No son muchos los cambios que el anteproyecto de la nueva Ley de Universidades hace sobre la ya vieja LRU y, sin embargo, los rectores han plantado cara al ministerio y piden, como condición imprescindible para empezar la discusión de la nueva ley, que retire dos de sus propuestas: la que regula la forma de elección del rector y la que modifica la actual composición de la Junta de Gobierno, máximo órgano que dirige la Universidad.
Actualmente, esta Junta de Gobierno, presidida por el rector, se rige por los estatutos de la propia Universidad. Si la nueva Ley de Universidades saliera adelante, la Junta de Gobierno sería sustituida por un Consejo de Gobierno formado por un máximo de 30 miembros, de los cuales una tercera parte estaría designada por el rector, otra por el Claustro y la tercera restante la formarían miembros del Consejo Social no pertenecientes al mundo universitario. Esta intromisión del Consejo Social, es decir de gente ajena a la propia Universidad, es lo que los rectores no están dispuestos admitir.
Como tampoco están dispuestos a admitir que para elegir al rector se tenga en cuenta el voto de toda la comunidad educativa y no sólo el de sus representantes en el Claustro, como sucede ahora. Se oponen al cambio alegando razones económicas y para evitar que se “favorezcan las injerencias externas”.
Sin entrar a discutir si se ha llevado bien o mal el trabajo de los elaboradores de este anteproyecto de ley, está claro que los rectores no está dispuestos a perder un ápice de poder. Por eso temen la intromisión de las “personalidades de la vida cultural, económica y social, en ningún caso miembros de la propia comunidad “ que formarán parte del Consejo Social, y por eso también se oponen al nuevo sistema de elección de rectores. A lo largo de estos más de quince años han aprendido a controlar las decisiones del Claustro y no quieren correr los riesgos de un desconocido sufragio universal.
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