La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha pedido la negociación de un convenio colectivo que regule las condiciones de trabajo de los profesores de religión. Quieren que el Estado sea, a todos los efectos, el empleador de estos profesores, y para que se garantice el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que sea más acorde con sus creencias, no permitirán que se deje fuera del convenio a ninguna de las Iglesias representadas en nuestro país.
La solución que proponen es tan simple, que lo que no llego a comprender es cómo no la pusieron en práctica durante los 14 años que los socialistas gobernaron en España. Se trata de implantar una asignatura obligatoria para todos, pero con dos “opciones”: Religión, que podrá ser católica, protestante, judía o musulmana, y Formación Moral. Los profesores gozarán de los mismos derechos y obligaciones que los de otras asignaturas. Los obispos o representantes de las diferentes iglesias podrán seguir eligiendo a sus candidatos; pero, en el caso de que no sean “aptos” para seguir con su cometido, el Estado deberá hacerse cargo de ellos, recolocándolos para dar clase de Moral o de cualquier otra cosa.
La solución es perfecta para la izquierda, ya que encarece la enseñanza pública y permite crear nuevos puestos de trabajo que, antes o después, serán de funcionarios. Pero es que, además, el programa de esa nueva asignatura llamada Formación Moral, les va permitir controlar la doctrina que se quiera inculcar en los estudiantes. Tendrán, por fin, un foro desde el que trasmitir todos esos valores que gustan a los profesores “progres”, y que van encaminados a convencer a la juventud de que la culpa de todos los males que hay en el mundo es del desenfrenado capitalismo, de la globalización y de la explotación a la que el todopoderoso mundo occidental somete a los países más desfavorecidos.
A no ser que el nuevo encarecimiento de la seguridad ciudadana obligue a frenar el despilfarro que supone una mala enseñanza pública, no parece que nada ni nadie vaya a impedir un nuevo sablazo al contribuyente que permita adoctrinar convenientemente a nuestros escolares.
En el mejor de los casos, si la propuesta “progresista” tiene éxito, se habrá dado un paso más para garantizar el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación moral más acorde, no con sus convicciones, sino con las del funcionario de turno que le haya tocado como profesor a su hijo.
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