El pasado lunes Victoria Camps, tras asegurar en La Vanguardia que “la LODE había dado un paso de gigante hacia la igualdad de oportunidades, extendió la educación a todo el mundo y lo hizo legitimando el sistema dual que tenemos”, acusaba a los centros concertados de cobrar, en concepto de “extras”, unas cantidades que no todo el mundo se puede permitir, lo que está provocando, según ella, una desigualdad no prevista por la ley socialista que regulaba los conciertos económicos del Estado con la enseñanza privada.
Frente a las cifras que la Consejera de Educación de Cataluña, Carme Laura Gil, suele poner sobre la mesa, las cuentas que hacía Victoria Camps para demostrar las irregularidades cometidas por los colegios concertados resultaban un poco ridículas. Pues los datos de la Consejera catalana hablan de que un niño en escuela pública cuesta 600.000 pesetas al año mientras que en un colegio concertado sale por 300.000.
La indignación de Victoria Camps se ha desatado ante el hecho de que los colegios concertados exigen una matrícula de algo más de 30.000 pesetas. Lo que yo no me llego a explicar es cómo se las arreglan estos centros concertados para ofrecer por 330.000 pesetas el mismo, o mejor, servicio que el que el Estado da por 600.000.
Ahora, cuando casi todo el mundo se atreve ya a hablar de descomposición de nuestra enseñanza pública, los ojos se vuelven hacia ese otro sistema, favorecido y regulado por las leyes socialistas, que es la escuela concertada. Los padres ven en ella una solución al alcance de sus bolsillos. A la Administración le resulta mucho menos costosa. En cuanto a los profesores que gastan sus energías en las aulas de los centros estatales, piensan que los colegios concertados hacen trampas, que seleccionan arbitrariamente a los alumnos, que expulsan a los malos estudiantes de los colegios y que, al final, son ellos, los profesores de la pública, quienes, cada día más desbordados, deben ocuparse de los alumnos conflictivos.
Y es que, en cuanto las aguas de la educación se remueven, salen a flote eternas cuestiones que nunca han quedado bien resueltas, como son la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, la igualdad de oportunidades y la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza.
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