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Amando de Miguel

La ley del balduque

La mitosis burocrática se aprecia muy bien en el esquema del nuevo Gobierno.

Amando de Miguel
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Permítaseme la sinécdoque. El balduque era la cinta roja con la que se ataban los expedientes y legajos de toda índole en las oficinas públicas. La palabra viene de Bois-le-Duc, una ciudad flamenca que tenía el monopolio de proveer de tales cintas a la burocracia de la España imperial. Durante un tiempo fue la más adelantada del mundo. Yo todavía he llegado a ver las últimas carpetas con balduques en algunas oficinas públicas. El aspecto crítico que transmiten la burocracia y el balduque equivale a los males del papeleo, que no solo subsisten, sino que se han incrementado.

Es sabido que la burocracia pública (y en ocasiones la privada) tiende a reproducirse por una especie de mitosis. Es decir, con el tiempo cada unidad administrativa se desdobla en otras dos o más, y el proceso continúa. Por eso nunca se verá que un edificio de oficinas públicas ponga en la fachada el cartel de "Se alquila". Al contrario, en todas las ciudades el Estado (central, regional o local) ocupa cada vez más locales de oficinas, que antes eran privados.

La mitosis burocrática se aprecia muy bien en el esquema del nuevo Gobierno. Podría haber un solo departamento ministerial que se ocupara de la educación, las universidades y la investigación científica. Pero, a la escala del Gobierno central, son tres los ministerios que asumen tales tareas. En cuyo caso se comprende la última decisión del nuevo Gobierno que ha creado un rutilante organismo de coordinación de los ministerios del ramo de la enseñanza. Nótese que, previamente, casi todas esas competencias se han transferido a las mal llamadas ‘comunidades autónomas’. El resultado es que son muchos cientos de miles los funcionarios en toda España que administran las tareas docentes o investigadoras. Los resultados no parecen muy estimulantes. El primer Premio Nobel científico que produjo la Universidad española fue también el último: en 1905.

Al Gobierno todavía no se le ha ocurrido que las tareas de dirección económica se alojan en varios ministerios: Hacienda, Economía, Consumo, Agricultura, Transición ecológica y alguno más. La función principal de esos departamentos es la de poner dificultades a la actividad económica de las empresas y gravarlas con los correspondientes impuestos, que cada vez son más. Es tal la ingente tarea controladora que el Gobierno tendrá que decidir pronto la implantación de un nuevo organismo de coordinación administrativa para integrar los servicios de los ministerios dichos.

El proceso de mitosis burocrática se extiende a otros muchos niveles. Por ejemplo, en la Edad Media se crearon las Cortes o Parlamentos para que se sentaran a dialogar los representantes políticos de los estados. Pues bien, hoy, además, de las Cortes y de los Parlamentos autonómicos, se está pensando en crear mesas de diálogo para reforzar tal función de toma de decisiones políticas.

El proceso que digo resulta imparable. El conjunto de las Administraciones Públicas en España equivale a la principal empresa del país. Es lógico, por tanto, que, para mantener tal organigrama, nos cueste un esfuerzo fiscal creciente a los contribuyentes, que somos todos.

Creo que la literatura de las ciencias sociales ha hipostasiado el papel racionalizador de la burocracia pública, más que nada porque los autores de tales teorías suelen ser ellos mismos funcionarios en su más amplio sentido. Pongamos un caso particular que conozco muy bien. El paciente de un hospital español no puede tramitar por ordenador ciertos datos que se refieren al estado de su salud. Lo impide la malhadada Ley de Protección de Datos, que está hecha realmente para proteger la comodidad de los médicos (funcionarios realmente). Es un hecho que se acomoda a muchos otros casos: el servidor público intenta protegerse de las posibles molestias que significan las demandas de los simples ciudadanos, teóricamente sus clientes. Es decir, la burocracia, como su mismo nombre indica, es una forma de poder, con frecuencia opresivo o por lo menos caprichoso, incluso en democracias que se dicen avanzadas.

El poder de los altos funcionarios se traduce en que ellos mismos deciden hacer favores a través de la creación de nuevos cargos y despachos. En su virtud, resulta inexorable la ley que hace crecer los efectivos de cualquier unidad administrativa; la ley del balduque, podríamos decir. En conjunto, la plantilla de funcionarios de todos los niveles y condiciones compone la principal actividad económica del país. Alguien sugirió el remedio mágico para acabar con la rémora del ejército de parados en la economía española: hacerlos a todos funcionarios y darles un puesto en la Administración. No es broma; se trata de la solución que adoptan muchos Estados sedicentemente socialistas.

Durante media vida he sido funcionario y siempre he sido sujeto pasivo de toda suerte de servicios públicos. Mi experiencia me dice que la Administración Pública se halla más cerca de la rutina, el corporativismo, el parasitismo y el poder personal que de la racionalidad y la eficiencia. Un dato estratégico es que casi todos los estudios que se han realizado en España sobre la burocracia pública los han firmado funcionarios. No voy a ser yo una excepción de tal constancia.

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