La otrora pujante Argentina, que llegó a estar entre las diez naciones más ricas del mundo a principios del siglo XX, convirtiéndose en uno de los países que más atraía la inmigración, hoy ostenta un récord muy diferente: es el país de Latinoamérica con más trabajadores informales, 53% fuera del sistema laboral legal. Sin embargo, un país de muy similares características como es Uruguay, con una política socialista en lo que a leyes laborales se refiere, tiene 34% de informalidad laboral. Peor aún, agosto de este año, a pesar de que el Gobierno argentino contrató a 28.000 nuevos empleados (como si tuviera pocos), el empleo formal creció 0,6%.
Como señala Gustavo Lazzari de la Fundación Atlas, los seis millones de inmigrantes que vinieron a la Argentina entre 1853 y 1930 estaban protegidos por sólo seis artículos del Código Civil de 1871. Pero no había desempleo; los trabajadores, los inmigrantes y el país progresaban como nunca lo habían soñado. Pero luego, particularmente durante el Gobierno fascista de Perón, se legislaron decenas de miles de leyes, convenios, decretos y reglamentos para, supuestamente, proteger a los trabajadores. Así, Argentina es hoy un país de emigrantes, con la paradoja de que los nietos de aquellos que vinieron de España e Italia están de regreso a esos países.
¿Por qué los trabajadores "protegidos" por el Estado, los sindicatos, los "líderes sociales", la prensa izquierdista, los jueces y abogados "laboralistas" forman fila en los aeropuertos para irse del país? La ley laboral impuesta por la fuerza policial del Estado provoca el desempleo y la pobreza; impone tantos costos y regulaciones que quienes tienen que contratar trabajadores hacen todo lo posible por evadirla.
Por ejemplo, una pequeña o mediana empresa con 20 años de edad en Argentina, con 25 empleados a quienes paga un sueldo promedio de mil pesos (340 dólares), si dentro de diez años decide cerrar el negocio, el monto a pagar por concepto de indemnizaciones será de 1.500.000 pesos (500.000 dólares). Es decir que dentro de diez años tendrá ese pasivo, independientemente de cómo le haya ido al negocio y solamente por haber cometido la imprudencia de contratar trabajadores legalmente. A todo esto hay que sumarle que la presión impositiva general llega a 60%.
Además de la informalidad, el paro es del orden del 20% y los salarios son los más bajos de la historia argentina. El ingreso promedio de todos los que tienen empleo (formal o informal), es de 645 pesos (220 dólares) mensuales. Eso no alcanza para cubrir la cesta básica de 735 pesos (255 dólares) de una familia típica. Consecuentemente, el 48% de la población es ahora pobre, cuando hace 30 años el 33% de la población pertenecía a la clase media.
Como si tanta demagogia no fuera suficientemente dañina, el Senado argentino aprobó un proyecto de ley para impedir que las empresas de servicios públicos corten el servicio a los deudores morosos, sin antes celebrar una "audiencia de conciliación". Es decir, se invita a los usuarios a no pagar. Las filiales argentinas de las empresas españolas, que tienen en conjunto más de 20 millones de clientes y una morosidad que alcanza en algunos casos el 10%, han reaccionado con presteza. Ojalá que el proyecto de ley no sea aprobado por la Cámara de Diputados, pero a lo mejor decide que hablar por teléfono sin pagar nada es un derecho de todos los argentinos.
En fin, mi país parecía tener un destino europeo, pero hoy nos parecemos cada día más a África.
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Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Investigaciones de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) de Buenos Aires.