Tras un par de semanas hablando, leyendo y discutiendo sobre la presión de la inmigración subsahariana, lo verdaderamente extraordinario es que haya alguien que todavía se sorprenda al escuchar las reacciones que manifiestan las distintas partes implicadas en los sucesos acaecidos en la frontera sur de Europa. Cada cual está respondiendo según el papel que se ha adjudicado en esta tragedia que lleva años sin resolverse. Se trata de un asunto delicado, con múltiples aristas que hay que enfrentar sin demagogia, con responsabilidad y decisión. Primera cuestión.
Es el momento de asumir que España está amenazada por una bomba de relojería que convendría desactivar cuanto antes. Para desactivarla, hay que ponerse a trabajar en serio y obviar a los que utilizan el asunto con la vista puesta en las Elecciones Europeas y se ayudan de organizaciones subvencionadas por el contribuyente, cuya pericia deja bastante que desear, a tenor de los hechos. Segunda cuestión.
Ceuta y Melilla son la frontera del resto de Europa. Como tal, Europa es, o debería ser, el centro de operaciones donde trasladar un problema que padecemos todos los países del sur y sobre el que hay que trabajar conjuntamente. Al menos, si realmente hay voluntad de empezar a resolver problemas. Tercera cuestión.
Ley de Extranjería o Ley de Ocurrencias. Una Ley elaborada en tiempos de Zapatero, en los que Rubalcaba ha tenido responsabilidad directa sobre el tema, con la suficiente ambigüedad como para que se produzcan situaciones en las que se puede hacer una cosa y la contraria. Por ejemplo, en el caso específico que nos ocupa, es perfectamente legal brindar una serie de servicios al inmigrante que consigue entrar (asistencia jurídica gratuita, traductor y posibilidad de solicitud de asilo político), a la vez que se le puede devolver inmediatamente a Marruecos, en virtud del Acuerdo sobre Circulación de Personas, el Tránsito y la Readmisión de Extranjeros Entrados Ilegalmente, que mantienen España y Marruecos desde 1992. Una normativa a la que se le dio una vuelta de tuerca en 2012, ante la dificultad con la que se encuentra España para que se cumpla este acuerdo. Cuarta cuestión.
¿Qué se puede hacer para que la Ley y los acuerdos se cumplan, más allá del momento? El primer paso es unificar acuerdos y artículos en uno solo dentro de la Ley, donde se marque clara y meridianamente el protocolo específico en todo el proceso de llegada, acogida y posterior devolución, de tal manera que un paso lleve a otro y éste al siguiente, sin tener que echar mano de diferentes fórmulas que solo generan ambigüedad legal. Una ambigüedad que aprovechan las organizaciones que se lucran con el tráfico de gente.
Este artículo de la Ley debe delimitar con claridad la responsabilidad, funciones y objetivos de todos los actores implicados: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben recibir instrucciones precisas, asumiendo que su objetivo es velar por la seguridad y por el cumplimiento de la Ley, combinando humanidad y firmeza, porque una cosa no está reñida con la otra; las organizaciones no gubernamentales que operan en la zona deben recibir también preceptos claros sobre el desempeño de su labor humanitaria, atención y asesoramiento, vinculando su sostenimiento económico a parámetros comprobables de eficacia; el artículo debe clarificar el papel que deben desempeñar los países implicados en la devolución y readmisión de sus compatriotas y trabajar con ellos todos los pormenores.
También en este aspecto se debe vincular la ayuda oficial a los países de origen y a Marruecos, a su efectividad en el control de las fronteras. Es necesario mejorar la capacidad de devolución, con total y plenas garantías, pero no exenta de firmeza. La falta de colaboración es patente y esto se traduce en que el problema está donde estaba al principio.
El segundo paso es trabajar con el resto de socios del sur, primero, con el fin de que la normativa sea igual para todos, para llegar a Bruselas con propuestas. Porque ese debe ser uno de los objetivos del grupo de trabajo que, con buen criterio, trata de mejorar la Ley actual: la elaboración de una Ley de Extranjería común, que incluya las particularidades de cada país y delimite la responsabilidad de cada uno, dentro y fuera de Europa.
No es momento de leyes ocurrentes, ambiguas e ineficaces. España no puede descuidar la seguridad de sus fronteras, por el bien de europeos e inmigrantes, que se merecen llegar y disfrutar del mundo mejor que buscan con plenas garantías de que Europa no es un bonito sueño al que se llega y se permanece al albur del capricho o de la conveniencia de unos pocos. La relación con nuestros vecinos debe ser fluida, cordial a la vez que firme. España debe implicar al resto de los países que forman la frontera sur de Europa y a la UE porque nuestros socios europeos no pueden seguir opinando esporádicamente sobre el tema, sin datos objetivos, sin implicarse política y económicamente, haciendo suya la máxima de que "una buena defensa es un buen ataque". Los que sigan encizañando con el único objetivo de arañar unos votos en clave demagógica, cuando antes han tenido oportunidad de mejorar las cosas, están en su derecho de hacerlo, pero… España no puede perder más tiempo con ellos.