No me refiero al mayor merecimiento de los ilustrados españoles del siglo XVIII, empeñados en introducir obras públicas y otras mejoras de la vida colectiva, como las Academias o la Lotería Nacional. Me concentro en una serie de decisiones arbitrarias para reconducir los usos y costumbres del pueblo español. Un ejemplo típico es el decreto del ministro Esquilache (1776) por el que abolía el hábito masculino del chambergo (sombrero de ala ancha) y la capa larga. El propósito era la minoración de los delitos cometidos por los mozos embozados. En lugar del atuendo tradicional, había que pasar a la capa corta y al sombrero de tres picos. (Por cierto, el extraño tricornio de la Guardia Civil se diseñó a partir de esa historia). La nueva ordenanza generó un sinfín de protestas y revueltas, lo que se conoce como el Motín de Esquilache. El ministro se vio obligado a dimitir y regresar a Italia. La verdad completa fue que los alborotos callejeros se produjeron, más bien, por una irrefrenable alza de los precios de muchos productos básicos. No obstante, el famoso motín quedó para la historia como una reacción popular contra la arbitrariedad de la indumentaria decretada por Esquilache, por otra parte un político muy competente: formaba parte del equipo de Carlos III como virrey de Nápoles.
Pues bien, la deliciosa historia del sombrero de tres picos se reproduce hoy con sorprendente continuidad. El Gobierno actual se ha propuesto alterar ciertas costumbres ancestrales del honrado pueblo español. Así, se ha empeñado en reducir el hábito de comer carne roja y adaptar al personal a una dieta vegetariana. No importa si al ministro de Consumo (comunista, por más señas) se le ha visto embaularse sabrosas raciones de jamón en ciertas celebraciones. Mayor locura es la de lograr que los españoles nos acostumbremos a tomar hamburguesas de vegetales con apariencia de carne. Se habla, incluso, de proscribir las bebidas alcohólicas en los menús populares de los restaurantes. Con el mismo ímpetu salvífico, las autoridades obligan a los panaderos a reducir la tradicional proporción de sal en los bollos de pan. Antes, se impuso la norma de moderar el consumo de bebidas azucaradas.
Otra arbitrariedad es la que se deriva del consejo del Gobierno para que los automóviles, circulando por las autopistas, no pasen de los cien kilómetros por hora. Ya se prohibió que en los adelantamientos de los vehículos en carretera no supere el límite de velocidad. (Por cierto, con la nueva medida aumentaron los accidentes). Hay más. Ante las especulaciones sobre el inefable cambio climático, el Gobierno recomienda que el aire acondicionado se mantenga al mínimo de intensidad o que las calefacciones rebajen el termostato algunos grados. Más graciosa es la recomendación oficial para que los españoles se pasen al coche eléctrico, aunque sea más caro que el de carburante. No queda muy claro el argumento oficial de que el vehículo eléctrico sea menos contaminante que el tradicional. Además, la producción de energía eléctrica no es siempre limpia y sostenible. Es decir, indirectamente, el consumo de electricidad también contamina.
Puestos a promover arbitrariedades sin mucho sentido, el Gobierno actual intenta que desaparezcan las notas escolares y que los suspensos no detengan la carrera académica de los alumnos. Sería la forma tajante de reducir las alarmantes cifras de abandono escolar. El monumento al capricho político es que muchos niños españoles no puedan seguir las clases en la lengua común de la nación. Todo eso junto supera, con mucho, la tropelía del bueno de Esquilache. En realidad, los españoles hodiernos padecemos una especie de prepóstero despotismo sin ilustrar. No me extrañaría que de un momento a otro estallara algún tipo de motín. En el fondo, se reproduciría la protesta por la incontenible subida de los precios de los artículos más necesarios.