Debo reconocer cierto escepticismo ante las mejoras que, en nuestro sistema educativo, introducirá la proyectada Ley de Calidad de la Educación. Pero el plante del martes, el abandono del Pleno del Consejo Escolar del Estado de los que se autodenominan “consejeros progresistas”, puede ser un síntoma de que esta Ley va por el buen camino.
Un plante que, por otra parte, no resulta demasiado inesperado si se tiene en cuenta que cualquier artículo de la Ley que atente contra el intocable principio de la comprehensividad será siempre rechazado por los defensores dogmáticos de LOGSE.
Por otra parte, todo apunta a que la actitud de los 30 consejeros que el martes abandonaron el Pleno obedece a esa decidida intención de la izquierda de trasladar “a la calle” sus reivindicaciones cuando, al utilizar los cauces democráticos, no tienen posibilidad alguna de progresar.
Para justificar las movilizaciones callejeras resulta muy fácil acusar al Gobierno de autoritarismo, de falta de diálogo, de imposición y hasta de “secuestro de la libertad de opinión y de la democracia”, como dijo el martes, mientras abandonaba el Pleno, el secretario general de enseñanza de CCOO, Fernando Lezcano.
Pero es que ese autoritarismo que tanto molestó a los 30 consejeros fue, sencillamente, que sumaban menos de la mitad de los votos y no podían, democráticamente, sacar adelante sus propuestas. Algo que suele ocurrirle a la oposición en las mayorías absolutas. Aunque el PP haya sido votado por la mayoría de los españoles, la izquierda, que se cree con el monopolio de la educación, no está dispuesta a admitir que personas ajenas a los grupos pedagógicos que ella controla decidan, sin su consentimiento, nada que tenga que ver con la enseñanza. Están convencidos de que las reglas de la democracia no deben regir cuando se pisa el sagrado terreno de la educación.
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