La Concertación por la Democracia se aleja de esta última, para aproximarse al socialcorporativismo, al estilo de los años cincuenta o de los viejos fascismos.
Aumenta el poder del Estado discrecional, junto al de los grupos de interés, en perjuicio de la gente. Esta es cada vez menos interpretada por los partidos políticos, que se concentran en hacer leyes inútiles, de corte represivo o de más impuestos en favor de ciertos electores, productores o gremios, o bien en subir los ingresos de parlamentarios, ministros, presidentes y jefes diversos, con todo desparpajo, como se ve en estos días. Todo eso matizado con costosas campañas de propaganda, que recuerdan a Hitler o Mussolini. La política educacional está en manos del Colegio de Profesores. Estos, junto a los dictadores de la cultura, se suben los sueldos, fijan los programas y producen una mala educación.
La de la salud está a cargo de los gremios del área, y aunque sus remuneraciones se han duplicado, la calidad ha empeorado. El Colegio Médico trata de prohibir la competencia de los extranjeros e impide su servicio gratuito a los pobres, como ocurrió recientemente en Punta Arenas. Las recetas retenidas aumentan sus rentas, al igual que oponerse a las nuevas escuelas de medicina. Los químicos gozan de contratación obligatoria en las farmacias, que tienen monopolio en la venta de medicamentos.
Ciertos grupos de agricultores, capitaneados por la empresa Iansa S.A., hacen la política del sector, pautan a los negociadores de acuerdos comerciales y encarecen los alimentos en su favor, a costa de los pobres y de la agricultura de exportación. Todo con la protección de los parlamentarios denominados "bancada agrícola".
Los productores de acero ya consiguieron su protección, como los del azúcar y otros menores, que no citaré para no molestar, aunque debo mencionar, por decimoctava vez, el gravamen extraordinario logrado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para encarecer la importación de ropa usada. Dicho grupo de interés defiende a los que tienen empleo inamovible y reajuste automático, en desmedro de desocupados, inactivos, jóvenes y pobres. Ha capturado a la Dirección del Trabajo y su ejército de inspectores arbitrarios y a políticos corporativistas. Los taxistas lograron prohibir el ingreso de nuevos trabajadores al sector y los dueños de buses usan al Estado en su campaña contra competidores que califican de "piratas". Y los recorridos monopólicos de micros, para otra ocasión.
Dicen que los dirigentes laborales coadministran las empresas y servicios del Estado y que la reforma de este último es imposible por la oposición de los gremios, que tienen "capturados" a buena parte de los parlamentarios.
Hay una concertación de políticos y grupos de interés para limitar la competencia y cobrarnos más caro. Hay otra –o la misma– para subirnos los impuestos y repartirse el botín.
El Estado crece y se multiplican las leyes que encarecen la vida, limitan nuestra libertad y el emprendimiento y abren las puertas a la corrupción.
Junto con las regulaciones aparecen más inspectores que molestan a los que trabajan. Esas regulaciones, además, generan barreras a la entrada de nuevos competidores, como en el caso de la normativa ambiental, de la salud y de variados permisos municipales. Sobre la pesca, la electricidad, la intermediación financiera y las telecomunicaciones, podrían decirse cosas parecidas. Como de las compras de tierras con sobreprecio y los créditos brujos de entidades públicas.
Quizás sería más práctico reemplazar a algunos parlamentarios, políticos y funcionarios por representantes de los grupos de interés y asignar un pago mensual, de por vida, a algunos “concertados”, con el compromiso de que no nos ayuden más.
Capaz que salgamos ganando.
Alvaro Bardón es profesor de Economía en la Universidad Finis Térrea y fue presidente del Banco Central de Chile.
© AIPE
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