Parecen muchos años, algunos más de los que técnicamente forman la amplitud de una generación: 30 años. Son los que separan la edad de los padres de la de los hijos. Pero el lapso de 40 años es una especie de constante histórica en la política de la España contemporánea. Más o menos ha sido la duración de los regímenes políticos más estables que hemos tenido en la España del último siglo y medio. Por ejemplo, hace cien años se dio por finiquitado el régimen que se llamó del turno pacífico, por el que se alternaban en el poder conservadores y liberales. Lo había inventado Cánovas en 1876. Aunque el texto constitucional permaneció vigente hasta 1931, a partir de 1917 se acabó el turnismo, que había significado un largo periodo de estabilidad y de relativo progreso. A partir de la huelga revolucionaria de 1917 advino un caótico pluripartidismo que condujo a la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la República y la guerra civil. Todo se sucedió a ritmo cinematográfico.
Qué decir del régimen de Franco, oficialmente una "democracia orgánica", que perduró también 40 años. Comprendió un primer hemistiquio con ínfulas totalitarias y un segundo de autoritarismo templado. Este último dio lugar a un inusitado desarrollo económico e incubó el repertorio de fuerzas que iban a preparar la "transición democrática".
Con la muerte de Franco (en una cama de la Seguridad Social) se inauguró la transición democrática, que ha llegado hasta ahora. Se diseñó principalmente por las mismas fuerzas que habían funcionado de hecho durante la segunda mitad de la etapa franquista, legales y extralegales. Por eso se impuso ese término de transición. Simbólicamente, el texto constitucional de 1978 aparece encabezado por el escudo de España que utilizó Franco durante todo su mandato.
La Constitución de 1978, recibida con muchas esperanzas, cumple ahora 40 años. Su principal innovación fue el consenso, una especie de réplica del turno pacífico canovista. Ahora se trataba de la alternancia de los populares o centristas y los socialistas. Se añadió la necesaria colaboración de los nacionalistas vascos y catalanes con el Gobierno de turno, previo paso por ventanilla.
En el activo del régimen democrático hay que anotar la definitiva modernización económica y social del país. El pasivo, durante el último decenio, ha sido una severa crisis económica, de la que todavía no hemos salido. Se añade otro trastorno, aún más básico, la corrupción política de casi todos los Gobiernos y el fracaso del llamado Estado de las Autonomías. Este último ha sido el avance más celebrado de la Constitución de 1978. No son dos sucesos independientes entre sí. Tan severos son que seguramente significan el final de régimen de la transición democrática.
Un indicador del sistema político que fenece es el agotamiento de la fórmula de la alternancia de los dos grandes partidos fundacionales, el Popular y el Socialista. Han demostrado su incapacidad para lidiar con el principal problema que nos ha dejado el fracaso del Estado de las Autonomías: la desmembración territorial de España. El sistema bipartidista, que, mal que bien, ha venido funcionando hasta ahora, cede ante las varias versiones de partidos populistas que ahora medran. Se distinguen formalmente por no incorporar la palabra partido a sus marbetes. Por ejemplo, Ciudadanos, Podemos y Vox, entre otras variopintas denominaciones de tipo local y regional.
Los infortunios son tan radicales que hacen inviables los distintos intentos para reformar la Constitución. Se impone un nuevo texto para acomodar las nuevas realidades. A ver quién le pone el collar al galgo.