Quien cree en la libertad, simplemente cree en ella, no sólo como el mejor modo de vida sino también como la mejor cura para cualquier mal social. Quien cree que en "algunos casos" es necesario coartar la libertad, definitivamente no cree en ella. Pero no cree en ella para los demás porque se ofendería si alguien pretendiera quitarle la suya. El típico argumento contra la libertad es que "ningún derecho es absoluto", lo cual es cierto.
Pero que la libertad no sea absoluta no le da el derecho a nadie de coaccionar físicamente (por la fuerza policial) a ninguna persona. El libre mercado, por ejemplo, no significa que una persona es "libre" de comprar cualquier cosa; además, hace falta que el vendedor libremente quiera vender la cosa. Pero nadie tiene derecho, si quiero comprar y el vendedor quiere vender, a impedir vía represión policial que se haga la transacción. La libertad significa que nadie reprimirá con la fuerza física la capacidad de las personas de hacer cualquier cosa que no contraríe, o violente, la voluntad de otra persona.
Pero al presidente del Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, no le importa y ha presentado un plan que crea un consejo nacional de periodistas para regular a la "ruidosa" prensa nacional, lo que configura la amenaza más seria a la libertad de expresión desde la dictadura militar de dos décadas atrás. Este consejo tendría la autoridad para "orientar, disciplinar y supervisar" a los periodistas, quienes tendrían la obligación de registrarse en el organismo. Las sanciones por las violaciones de las reglas o resoluciones del consejo abarcarían desde multas hasta la revocación del registro oficial de reportero.
El gobierno brasileño también ha preparado una legislación para establecer la Agencia Nacional Audiovisual y Cinematográfica, que tendría la autoridad de juzgar si los programas de televisión están asumiendo la "responsabilidad editorial" y de exigir que aquellos que producen programas de televisión y películas trabajen "en armonía con los objetivos del desarrollo social del país".
"En una sociedad, ningún derecho es absoluto", aseguró Luiz Gushiken, principal asesor de Lula da Silva en materia de comunicaciones. El gobierno ha descrito el alboroto contra la legislación como un ejemplo del tipo de abuso de los medios que el nuevo sistema impediría. "Están tratando de restringir el debate con gritos, de ganar mediante una conmoción, y eso es autoritarismo", manifestó José Dirceu de Oliveira e Silva, jefe de Gabinete de Lula. "¡Ustedes son una banda de cobardes, eh! Cuando apoyen el proyecto del Consejo de Periodismo les doy una entrevista", le dijo Lula a un grupo de periodistas.
El gobierno está frente a una serie de alegatos de corrupción e irregularidades administrativas, sobre las que los medios vienen informando ampliamente, pero ha negado cualquier relación entre esos incidentes y el momento en que se presentan los planes para regular la prensa. "Estamos navegando sobre una ola de acusaciones en Brasil", señaló el ministro de Justicia. "Estas son acusaciones sin una verificación".
Todo esto lo hemos sabido gracias a Larry Rohter, corresponsal del New York Times. Hace cinco meses, Lula intentó expulsarlo del Brasil por publicar una nota sobre su supuesto exceso de consumo de alcohol y ordenó cancelarle la visa de trabajo, pero luego el gobierno tuvo que retroceder debido a la repercusión mundial negativa. La última vez que un gobierno brasileño expulsó a un periodista fue hace más de 30 años, durante la dictadura. Ahora, Lula da Silva volvió a entrar en conflicto con el periódico.
El señor Rohter, en realidad, parece no saber que el proyecto fue propuesto por la Federación Nacional de Periodistas. De hecho, el artículo del New York Times no informa ese detalle, se quejó el secretario de Prensa de la Presidencia de Brasil, Ricardo Kotscho, al periódico. Pero resulta que la Federación Nacional de Periodistas es un sindicato que responde al gobierno y que la idea de "orientar, disciplinar y fiscalizar" a los periodistas surgió después de una ola de denuncias de corrupción contra funcionarios, publicadas por la prensa.
Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Investigaciones de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) de Buenos aires.