Han sido varias las alternativas que las distintas leyes han dado a la cuestión de la asignatura de Religión para garantizar el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones. La Ley de Calidad del Partido Popular, propuso una asignatura, “Sociedad, Cultura y Religión”, en que profesores de historia o filosofía instruyeran sobre el hecho religioso de forma aconfesional, pero existiendo la alternativa de estudiar la misma asignatura de forma confesional. De este modo, se garantizaba una formación equitativa sobre el fenómeno de la religión, siendo los padres quienes pudieran elegir su estudio confesional o aconfesional en cada centro.
Otra opción es la de la izquierda, que se basa en último término en eliminar cualquier relación entre religión y educación (la cual debe corresponder sólo al Estado), excluyendo del currículum su enseñanza pero ofreciendo, para cumplir con la Constitución, una opción de estudio confesional de la Religión fuera del horario, asegurando que la enseñanza del hecho religioso cabe en los abultados temarios de Historia. Con esto parece que se garantiza, aunque se dificulta por suponer comparativamente mayor carga lectiva, el acceso al estudio confesional de la religión, aunque inevitablemente supone un déficit de formación sobre la historia del hecho religioso para el resto.
El hecho de que la escuela pública, cuyo titular es un Estado aconfesional, ofrezca y financie, de una u otra forma, una enseñanza confesional se justifica en que no todos los padres que piden una educación religiosa pueden acceder a un centro confesional, aún estando éstos homologados por el propio Estado, y aún pagando los padres sus impuestos. Dicho de otra forma, que un Estado aconfesional ofrezca una asignatura confesional, del modo que sea, se justifica en que es ese mismo Estado el que está impidiendo el acceso a centros religiosos que él mismo ha autorizado, a través del control de la financiación. La solución liberal a todos estos problemas causados por las distintas intervenciones del Estado consistiría en que éste no interfiriera en la elección de centro, y que el dinero de la educación siguiera al usuario al centro homologado elegido, siendo los propietarios del centro los que decidieran sobre la cuestión confesional, dentro de una regulación mínima de los contenidos formativos. Y qué mejor forma para facilitar la elección que dar el dinero de la educación directamente a la familia, o sea el cheque escolar, medida vedada del debate público pero a la que inevitablemente conduce cualquier razonamiento liberal, no sólo en torno a la mejor forma de garantizar derechos de padres y centros, sino en relación a la mejora de la calidad de centros públicos y privados a la que conduce un aumento de la competitividad y una mayor libertad para usuarios y empresas.
Toda familia podría hacer que el dinero que el Estado les ha sustraído para después dedicar a la educación de sus hijos sirva para financiar un centro acorde con sus convicciones, siempre que éstas sean acordes con la Constitución. Se privatizaría así la asignatura de Religión, siendo el propietario del centro el que ofrecería uno u otro modelo. Tan sólo se regularía la instrucción mínima respecto al hecho religioso, como se hace con cualquier otra materia, y ni siquiera habría necesidad de especificar si dentro de Historia o como una asignatura aparte. Si la homologación de los centros se hiciera evaluando a los alumnos y no con burocracia e inspecciones, ya se organizarían los centros para formarlos lo suficiente. Y si hubiera exámenes vinculados a la promoción de curso y a la obtención de títulos académicos, ya estudiarían los alumnos; los exámenes, si tienen trascendencia, no sólo evalúan sino que son un incentivo al esfuerzo. En definitiva, la mejor solución al eterno dilema sobre la clase de Religión es privatizarla, y dejar que sea la oferta y la demanda la que establezca el modelo. Así, se cumple el precepto constitucional de que los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas, pero no en la elección de una asignatura, sino de un centro autorizado.
Al acabar con la anomalía de las distintas ofertas de estudios confesionales en la escuela pública, se evitaría que el Estado tuviera que responder a minoritarias demandas de enseñanzas confesionales vinculadas a religiones que propugnan valores de dudosa constitucionalidad. En la situación propuesta, la escuela pública debería ser tan aconfesional como el Estado, propietario de estos centros. Ya no habría motivo para ofrecer en la escuela pública una asignatura confesional, pues quienes la quisieran habrían podido acceder a un centro confesional con las mismas oportunidades que a uno laico, o incluso con más, al ajustarse la oferta a la gran demanda de educación confesional. Y, por último, una escuela pública laica sería más eficaz en la integración de los inmigrantes, pues tendría si cabe mayor legitimidad para imponer sus normas de convivencia a alumnos de todo origen o procedencia, frente al lamentable espectáculo actual de niñas musulmanas que asisten a clase tapadas por un velo islámico, eso sí, con el respaldo de la izquierda laicista y feminista, que contempla este fenómeno misógino como "multiculturalismo".