La violencia, la impunidad y los abusos policiales fueron las principales violaciones a los derechos humanos en 2004, según el reciente informe anual de Human Rights Watch. Las fuerzas de la ONU se confunden en las calles con los habitantes en Haití, país donde según HRW más gravemente se violaron los derechos humanos. No es casual que, precisamente, en países en donde el Estado es más grande, la violación de los derechos sea peor. Sucede que los gobiernos, del modo en que los conocemos hoy, tienen la capacidad de decidir arbitrariamente -bajo la excusa de defender los intereses nacionales- y terminan enlodados en corrupción e involucrándose en todo tipo de violaciones.
La corrupción, la falta de transparencia, el uso excesivo de la fuerza policial, la tortura y prisiones inhumanas son temas de preocupación para HRW que analiza la situación de los derechos humanos en sesenta países, entre ellos diez en América Latina, y destaca los "serios problemas" en los sistemas judiciales de la región que favorecen la impunidad. Pero lo que me llama más la atención es que siempre resultan impunes los dueños del Estado: los políticos y altos funcionarios. Por otra parte, parece que el derecho natural de propiedad (nada menos que el resultado del trabajo) no importa mucho.
En Argentina, el gobierno de Duhalde confiscó miles de millones de dólares a los ahorristas y nadie fue condenado por ese fraude, como si ese brutal robo hubiera ocurrido por “causas naturales” ajenas al hombre. Lo mismo con la deuda del Estado: creció de manera disparatada hasta que ya no pudieron seguir con el plan y los políticos decidieron declarar la cesación de pagos. Pero ninguno fue condenado por estafa a los inversionistas. Ahora se pretende salir de la cesación de pagos, pero no haciendo un honesto recorte de gastos y vendiendo propiedades estatales de manera de devolverle a los inversionistas su dinero, sino siguiendo con la misma irresponsabilidad e impunidad.
Así, días atrás empezó el canje de los títulos públicos argentinos por otros que se pagarán (¿de verdad?) con un importante descuento que ronda el 70% de la deuda total con los acreedores privados. Por cierto que los privilegiados multiestatales como el FMI no sufrirán de ninguna reducción. La operación de canje finaliza el 24 de febrero, para cuando el gobierno espera obtener la aceptación del 50% de los acreedores, y el resto a quién le importa.
Desde diciembre de 2001 (cuando la deuda argentina sumaba 144.500 millones de dólares), se pagaron intereses y vencimientos de capital por 8.000 millones de dólares, con la pesificación (la conversión forzada de dólares originales a pesos devaluados) la deuda bajó unos 10.000 millones de dólares y con la rebaja planteada otros 38.000 millones. Pero con la emisión de nuevos bonos, nueva deuda, la deuda reestructurada (si termina el canje) trepará a unos 125.000 millones de dólares, equivalente al 85% del PIB contra 57% antes de la cesación de pagos.
Tras el canje, el FMI debería refinanciar los vencimientos. Aun así, la deuda hasta 2010 absorberá 8.000 millones de dólares anuales, 20% de la recaudación fiscal. Se cancelarían esos vencimientos con el superávit fiscal (6.000 millones de dólares) y con nueva deuda. Así el gobierno forzará la compra de nuevos bonos y obligará a los bancos a refinanciar parte de sus títulos de deuda del Estado.
Ante el poco respeto que se muestra por el sector privado, sigue la fuga de capitales. Los activos argentinos fuera del país que alcanzaban 50.000 millones de dólares en 1991, hoy rondan por los 120.000 millones de dólares. Argentina no solo no tiene financiamiento, sino que gira al exterior unos 13.000 millones de dólares anuales: 5 mil millones en fuga de capitales y 8 mil millones por pagos a la deuda.
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Alejandro A. Tagliavini es miembro del Departamento de Investigaciones de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) de Buenos Aires.
