el de los últimos años de gobierno del PP: mucho consumo y mucha construcción.  Con el añadido de que tanto el consumo nacional como el esfuerzo inversor, centrado en la construcción de viviendas, se hace cada vez más sobre la base del endeudamiento y no del ahorro. Esa es la diferencia entre los años de crecimiento del PSOE y los anteriores: el peso creciente del recurso al endeudamiento para continuar con el mismo comportamiento personal y empresarial, de consumo y de inversión.
 
La reforma del IRPF y del impuesto sobre sociedades podría haber intentado –con todas las limitaciones– una modificación de ese comportamiento, animando a las familias, sobre todo, a ahorrar más, e invertir más a largo plazo en algo diferente que en viviendas. Para ello era imprescindible un descenso significativo de toda la escala impositiva y un cambio, en el mismo sentido, de la imposición sobre el ahorro. No se ha hecho nada de eso. El descenso del tipo marginal al 43% se compensa con limitaciones al ahorro para planes de pensiones, personales y de empresa. Es positivo unificar el tipo del impuesto sobre todo tipo de rendimientos financieros, pero en lugar de hacerlo sobre el 15% se hace sobre el 18%, con lo que se compensa, por una segunda vía, el descenso del tipo marginal máximo y el aumento del mínimo vital a 9.000 euros.
 
Dice el ministerio de economía que la menor recaudación por IRPF será del orden de 2.000 millones de euros. Una cifra mínima, el 0,22% del PIB, frente a un superávit público, en 2005, del orden de 9.000 millones de euros, el 1% del PIB. En las dos últimas reformas del IRPF, las del PP, el coste inicial, en frío, en forma de menor recaudación impositiva, se vio más que compensado por los ingresos adicionales que se lograron con el incentivo al crecimiento económico que significaron descensos significativos a la imposición, porque personas y familias reaccionaron positivamente a una menor presión fiscal trabajando más e invirtiendo más. Ese cambio de conducta no se va a producir ahora; el coste en menor recaudación será ese u otro mayor, porque no hay incentivos para que nadie ahorre más e invierta para su futuro.
 
Me parece positivo hacer más lineal el impuesto sobre sociedades, reduciendo el tipo y eliminando deducciones. Me parece absurdo el hacerlo en el plazo de cinco años. Y todavía peor me parece no haber aprovechado la ocasión para aproximar los tipos máximos de IRPF y de sociedades. La hacienda española cuenta, por primera vez en muchos años, con recursos para haberse propuesto ese objetivo. Nada impedía haberse propuesto igualar los tipos del IRPF y de sociedades en el 35%, por ejemplo. Esa igualación eliminaría incentivos a la creación de sociedades y habría sido una medida auténticamente justa, porque habría igualado a todos los contribuyentes ante la hacienda pública. La diferencia de tipos máximos entre IRPF y sociedades permite a las personas con mayores ingresos y recursos organizar parte de su actividad a través de sociedades, donde se pueden deducir gastos y pagar tipos menores que a nivel personal. El que tiene menos recursos, el que depende exclusivamente de una nómina, no tiene esa capacidad, tiene que pagar según la escala del IRPF que le corresponda. 
 
Una economía con menor presión fiscal y menor gasto público es una economía que puede ser más productiva. Una auténtica reforma debería haberse traducido en una menor presión fiscal.  El resultado final de la anunciada reforma es irrelevante a estos efectos, porque su escasa ambición no va a permitir que se produzca ningún cambio, ni en el comportamiento, ni en la estructura del gasto nacional total. La economía española seguirá creciendo según el patrón de los últimos años, hasta que la subida de los tipos de interés, el agotamiento de la demanda de viviendas o el exceso de endeudamiento familiar y nacional, se traduzcan en una restricción significativa al consumo, una disminución que no será compensada, como lo ha sido en Alemania, por ejemplo, en los últimos años, con un crecimiento significativo de las exportaciones, o de inversión más productiva.
 
En España, cuando se produzca el parón en el crecimiento del consumo se parará todo y la actividad se frenará bruscamente. No sabemos cuándo ocurrirá ese hecho, pero el brutal crecimiento del endeudamiento y los excesos de inversión en vivienda permiten asegurar que ese momento se ha adelantado. No; yo tampoco sé cuándo ocurrirá. Pero ocurrirá. 
 
II. El acuerdo con los nacionalistas catalanes
 
El coste para la administración central del acuerdo con los nacionalistas, no está todavía suficientemente definido, pero no cabe duda de que una nueva transferencia de recursos a las autonomías, sin ninguna competencia adicional de las que impliquen gasto, significa que habrá partidas de gasto, de las correspondientes a las competencias estatales, infraestructuras y gasto social básicamente, que disminuirán en el futuro. 
 
Por lo que sabemos hasta ahora, el porcentaje de recaudación que van a retener las autonomías, subirá hasta el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, lo que significa alrededor de 21.000 millones de euros más que en 2005. Esas transferencias se pueden pagar directamente o cargarlas al Fondo de Suficiencia, que en 2005 alcanzaba un total de 26.941 millones de euros (ese fondo completa las necesidades financieras de cada autonomía). Si éste es el caso, habría que recalcular la situación de cada autonomía, pues es evidente que Cataluña recibiría más de los 2.217 millones de euros que figuran en el fondo de suficiencia para cumplir sus objetivos. Ello implica una nueva negociación global con todas las autonomías pues, para las menos prósperas, los ingresos adicionales por esa nueva cesión de impuestos son mucho menores que para las más ricas. Y el resultado final, si todo se carga a ese fondo, que protagoniza la auténtica solidaridad entre los españoles, es que el propio fondo habrá desaparecido. Se habrán establecido las bases de un estado confederal.
 
Pero también podría ser que Cataluña recibiera, ella sola, un trato especial, que se sumaría a los cupos del País Vasco y Navarra. No sabemos todavía cómo se va a resolver el conflicto, pero los cambios tendrán que ser de orden mayor. Se abre una difícil negociación, en la que primarán, me temo, el sectarismo y la discriminación entre autonomías, una experiencia que ya tiene la Comunidad de Madrid.
 
Algún comentario adicional sobre el acuerdo con los nacionalistas sobre el Estatuto de Cataluña. A Cataluña se le garantiza que la inversión pública de la administración central será equivalente al peso económico de Cataluña en el PIB de España (el 18’5% del PIB). Se acabó el concepto de nación en lo referente a las inversiones públicas. Ya no habrá proyectos de inversión nacionales. Hay un reconocimiento de la independencia fiscal de Cataluña en el ámbito de la inversión pública. Los proyectos nacionales pasan a un orden indeterminado, y serán de difícil realización por la falta de recursos. Una excepción que inevitablemente se extenderá a todas las autonomías con lo que, en lo que es inversión, se sentarán, también, las bases de una confederación.
 
E, inconcebiblemente, a Cataluña se le reconoce, también, una deuda histórica, de alrededor de 3.000 millones de euros, que se concretarán en inversiones durante los próximos siete años; no conocemos cual ha sido el proceso para fijar esa cantidad, pero probablemente haya sido similar al de la negociación de España en el seno de la Unión Europea con la Comisión Europea. Al  final, la Unión Europea transferirá a España unas cantidades netas del orden de 6.500 millones de euros en siete años. El resto de España transferirá a Cataluña más de 3.000 millones de euros también en siete años. No cabe un reconocimiento más explícito de Cataluña como nación que este proceso de negociación en el que se fija, incluso, como provocación para el resto de los españoles, en los mismos siete años, el plazo para saldar esa supuesta deuda.

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