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“Guerra jurídica” contra la Fuerza Aérea

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Hace algunos años, la existencia de un frente de guerra adicional en nuestro conflicto, y que se vale sobre todo de canales jurídicos internos y externos, era ignorada y despachada como una delirante obsesión de algunos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los colombianos nos hemos dado cuenta de que las organizaciones terroristas de nuestro país practican, en combinación con sus tradicionales métodos de guerra, una estrategia consistente en debilitar al enemigo (en este caso el Estado y la sociedad) valiéndose de argucias jurídicas tendentes a sacar del camino a los comandantes militares más efectivos en la lucha antiterrorista. Esta estrategia llegó a cobrar tal importancia que incluso se ha convertido en un auténtico frente de guerra en el cual la sociedad y el Estado han caído con pasmosa facilidad.

La estrategia de guerra jurídica se basa en dos pilares fundamentales, los cuáles por sí mismos deberían constituir un motivo de reflexión para la comunidad mundial. En primer lugar, los derechos humanos son el único ámbito en donde no se aplica el principio universal de que nadie puede ser señalado como criminal sin haber sido juzgado de forma imparcial, oído en descargos y condenado. La mayoría de ONG promotoras de los derechos humanos, actuando tal vez de buena fe, reciben acusaciones que no verifican, basadas en testimonios que no investigan ni corroboran, y proceden con extrema celeridad a señalar a personas como violadores de los derechos humanos, exigiendo que estas sean retiradas de sus funciones. Tales señalamientos tienen una resonancia mundial, y la honra del afectado, a quien no se le brinda la más mínima oportunidad de defenderse, queda para siempre arruinada tanto dentro como fuera de su país.

El segundo pilar sobre el que se basa esta estrategia es más político. Muchas de estas ONG acogen sin verificar las acusaciones de los grupos de izquierda, al tiempo que prestan oídos sordos a cualquier reclamo hecho contra personas de filiación izquierdista. No en vano ha sido imposible lograr una acusación internacional contra Fidel Castro similar a la que procedió contra Pinochet. Lastimosamente, para muchos “defensores de derechos humanos”, los actos violatorios de estos derechos no son crímenes si son cometidos por la izquierda.

Durante más de tres décadas, los grupos terroristas colombianos se han valido de estos factores para atacar a su contrario, con un éxito sorprendente y lamentable. No pretendo decir, por supuesto, que los militares deban ser inmunes ante cualquier acusación, pero sí debe aplicarse en sus casos los principios universales de debido proceso y derecho a la defensa. Y antes de que un comandante militar –que es una persona y un ser humano con todos sus derechos– sea retirado de sus funciones, debe haber una comprobación plena y satisfactoria, emanada de un proceso con todas las garantías, de que esta persona obró de forma inapropiada. Lamentablemente, el gobierno de Estados Unidos, que es el principal aliado de la sociedad colombiana en su lucha contra el terrorismo, se convierte frecuentemente en instrumento fácil de la guerra jurídica.

Al momento de escribir esta nota todo parece indicar que el siguiente objetivo de la “guerra jurídica” será el general Héctor Fabio Velasco, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Esto no sería nada extraño. Durante los últimos cinco años, la Fuerza Aérea ha sido la punta de lanza de la ofensiva gubernamental contra los grupos terroristas. Gracias a su notable desempeño, estos grupos tuvieron que abandonar su pretensión de llevar el conflicto al terreno de la guerra regular. Gracias a la Fuerza Aérea se han frustrado centenares de acciones terroristas y se ha traído tranquilidad a regiones en las cuales los civiles vivían bajo una permanente zozobra. Para el experto Joaquín Villalobos, ex comandante de la guerrilla salvadoreña, la Fuerza Aérea colombiana es una pieza clave en el actual debilitamiento de la guerrilla, a la que ve en un franco declive.

No sería extraño, entonces, que los grupos terroristas, incapaces de superar en el terreno de combate a la Fuerza Aérea, hayan decidido ahora atacarla a través de su aparato de guerra jurídica y política. Pero tal vez en este caso no tengan tanto éxito. El general Velasco goza de una inmensa popularidad entre los colombianos y en el caso en el que se le quiere acusar son evidentes los montajes y las falsificaciones.

© AIPE
Andrés Mejía-Vergnaud es director general del Instituto Desarrollo y Libertad de Bogotá

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